El Ministerio del Interior presupuestó en un primer momento 3 millones de euros para comprar mascarillas quirúrgicas y FFP2. El equipo del ministro Fernando Grande-Marlaska tuvo que aumentar esta cifra hasta los 4,6 millones por “la inestabilidad de los precios en el actual mercado”. Una partida de la que 3,5 millones se destinaron a comprar material a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, la pyme que le recomendó el Ministerio que dirigía José Luis Ábalos y sobre la que órbita la trama del conocido ‘caso Koldo’.
“El gasto inicial previsto, en materia de adquisición de mascarillas (quirúrgicas y FFP2) era de 3.000.000 euros”, explica el contrato público firmado el 26 de abril de 2020 entre el Ministerio del Interior y Soluciones de Gestión. “La actual demanda de mascarillas del tipo FFP2, cuantificada numéricamente en al menos 1.500.000 de nuevas unidades, y sometida a la inestabilidad de los precios en el actual mercado, ha incidido en la disposición económica inicial de forma que ha sido necesario disponer de una cantidad de dinero adicional, estimada en 4.674.000 euros, para lo cual se ha ampliado la resolución de emergencia inicial por resolución del Secretario de Estado, de fecha 13 de abril de 2020”, añade.
La adjudicación afirma que en esos 4,6 millones de euros “se encuentran incluidos todos los impuestos inherentes a la contratación del material suministrado”. El Ministerio, dada la escasez de material disponible en el mercado en ese momento y las dificultades para su transporte, recurrió a los expedientes de emergencia para comprar tanto mascarillas como guantes de nitrilo “mediante la tramitación de expedientes de libramiento de fondos con carácter ‘a justificar’”, expone en su contrato.
Marlaska quería para su equipo un total de 1,5 millones de mascarillas, de las que 1,06 millones se entregaron por parte de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas en los momentos más duros de la pandemia. Un contrato que en abril de 2020 adelantó Vozpópuli y que volvía a implicar al ‘proveedor de confianza de Ábalos’. Según explica entonces fuentes cercanas al Gobierno de Marlaska a este medio, la elección de este proveedor se produjo por recomendación del Ministerio de Transportes: era el proveedor que había proporcionado material sanitario a ADIF y Puertos del Estado.
Desde el Ministerio del Interior apuntan a Vozpópuli que en este contrato "todo es legal y fiscalizado por Hacienda y el Tribunal de Cuentas". Desde el equipo de Marlaska recuerdan que "en aquel momento había que conseguir material para más de 200.000 personas de servicios esenciales: Policía, Guardia civil e Instituciones Penitenciarias ( funcionarios y presos). Policía y Guardia Civil estaban en la calle y tenían que estar protegidos". El ministro Fernando Grande-Marlaska explicará este miércoles en la interpelación los detalles de este contrato del pasado mes de abril 2020 que cerró su Ministerio.
El equipo de Marlaska y el administrador de Soluciones de Gestión
Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, la pyme en medio del ‘caso Koldo’, tenía entonces como administrador único a José Ángel Escorial Senante, un empresario que figura en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que investigó los Papeles de Panamá, supuestamente por tener empresas offshore en Malta.
Escorial Senante es el encargado de rubricar el contrato con la Secretaría de Estado de Seguridad -que forma parte del Ministerio del Interior- para la venta del material sanitario por un valor total de 3,5 millones de euros. Una empresa que, según la Fiscalía Anticorrupción, estaría controlada por los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama. Dos empresarios con los que conectó Koldo García, asesor de Ábalos, para abrirles las puertas en sus ocho contratos públicos por valor total de 53 millones de euros.
Intercambio de mascarillas
Fuentes cercanas al equipo de Marlaska explicaron en 2020 a Vozpópuli que con Transporte existía un acuerdo para el acopio de material sanitario. En los primeros compases de la crisis, cuando el mercado internacional era más convulso y era difícil adquirir material sanitario, Transportes se ofreció a prestarles un millón de mascarillas que había comprado a través de uno de sus proveedores. El préstamo estaba condicionado a que Interior comprase un lote idéntico a la misma empresa cuando tuviera cubiertas sus necesidades y que lo entregase al ministerio de José Luis Ábalos, siempre siguiendo las mismas fuentes.
Esa empresa era Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. El contrato con la Secretaría de Estado de Seguridad entró en vigor el 1 de abril de 2020, aunque el acuerdo de adjudicación no se rubricó hasta el día 20 de ese mismo mes. Fuentes oficiales consultadas por este diario aseguraban que el estado de alarma permitió suscribir la compra de material por medios informales y redactar posteriormente en un contrato. La formalización no se hizo pública hasta el 21 de mayo de 2020. Ahora, cuatro años después, el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, tiene en el foco este y siete contratos más con el proveedor de confianza.
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