El mercado laboral español va a terminar por convertirse en un caso de estudio en las principales escuelas de negocios y universidades de todo el mundo. Sus singularidades han estado siempre en el punto de mira de las autoridades europeas desde nuestro ingreso el 1 de enero de 1986. Su actual vicepresidente, Valdis Dombrosvskis, no se cansa de repetir a cuantos miembros del Gobierno español se le han acercado que es necesario reducir su dualidad y bajar los altísimos niveles de desempleo juvenil.
Cada año se firman en España tantos contratos o más como población ocupada hay. Como si se renovara la base del mercado laboral año tras año. 2020 fue un ejercicio muy atípico por el parón instantáneo de la actividad económica que conllevó la extensión de la pandemia y la consiguiente declaración del Estado de Alarma a mediados del mes de marzo. A pesar de esas excepcionales circunstancias, se firmaron cerca de 16 millones de contratos.
En un año normal, se suscriben entre 20 y 22 millones de contratos, cuando el número de ocupados asciende a 19,6 millones de trabajadores, con datos de la primera mitad del año. Es como si cambiase la titularidad de los empleos de toda la población activa española (23 millones de personas) en un solo ejercicio.
No extraña a nadie que en los siete primeros meses del año 1.497.153 personas entraran por primera vez en paro y solicitaran el alta inicial en el Servicio Público de Empleo Estatal. Tampoco, que cerca de 7,5 millones hayan pedido la reanudación de la prestación contributiva por haber estado previamente cobrando ya sus derechos correspondientes en el SEPE en algún momento de su vida laboral. De esta cantidad, 3,858 millones son hombres y 3,611 millones, mujeres. Solo en el mes de julio solicitaron la reanudación de la prestación contributiva un total de 886.951 personas.
Cada año, se firman en España tantos contratos o más como población ocupada hay. Como si se renovara la base del mercado laboral año tras año
La reanudación supone el derecho a percibir la prestación por desempleo por el periodo que restase y con la base reguladora y porcentaje de la misma que correspondiese en el momento de la suspensión, según la definición que hace del concepto el SEPE.
Según los datos de este organismo, en el mes de julio, las altas iniciales de prestaciones contributivas (las personas que ingresaron en el paro por vez primera teniendo derechos para cobrarla) ascendieron a 214.339. En los siete primeros meses del año, el montante total fue de 1,497 millones de trabajadores.
Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del presente año que elabora el Instituto Nacional de Estadística, entre los meses de abril y junio adquirieron la condición de “ocupados” un total de 1,554 millones de personas y perdieron la misma, 989.300. Y así, todos los trimestres del año con mayores o menores cifras en función de la estacionalidad de nuestra economía. Y todo para tener una tasa de empleo (número de ocupados sobre población de más de 16 años) que no alcanza siquiera el 50%, una de las más bajas de Europa.
Por cada persona nueva que tiene derecho a cobrar la prestación contributiva hay cinco que la reanudaron en los siete primeros meses de este año. La razón de esta frenética movilidad en el mercado laboral hay que buscarla en la forma de contratación entre empresas y trabajadores y en las modalidades de ésta.
En un año normal, se suscriben entre 20 y 22 millones de contratos, cuando el número de ocupados asciende a 19,6 millones de trabajadores
Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, en España se firmaron en julio 1.838.250 contratos y cerca de 10,5 millones en el acumulado del periodo enero-julio para poder hacer una comparación homogénea. De esta última cifra, el 89% de los contratos suscritos entre enero y julio tuvieron carácter temporal (9,334 millones) y apenas el 11%, indefinido.
La proliferación de esta modalidad de contratación, o más bien el abuso, explica cómo es posible que ocho de cada diez contratos temporales hayan acabado con la petición de reanudación de la prestación contributiva al SEPE, que se ha convertido en un organismo que se tiene que dedicar casi en exclusiva a la gestión administrativa del desempleo, y desmarcarse de las políticas activas de empleo, como tantas veces ha reclamado la Unión Europea. Únicamente el 2% de los asalariados encontró empleo el pasado año a través de la mediación directa del SEPE.
Altas iniciales en el paro
De las 214.339 altas iniciales en el paro que se originaron en el mes de julio en el SEPE, cerca del 58% (123.914) tienen su origen en la finalización de la relación de carácter temporal. La segunda mayor cifra (58.874 personas) está vinculada con medidas colectivas de regulación de empleo. En el global de los siete primeros meses, la situación se suaviza bastante: la extinción del periodo de contratación temporal está en el origen del 40% de las altas iniciales de solicitud de prestación contributiva.
De acuerdo con los datos de Trabajo, de los 7,469 millones de reanudaciones solicitadas en los siete primeros meses del año, más de 6,35 millones, (el 85%) están relacionadas con regulaciones colectivas de empleo. La segunda causa es el final de la duración del contrato temporal, que ha afectado a 944.225 solicitudes, equivalentes a 12,6%. Las restantes se reparten entre causas específicas de carácter temporal (92.616); despidos individuales (32.477) o finalización del periodo de prueba (29.140).
