Los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro, y Pío Cabanillas, se han negado a firmar las cuentas del ejercicio pasado de Codere.
La familia fundadora del grupo español de juego, y el exministro del Gobierno de José María Aznar, que se sienta también en el consejo de Codere en representación de los Martínez Sampedro, libran una dura batalla contra los fondos que controlan la mayoría del capital y que en enero de 2018 retiraron de la presidencia y vicepresidencia del grupo a los hermanos Martínez Sampedro.
Los fondos Prudential y Silverpoint son los mayores accionistas de Codere, con algo más del 20% del capital cada uno. Las sociedades de inversión que lideran el accionariado de la multinacional española adquirieron sus actuales participaciones a raíz de la reestructuración emprendida por el grupo en 2014, cuando fue declarado en preconcurso de acreedores.
Codere informa de un gasto millonario, de difícil justificación, por el asesoramiento legal que está recibiendo en los procesos contra los Martínez Sampedro
La familia Sampedro, que aún controla el 18% del capital, sostiene que la toma del control de Codere por parte de los fondos supone concertación, y que deberían haber lanzado una opa sobre el 100% del capital, al superar conjuntamente el 30% (umbral a partir del cual es obligatorio el lanzamiento de una oferta por la totalidad de las acciones).
Los fundadores de Codere iniciaron el pasado año acciones legales en Madrid, París y Estados Unidos contra los fondos estadounidenses, y, al igual que este año, se negaron a firmar las cuentas de la empresa del ejercicio 2017 sosteniendo que no se les había permitido el acceso a determinada información requerida.
Gasto millonario en abogados
Codere está asumiendo un gasto millonario, difícilmente justificable, por el asesoramiento legal que está recibiendo en su enfrentamiento contra los Martínez Sampedro.
La compañía informa en su último informe financiero anual que los gastos de explotación alcanzaron el pasado año los 10,5 millones de euros, 7,6 millones más que en 2017, debido "fundamentalmente al aumento de los gastos derivados del asesoramiento jurídico asociado a los procesos de impugnación de acuerdos sociales y arbitraje principalmente".
El próximo mes de septiembre está previsto que se celebre juicio por demanda de impugnación presentada por los fundadores del grupo
La empresa, como publicó este diario, contrató al despacho estadounidense Boies Schiller Flexner en su contencioso contra la familia fundadora del grupo de juego, conocido por haber tenido como clientes, entre otros muchos, al exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, o a los sobrinos de la esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro.
En febrero de 2018 los hermanos Martínez Sampedro presentaron demanda de impugnación contra los acuerdos de la compañía que desembocaron en sus respectivos ceses. Está previsto que el juicio se celebre el próximo mes de septiembre.
El pasado mes de noviembre los expresidente y exvicepresidente del grupo iniciaron en Estados Unidos un proceso prejudicial, Discovery, mediante el que tratarán de demostrar que los fondos estadounidenses ejercen un control de hecho sobre la compañía sin haber lanzado una Opa.
Codere insiste en su último informe financiero anual, que las pérdidas de explotación registradas en 2018, de 10 millones de euros, frente al beneficio de 177 millones en 2017, se debe a esos gastos de asesoramiento financiero, y también a la reversión de la provisión de la participación en empresas del grupo.
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