Mercasa registró en 2017 pérdidas por importe de 7 millones de euros, frente a un beneficio de 0,9 millones en 2016, según las últimas cuentas individuales de la compañía pública que gestiona los mercados de abastos españoles (Mercamadrid, Mercabarna, Mercavalencia...). Se trata de las primeras pérdidas que registra la compañía pública dependiente de la Sepi (51%) y el Ministerio de Agricultura (49%), de acuerdo a fuentes cercanas al grupo, con medio siglo de vida.
Las pérdidas se producen en el ejercicio en el que saltó el escándalo de las presuntas comisiones ilegales pagadas por Mercasa en Angola, un caso que está siendo investigado por la Audiencia Nacional. Mercasa ha sido imputada por el juez José de la Mata, al frente también del caso Defex, con el que guarda alguna vinculación.
Mercasa constituyó en el año 2002 el consorcio Mercasa Incatema, en la que la sociedad privada Incatema Consulting poseía el 50% del capital. La sociedad se creó para la edificación de mercados de abastos en el extranjero. Como publicó este diario en noviembre de 2016, Mercasa Incatema tuvo en nómina en Angola al menos entre los años 2006 y 2014 a Guilherme Taveira, prófugo de la justicia española, al que pagó cifras millonarias por su intermediación en la construcción de un mercado de abastos en Luanda, capital del país africano.
La Guardia Civil registró el pasado año la sede de Mercasa en Madrid
De acuerdo a fuentes cercanas a Mercasa, el mercado de abastos de Luanda, en la actualidad, no es operativo, a pesar de que ha contado con un presupuesto de 285,5 millones de euros.
Taveira está en el punto de mira de las autoridades españolas por su vinculación con otro escándalo que ha afectado a otra compañía pública española, la empresa de armamento Defex. En 2014 la Guardia Civil detuvo a diez personas, entre ellas al expresidente de Defex, implicadas en una supuesta red de desvío de decenas de millones de euros de un contrato de la empresa pública española con Angola.
El juez De la Mata, recientemente, ha comunicado en un auto que ve indicios para juzgar a 27 personas investigadas, también a Defex como persona jurídica; María Dolores de Cospedal, como ministra de Defensa, comunicó el pasado año el desmantelamiento de Defex. En su auto, el juez ratifica orden de busca y captura e ingreso en prisión de Guilherme Taveira.
Mercasa no hace alusión alguna a su imputación por la Audiencia Nacional en su informe anual de 2017
El pasado mes de abril agentes de la Guardia Civil registraron la sede de Mercasa en Madrid y detuvieron a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Pablo González era director de Estrategia y Operaciones de Mercasa.
Las investigaciones en marcha provocaron la dimisión el pasado año de Eduardo Ameijide como presidente de Mercasa, entre otros directivos. En su lugar, la Sepi aprobó en junio de 2017 el nombramiento de David Martínez Fontano, con experiencia en puestos directivos de compañías privadas de distribución, como nuevo presidente.
Falta de transparencia
A pesar de que el caso Mercasa ha supuesto una total reestructuración en la cúpula de la compañía pública, y de que ha significado el mayor escándalo en la historia de la empresa, la compañía no alude en sus cuentas e informe anual, disponibles en la web de la sociedad, a su imputación en la Audiencia Nacional.
Tampoco ha hecho público todavía la empresa la minusvalía, en su caso, que se haya tenido que anotar por la venta de su participación en el consorcio Mercasa Incatema. Aunque la compañía comunicó el pasado año su salida de la sociedad conjunta, esta no ofreció el importe de la operación.
De acuerdo a las cuentas individuales de 2017 publicadas por Mercasa -8 folios- la compañía ingresó 14,6 millones, cuatro millones menos que en 2016. La empresa apunta un deterioro y resultado por enajenaciones de 4,5 millones (1,5 millones un año antes). El cobro de dividendos descendió desde los 9,8 millones a los 5,1 millones.
En las cuentas consolidadas, Mercasa informa de unas pérdidas de 27.000 euros en 2017 frente a un beneficio de 6,6 millones en 2016.
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