La composición del nuevo Gobierno aún es toda una incógnita pero, al menos, sí se sabe que la cartera de Fomento cambiará de manos. El Partido Popular va a proponer a su hasta ahora titular, Ana Pastor, para la presidencia del Congreso, tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para repartirse el poder en la mesa de la Cámara Baja. Pastor dejará a su sucesor una herencia más que complicada, con un buen número de cuestiones candentes sin resolver en las que hay mucho dinero en juego, concretamente más de 15.000 millones de euros.
Tomar el relevo de Pastor en Fomento no será ninguna bicoca. En el momento de realizarse el simbólico traspaso de poderes, con la tradicional cesión de la cartera, ésta rebosará de múltiples problemas en busca de una solución y, además, urgente. Antes de empezar, la persona designada para ser nueva responsable de Fomento deberá encontrar una solución exprés al problema de las autopistas de peaje en quiebra, que ha convivido prácticamente desde el principio con el mandato de Ana Pastor.
Apenas cuatro meses después de que tomara posesión como ministra se registró el primer concurso de acreedores de una concesionaria de autopistas, concretamente el de la Madrid-Toledo. Después llegaron ocho más. Han pasado cuatro años de negociaciones e intentos de solucionar el problema sin éxito. Los concursos se han convertido poco a poco en procesos de liquidación y el próximo día 1 de octubre, si no lo remedia el nuevo titular de Fomento, la concesionaria de las radiales R-3 y R-5 recogerá los trastos y las vías pasarán automáticamente a ser de gestión pública. Comenzará a activarse el sistema de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por el que el Estado pasará a asumir la situación de las autopistas como propietario último de las mismas. Otras dos concesionarias están en una fase muy avanzada de su liquidación y se encontrarán en breve en la misma situación.
En este envite, el Estado se juega no menos de 5.000 millones de euros, aunque las grandes constructoras (principales accionistas de las concesionarias) elevan la cifra hasta los 8.000 millones. El principio de acuerdo alcanzado por Pastor con la banca acreedora para que aceptara una quita del 50% y cobrara el resto en un plazo de 30 años fue tumbado por la oposición de las entidades financieras extranjeras. De un tiempo a esta parte, los bancos españoles tampoco creen que el callejón en el que se encuentran tenga muchas salidas, como prueba el hecho de que algunos de ellos llevan tiempo vendiendo la deuda asociada a las concesionarias a fondos buitre. Al nuevo Ministerio de Fomento le tocará negociar con estas entidades aunque alcanzar un acuerdo con ellas se antoja como un imposible.
Otra de las patatas calientes con las que se encontrará el nuevo titular de Fomento será la regulación aeroportuaria, con la aprobación del ya célebre DORA, prevista en principio para el próximo mes de septiembre. Si se quiere cumplir con esta fecha, la decisión deberá ser debatida prácticamente en el primer consejo de ministros del nuevo Ejecutivo. En juego, las inversiones del gestor aeroportuario AENA para los próximos cinco años, valoradas en más de 1.000 millones y, especialmente, las tarifas que deberá aplicar. Mientras la compañía propone su congelación hasta 2021, las aerolíneas apuestan por un descenso del 2,4% y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también apoya un recorte de las tarifas.
Los incendios del AVE
La alta velocidad no se escapa de la peculiar herencia que Ana Pastor deja en Fomento. Los enfrentamientos con las constructoras por los pagos de las obras de la red de AVE han sido repetidos a lo largo de estos años. Las compañías llegaron a parar los trabajos después de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) llegara a acumular deudas superiores a 700 millones de euros debido a graves problemas de liquidez. En los últimos meses, los problemas en este sentido no han desaparecido del todo. Numerosos tramos de AVE están actualmente paralizados por diversas circunstancias. Algunos de estos casos tienen como telón de fondo las reclamaciones de las constructoras de modificados que ahora Fomentos se niega a pagar.
Los problemas de la alta velocidad trascienden incluso las fronteras. En Arabia Saudí, el consorcio articulado en su día por el Ministerio (bien es cierto que en la etapa del socialista José Blanco al frente del departamento) negocia con el cliente, el Gobierno local, también por una cuestión de sobrecostes cuya solución se antoja muy complicada. El consorcio está liderado por las empresas públicas Renfe, Adif e Ineco, que tendrán que asumir buena parte de las pérdidas en las que incurrirá el grupo de empresas si no hay acuerdo con Riad.
Los numerosos viajes de Pastor y del presidente de Renfe y del consorcio, Pablo Vázquez (persona de extrema confianza de la todavía ministra en funciones) a tierras saudíes no han tenido el resultado deseado. Los números rojos se encontrarían en el entorno de los 800 millones de euros.
La última esperanza de la 'operación Chamartín'
Si la palabra “urgente” se encuentra impresa en las carpetas que guardan los anteriores asuntos, la que se refiere a la ‘operación Chamartín’ lleva la palabra clave en grandes caracteres. El rechazo del Ayuntamiento de Madrid al plan de Distrito Castellana Norte, pergeñado desde comienzos de 2014 por la promotora DCN (liderada por BBVA), el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid y la anterior corporación municipal, deja sin sentido inversiones del departamento valoradas en 700 millones y en el aire el papel de la estación de Chamartín como hub de la alta velocidad en Madrid y conexión con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Pero además, la decisión del Consistorio hace que se esfume una inversión de más de 6.000 millones de euros para la zona norte de Madrid. Pastor reunió a todas las partes implicadas poco antes de las elecciones pero de los dos encuentros que mantuvo sólo salió la evidencia del distanciamiento entre el Ayuntamiento y el resto y la conclusión de que la única solución, por el momento, se encontraba en la vía judicial.
Las esperanzas de DCN pasan por que el nuevo titular de Fomento sea capaz de conseguir lo que no ha hecho Pastor, toda vez que en el tiempo se termina: si el escenario no cambia, a finales de año la promotora renunciará a sus derechos sobre los terrenos, que en su mayoría pertenecen a Renfe y Adif, es decir, a Fomento, que se quedará, por lo tanto, sin unos ingresos superiores a 1.200 millones de euros.
Aunque en público Pastor manifestaba su disposición a seguir llevando las riendas del Ministerio, su deseo de cambiar de aires no era ningún secreto. Su nombre ha sonado como futurible para otras carteras e incluso para cuestiones como encabezar la lista del partido para las elecciones europeas. La aún ministra en funciones ha vivido en Fomento cuatro años y medio más que intensos. Aunque, a la vista de los acontecimientos, pueden quedarse en mera anécdota comparados con los meses que le esperan a su sucesor.
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