Quien perdona deudas sin motivos absolutamente justificados emite un mensaje nocivo para los que deben dinero y, sobre todo, para quienes lo prestan. La condonación de 15.000 millones a Cataluña -pactada con ERC- y la creación de una Hacienda catalana -recién acordada con Junts- tiene un impacto profundo, que va más allá del roto generado a las cuentas del Estado. Desde lo micro a lo macro.
Empezando por lo segundo, el perdón de la deuda por razones estrictamente políticas pone en guardia a ese ente abstracto e inabarcable que conocemos como mercados. Los grandes inversores son los que marcan el rumbo de la prima de riesgo. La anterior crisis financiera dejó clara la importancia de ese indicador. El diferencial del bono español se mantiene en el rango de los 105-110 puntos, sostenido aún por la reinversión en deuda del Banco Central Europeo (BCE). El problema es que el banco afincado en Fráncfort está en retirada y España quedará pronto desnuda ante los mercados.
Ofrecerá la imagen de una economía que ha sumado 334.000 millones de deuda pública en la última legislatura, con un Gobierno que repetirá, seguramente, en la siguiente; y que se estrena con el perdón de más facturas: los mencionados 15.000 millones y otros 1.300 millones en intereses a Cataluña, más el compromiso de condonar deudas a otros gobiernos que deben dinero al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para compensar la cesión a la Generalitat.
La medida servirá para aligerar la carga a Ejecutivos que han sacado partido de este mecanismo excepcional, como la Comunidad Valenciana (46.000 millones) o Andalucía (25.000 millones). Nada comparables, en cualquier caso, con el Govern catalán, que ha acaparado el 40% del dinero del FLA en los últimos 18 meses y que debe más de 70.000 millones.
En el otro extremo está la Comunidad de Madrid, que no ha pedido ni un solo euro de este fondo. Ha podido financiarse directamente en los mercados, porque ha mantenido saneadas sus cuentas. Es lógico el enfado del equipo de Isabel Díaz Ayuso, a la vista de que otras autonomías no han hecho los deberes, pero verán condonada parte de su deuda. Ser buen pagador no ha tenido, esta vez, la consecuente recompensa.
Todo el dinero perdonado a los beneficiarios del FLA sumará números rojos para el Estado. La patronal madrileña CEIM, liderada por Miguel Garrido, advirtió este miércoles de que la medida acabará provocando subidas de impuestos y afectará al crecimiento económico de España. Este jueves, tras conocerse el pacto con Junts, CEOE lanzó un comunicado escueto para mostrar "la grave preocupación existente en el mundo empresarial".
Objetivo: 'recuperar' La Caixa
El próximo lunes, el Comité Ejecutivo se reunirá en un consejo extraordinario para abordar las consecuencias del acuerdo de gobierno. En la patronal ya son conscientes de la presión que las fuerzas independentistas ejercerán sobre algunos de sus 'asociados'. El gran objetivo es que CaixaBank, Naturgy o Banco Sabadell devuelvan sus sedes a Cataluña.
De todo ello son conscientes los otros grandes financiadores de la economía española: nuestros socios europeos. El perdón de deudas disgusta sobremanera a las naciones 'frugales' del norte, con Alemania, Austria o Países Bajos a la cabeza. Son sus gobiernos los que están empujando para que la Eurozona recupere ya las reglas fiscales, para que los más deudores se aprieten el cinturón (España lleva 16 años incumpliéndolas).
Son esos mismos países los que pusieron pegas en 2020, cuando la UE negoció las ayudas multimillonarias para la recuperación, por el temor al desempeño de los vecinos 'manirrotos'. España e Italia son los 'sospechosos habituales', por el nivel de deuda y por ser los que más fondos europeos recibirán. Es obvio, por tanto, por qué la condonación de la deuda a Cataluña no es demasiado entendible en Berlín.
Trato de favor a Cataluña
Las pleitesías con los partidos independentistas, el trato de favor, acarrean, además, un impacto a otra escala. En España, hay casi tres millones de pymes, de las cuales 1,3 millones son 'microempresas', con plantillas de menos de nueve trabajadores. También hay 3,3 millones de autónomos. Sobre ese tejido de la economía ha impactado con especial fuerza la subida récord de los tipos de interés.
Según el Banco de España (lo hemos contado en Vozpópuli), en el tercer trimestre se ha disparado un 42% el número de empresas en apuros. Es decir, con grandes dificultades para afrontar el incremento de los costes. Al igual que los grandes inversores o que nuestros socios frugales del norte, es lógico que esos empresarios y autónomos apurados encajen con poca deportividad el perdón político de deudas.
El sentimiento es compartido por millones de hogares endeudados, que soportan la carga creciente de la hipoteca o el peso de la inflación en la cesta de la compra. El malestar social tiene sus raíces lógicas.
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