El Gobierno gana tiempo para rendir cuentas a Bruselas por los rescates a empresas. La Comisión Europea (CE) ha alargado seis meses -hasta junio de 2022- el periodo para conceder ayudas directas a entidades privadas dañadas por la crisis que ha acarreado la pandemia, y con él también se extiende el plazo que los países tienen para informar sobre las decisiones adoptadas en este asunto.
El Marco Temporal relativo a las ayudas estatales, que debía expirar el 31 de diciembre de este año, recoge la obligación que tienen los Estados miembros de facilitar a la Comisión una lista de todas las medidas aplicadas sobre las directrices aprobadas por Bruselas en marzo de 2020, cuando decidió abrir la mano con la entrada "transitoria" de los Estados en el capital de compañías privadas a través de la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento convertible en capital.
Este listado debía estar sobre la mesa de las autoridades comunitarias antes de que acabara el año; pero ahora, con la extensión del acuerdo, los países tendrán de plazo para presentarlo hasta el 30 de junio de 2022, según consta en el documento. Hasta entonces, sólo tendrán que notificar particularmente aquellos rescates que superen los 250 millones de euros, necesitando el visto bueno de la CE para aprobarlos.
El Ejecutivo Comunitario también obliga a los países a mantener "registros detallados" de todas las ayudas que les permitan demostrar la legalidad de las mismas si fuera necesario. Estos registros deben conservarse durante 10 años a partir de la concesión de la ayuda y facilitarse a la Comisión cuando ésta lo solicite. Además, Bruselas añade que "podrá solicitar información adicional sobre la ayuda concedida para comprobar si se han cumplido las condiciones establecidas".
Rescates por 11.000 millones
El Gobierno está rescatando empresas a través de dos fondos diseñados 'ad hoc' durante la crisis sanitaria. El primero está destinado a grandes compañías consideradas "estratégicas" para la economía española, dotado con 10.000 millones de euros y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda.
Con cargo a este fondo creado en julio de 2020, el Ejecutivo concedió 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, un polémico rescate que no pasó por la supervisión de Bruselas al no superar la cuantía mínima y que ya está siendo investigado por la Justicia española por su dudoso carácter estratégico, destapado por Vozpópuli.
Además de este, se han concedido otros siete rescates y ninguno ha tenido que pasar por Bruselas, al haber troceado en distintos préstamos los que superaban la cuantía de 250 millones. Las beneficiarias hasta ahora son Air Europa (475 millones), Ávoris (320 millones), Duro Felguera (120 millones), Hotusa (241 millones), Tubos Reunidos (115 millones), Rugui Steel (25 millones) y Airtificial (34 millones).
El Gobierno ha lanzado otro fondo de 1.000 millones para pymes que todavía no ha rescatado a ninguna empresa
Tras la polémica generada con la ayuda concedida a Plus Ultra el pasado mes de marzo, el fondo de la SEPI estuvo paralizado durante meses, lo que ha provocado que haya decenas de empresas esperando a acceder al fondo. De momento, el listado de ayudas repartidas se conforma de ocho rescates y 1.380 millones en cerca de un año y medio que lleva activo el mecanismo dotado con 10.000 millones de euros.
Además, España ha lanzado otro fondo de 1.000 millones de recapitalización de pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de Cofides. La sociedad estatal también trabaja a contrarreloj para efectuar los rescates, pues a día de hoy todavía no ha concedido ni un euro. Por esa razón, el Gobierno había solicitado a Bruselas una prórroga del plazo hasta al menos junio de 2022, tal y como avanzó este medio.
Finalmente, la Comisión ha concedido esta prórroga para lograr "una supresión gradual y coordinada de las medidas de crisis, sin efectos negativos bruscos", según ha señalado la vicepresidenta comunitaria de Competencia, Margrethe Vestager. No obstante, ha aclarado que seguirán supervisando la evolución del virus y otros riesgos para la recuperación económica por si fueran necesarias medidas adicionales.
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