El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a lanzar un dardo envenenado al Gobierno, con el que -no es ningún secreto- ha mantenido sonadas diferencias durante los últimos tres años. José María Marín Quemada le ha reclamado este martes que dote a este organismo de las mismas atribuciones que tienen otros homólogos europeos, entre las que se encuentran las relativas a la fijación de los peajes eléctricos y las relacionadas con la gestión del espectro radioeléctrico. Marín Quemada ha dejado entrever que la actual situación es anómala, de ahí que haya pedido que se solucione.
Las palabras del representante de la CNMC se producen pocos días después de que el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto que arrebatará al regulador varias competencias relacionadas con los sectores de la energía y las telecomunicaciones. Entre las funciones que realizará a partir de ahora el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital se encuentran las de “control, inspección y sanción en materia energética”, así como las de “aprobación de tarifas, precios de productos energéticos y peajes, cánones, cargos, así como la retribución de las actividades llevadas a cabo en el marco del sector energético”.
Marín Quemada ha reclamado en varias ocasiones al Ejecutivo que otorgue al regulador el control sobre los peajes eléctricos y el espectro radioeléctrico, lo que evitaría, entre otras cosas, que las decisiones políticas afectaran a la factura de la luz y a la concesión de frecuencias a compañías de telecomunicaciones y televisiones privadas. Lejos de atender a estas peticiones y, por sorpresa, el Gobierno decidió el pasado viernes 13 de octubre limitar todavía más el campo de actuación de esta institución.
En este sentido, el presidente de la CNMC ha recordado que España se enfrenta a posibles sanciones de la Comisión Europea por incumplir dos directivas sobre el mercado interno de electricidad (Directiva 2009/72/CE) y gas (Directiva 2009/73/CE). La UE inició en 2016 acciones jurídicas contra el país, entre otras cosas, por haber “transpuesto incorrectamente algunas disposiciones sobre la independencia de la autoridad nacional de reglamentación”. El asunto está actualmente “en manos del comisario de Energía”, ha precisado.
Factura de la luz
Marín Quemada ha adelantado que su organismo estudiará recientemente el importante encarecimiento del mercado de ajuste del sistema eléctrico que tuvo lugar este lunes por la tarde (61,7 euros por KWh), durante aproximadamente dos horas. A su juicio, se debió a las “condiciones climatológicas adversas actuales”, pero, no obstante, ha incidido en que el regulador analizará los factores que llevaron a esa subida puntual del coste del precio de la electricidad.
Estas declaraciones las ha realizado durante una jornada que la CNMC ha organizado con motivo del décimo aniversario de la aplicación de la Ley de la Competencia en España. En la primera mesa redonda de la mañana, ha participado el director general de Competencia de la Comisión Europea, Johannes Laitenberger, así como os presidentes de los reguladores de Francia, Portugal y Países Bajos.
Entre los ponentes, ha habido consenso a la hora de designar a la nueva economía digital como uno de los principales retos a los que se enfrentan actualmente estos organismos.
El mundo evoluciona a una gran velocidad y las nuevas tecnologías han provocado el surgimiento de nuevas formas de negocio que, en ocasiones, han puesto en riesgo la competencia en los mercados (caso Google). En este contexto, los participantes en la mesa redonda han considerado necesario que estos organismos tengan cada vez una mayor capacidad de reacción. “En el ecosistema digital es fundamental moverse rápidamente, pues es muy cambiante”, ha afirmado el responsable del Board of the Netherlands Authority for Consumers and Markets, Chris Fonteijn.
No hay que olvidar que, desde su fundación, la CNMC ha trabajado para intentar establecer una serie de directrices que regulen la conocida como 'economía colaborativa', que surgió a partir de empresas tecnológicas que ofrecen servicios de alojamiento o de transporte urbano e interurbano, lo que, evidentemente, ha afectado a sectores como el hotelero o el del taxi.
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