Sigue ocurriendo y sin freno alguno. La última crisis ha vuelto a engordar el empleo público mientras continúa sin recuperarse el privado. Desde la gran recesión iniciada a finales de 2007 con la crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria, las Administraciones se han convertido en el refugio de la ocupación en España. Según los datos de la última EPA del tercer trimestre de 2022, por primera vez el sector público acumula más de 3,5 millones de empleados mientras que el privado se sitúa en los 17 millones, muy lejos de las cifras de hace 15 años. El saldo que sale, pese al elevado déficit y el triple de deuda pública, es que ahora hay 516.000 trabajadores públicos más que en 2007 mientras que el sector privado todavía tiene 724.000 ocupados menos, pese a disponer de peores condiciones laborales y salariales.
De esta forma, en 2022 hay un 17% más de empleados en las Administraciones respecto al inicio de la gran crisis y a la vez un 4,1% menos en las empresas privadas. Lo que evidencia que la economía de libre mercado en España no genera más empleo en el sector privado, ya que se han volatilizado muchos puestos como consecuencia en parte del cambio tecnológico; también por la deriva del sector de servicios hacia trabajos de baja calidad, dónde gran parte del empleo existente se reparte en contratos a tiempo parcial (fijos y temporales) o en la nueva versión de fijos discontinuos.
Mientras, cada vez es mayor la presencia del intervencionismo de las Administraciones en la economía aumentando su representación en el PIB (por encima del 17%) y los partidos centran sus esfuerzos en incrementar las nóminas públicas sin realizar reforma alguna de las estructuras de las plantillas a pesar de la importante inversión tecnológica realizada y el incremento de la participación directa de los ciudadanos (a través de la Ley de Modernización de las Administraciones) en todos los procesos administrativos. Por ejemplo, la contratación necesaria de más personal sanitario no se ha solapado con la modificación de otros puestos sin sentido ni valor añadido.
La diferencia entre la creación de empleo en las Administraciones, que genera gasto estructural, y el privado se puede observar desde que hay series estadísticas. Por ejemplo, desde la instauración democrática (primer Gobierno de Adolfo Suárez en 1977) hasta el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, la ocupación pública ha aumentado un 155% (hace 45 años sólo había 1,3 millones de nóminas y ahora hay 2,3 millones más), mientras que la privada ha crecido un 52% (en 1977 había 11,2 millones de empleados y ahora llega a esos 17 millones frente a los 17,7 millones de 2007). Por tanto, en las Administraciones se ha creado porcentualmente tres veces más empleo que en las empresas durante estos años.
La última crisis derivada de la pandemia, y la de origen inflacionista actual, ha vuelto a acelerar el contador del empleo público hasta registrar un nuevo récord, mientras que la ocupación del sector privado no cesa en dar tumbos y sigue sin recuperar los mejores niveles de otras épocas. Así, desde el cuarto trimestre de 2019 (periodo previo a la pandemia), la contratación pública ha crecido un 7,8% mientras que en el sector privado se ha situado en el 1,9%. Es decir, la ocupación pública ha crecido cuatro veces más que en las empresas durante este periodo.
Hay un 17% más de empleados en las Administraciones respecto al inicio de la gran crisis y, a la vez, un 4,1% menos en las empresas privadas
Siempre ha sido así. Por ejemplo, entre el cuarto trimestre de 2008 y el primero de 2009 (en los momentos más duros para el empleo durante la primera recesión) desaparecieron 1,3 millones de ocupados privados mientras que en el sector público se crearon más de 40.000. Precisamente en 2008, con el PSOE en La Moncloa, las Administraciones acumularon por primera vez tres millones de empleos, cifra que llegó a 3,3 millones en 2012 en plena segunda recesión. La cifra descendió en los años posteriores hasta los 2,9 millones (la misma que había al inicio de la gran depresión) como consecuencia de la decisión del PP de no cubrir las plazas de quienes se jubilaban. Pero ni un solo despido ni un ERE se produjo en el sector público pese a que la reforma laboral de 2012 de Mariano Rajoy facilitaba esta opción, que, por cierto, ha suprimido Sánchez en la última reforma que ha entrado en vigor este año.
Desde 2014 comenzó de nuevo la escalada de las nóminas y en 2016 el empleo público llegó de nuevo a superar la cota de los tres millones, manteniendo desde entonces un imparable ascenso. Mientras, en el sector privado la ocupación se situó en 2016 en 15,5 millones de ocupados, es decir, 2,2 millones menos que al inicio de la gran crisis. Esta cifra se ha recuperado parcialmente hasta ese agujero existente aún de 724.000 ocupados menos. De esta forma, mientras que en 2007 el 86% de los ocupados en España estaba en el sector privado y el 14% en el público, ahora la proporción ha variado: el 83% es privado y el 17% es público.
Sánchez se ha convertido en el presidente de Gobierno con quien más ha crecido el empleo público y en menos tiempo. Desde que llegó a La Moncloa en 2018, ha crecido un 11% (en 339.000) mientras que en privado ha aumentado un 4,8%.
Funcionarios en las CCAA
Por Administraciones, las comunidades autónomas son las que más efectivos disponen (ya han sobrepasado la barrera de los dos millones), como consecuencia de disponer de las transferencias de sanidad y educación y de su crecimiento durante los años de la pandemia sin que hayan realizado modificación alguna de la estructura administrativa de otros departamentos para atender la incesante demanda que continúa de estos y otros nuevos servicios. El crecimiento de las plantillas de los gobiernos regionales desde 2007 ha sido del 29,3% (468.000). Pero, también han crecido un 8,1% las nóminas de los ayuntamientos (53.000 más en los últimos años) hasta los 706.000 empleados y un 2,3% ha subido (12.000 trabajadores más) en la Administración Central, hasta superar con creces el medio millón.
Todo esto supone que el gasto en nóminas públicas también crece tres veces más que en el sector privado y que por primera vez los Presupuestos Generales del Estado, los de las autonomías y de los ayuntamientos tendrán que habilitar cerca de 155.000 millones de euros en 2022 para hacer frente a la ingente bola de nieve, que se acentuará con la proximidad de las elecciones en todos los ámbitos, en que se ha convertido la masa salarial de sus empleados comiéndose ya casi dos tercios del conjunto de los ingresos tributarios. Esta cifra representa más de una cuarta parte del gasto consolidado total de las Administraciones (incluyendo el pago de las pensiones) y representa más del 14% del PIB, una estadística jamás conocida.
El crecimiento de este gasto, que drena liquidez para poder realizar otras actuaciones que activen la económica, no tiene límites. Por ejemplo, cuando empezó la gran depresión, el coste de personal público era de 107.000 millones (en 2022 habrá aumentado en 48.000 millones más). Lo que significa que, a contracorriente de la realidad económica, el incremento en los últimos 15 años alcanza el 45%.
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