La Unión Europea sigue dando pasos para reformar la manera en la que se produce, distribuye y consume la electricidad. Un urgencia generada por la crisis energética y el descontrol de los precios de la luz que desató la invasión rusa de Ucrania. La tarea no es sencilla. La Comisión Europea, el Consejo de la Unión y el Parlamento deben poner de acuerdo a los miembros de los 27 para transformar un negocio estratégico y con muchos intereses en cada país. Por ello, cada pequeño avance de la reforma es relevante.
Este jueves, el Parlamento Europeo ha dado luz verde definitiva a Nicolás González Casares, el eurodiputado que lidera este asunto en la Eurocámara bajo su papel de ‘ponente portavoz’ y que es miembro del PSOE. Esa ‘luz verde’ quiere decir que, tras acordar una posición común en la Comisión de Industria y Energía del Parlamento, ahora toda el Parlamento le autoriza para que empiece a negociar con el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, los famosos ‘trílogos’ que se necesitan para aprobar medidas de esta magnitud.
Casares, eurodiputado socialista cercano al Gobierno español, defendía este jueves ante el Parlamento su plan de reforma tras cerrar un pacto en julio con el Partido Popular Europeo, Renew y Los Verdes. El PP tenía como portavoz alternativa en esta reforma a la portuguesa Maria da Graça, quien tiene en su equipo en este cambio legislativo a la exministra española Pilar del Castillo.
Nicolás González Casares ve clave este paso del Parlamento. El eurodiputado considera que esta reforma del mercado “contiene respuestas a las demandas ciudadanas expresadas durante la crisis energética: refuerzo de la protección de los consumidores, nuevos derechos, como el derecho a compartir la energía, una mejor regulación de los instrumentos de financiación y contratación, como los contratos por diferencias o los contratos de compraventa de electricidad (PPA), y un impulso al desarrollo de redes eléctricas”.
En resumen, los representantes europeos buscan proteger a los consumidores de la volatilidad de los mercados a corto plazo, dar estabilidad para la inversión y mantener la seguridad del suministro de electricidad en los países miembros. Unos objetivos donde hay grandes intereses detrás en cada país y donde es difícil alcanzar puntos comunes.
Las empresas apoyan el acuerdo
También las grandes eléctricas reclamaban esta ‘luz verde’ parlamentaria. Eurelectric, patronal europea que aglutina a empresas como Iberdrola o Enel, consideraba que la propuesta de González Casares, aunque no es perfecta a su gusto, apuntan que va en la dirección correcta.
La bola está ahora en el tejado del Consejo de la Unión Europea, presidido hasta el 31 de diciembre por España. Concretamente, la ministra en funciones, Teresa Ribera, liderará una nueva reunión en octubre con los ministros de Energía de la UE para cerrar un acuerdo y sentarse en el trílogo.
El problema es que el Consejo está muy dividido en tres bandos: España con los defensores del pacto actual, Alemania pide mejor trato a las centrales térmicas de carbón y, los más ruidosos, Francia.
La resistencia francesa
La votación del Parlamento Europeo de este jueves deja una buena noticia y otra mala. Por un lado, aquellos que quieren reformar el mercado eléctrico antes de las elecciones europeas de junio ven otro pequeño paso a su objetivo.
Por otro, Francia y sus eurodiputados evidencian que no lo van a poner fácil hasta que consiga respaldo a la financiación para la construcción de nuevos reactores nucleares y la extensión de la vida útil de los existentes.
El eurodiputado francés Christophe Grudler, del partido al que están afiliados Macron y Ciudadanos (Renew Europe), intentó hasta el último segundo frenar esta ‘luz verde’ para que el mandato de Nicolás González tuviera ese respaldo a las nucleares. Su enmienda fue insuficiente, pero logró el 35% de los votos. Un respaldo que deja la puerta abierta a que el objetivo francés siga siendo el gran riesgo para que la reforma salga adelante.
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