La denominada reforma energética, la batería de impuestos al sector para poner coto al déficit de tarifa que entrará en vigor a partir del año que viene, no contenta a casi nadie. Tampoco al otro lado de la frontera. En España, algunas eléctricas creen que las centrales eléctricas portuguesas (en especial, las de ciclo combinado) podrían contar con una ventaja competitiva al operar en el mercado ibérico de electricidad si quedan exentas del impuesto a la generación que se aplicará en España; en Portugal, esa posible asimetría puede beneficiar a algunas empresas (en especial, a EdP); pero también cunde el temor a que el usuario luso acabe pagando en su recibo el encarecimiento de los precios mayoristas de la energía, algo que prácticamente todos los expertos dan por hecho, al repercutirse buena parte de esos impuestos (los que se aplicarán a las tecnologías de generación tradicionales).
El secretario luso de Energía, Artur Trindade, ha anunciado esta semana, en una entrevista con el semanario Sol, que acudiría a una reunión con su homólogo español, Fernando Marti, para tratar el impacto del paquete de medidas fiscales. En principio, según Trindade, el encuentro estaba previsto para este miércoles, aunque según fuentes del Ministerio de Industria no se celebró.
Trindade recordó que el paquete de medidas fiscales al sector en España “todavía no se ha aprobado” (empieza ahora su trámite parlamentario) y será en los “detalles” donde se aprecie si impacta o no en los precios finales. Según Trindade, “todavía no se sabe si los operadores españoles van a trasladar al precio del mercado la totalidad o parte del impacto fiscal”, algo que la mayoría de analistas dan por hecho. No obstante, advirtió de que su país aplicará “medidas correctivas para minimizar los efectos negativos para los consumidores portugueses”.
No está claro que al gravarse la "incorporación" de energía se puedan penalizar las importaciones de electricidad
El impacto detallado de la reforma está por ver. De hecho, no está claro que las centrales portugueses vayan a librarse de la tasa lineal a la generación (del 6%) que se aplicará a partir de enero.
Algunas fuentes del sector interpretan que al añadirse al proyecto de ley que, además de a la producción, se gravará a la “incorporación” de energía al sistema, también se aplicará el gravamen a la electricidad importada desde Portugal.
Los analistas de Sabadell dan por hecho que así será, aunque, advierten, “la separación entre generadoras y distribuidoras en la compra de la energía en el mercado distorsiona la relación directa entre disponer de plantas en Portugal e importar electricidad de las mismas”. Otras fuentes ven difícil que se grave a la energía procedente de Portugal, porque la UE podría considerarlo un arancel ilegal. Para los analistas del luso Espirito Santo, gravar a los ciclos combinados portugueses desde España suscita “dudas respecto al marco legal de esta tasa sobre las importaciones en términos de la legislación europea”.
La preocupación lusa no atañe sólo a los ciclos combinados. También inquieta el sobrecoste que el denominado céntimo verde al gas tendrá para las importaciones de esta materia con tránsito en España. En concreto, el que la petrolera Galp introduce en Portugal a través del gasoducto que conecta Córdoba con Campo Maior, en la frontera con Extremadura.
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