La publicación del informe de la Agencia Europea Ferroviaria (ERA), que denunciaba la falta de independencia de la comisión que investigó el accidente del Alvia en las proximidades de Santiago de Compostela, no ha sido suficiente para que las pesquisas en torno a la tragedia que costó la vida a 80 personas tomen un nuevo impulso político. El Parlamento gallego rechazó, con los votos en contra del Partido Popular, una iniciativa para proponer crear una nueva comisión de investigación. Todo apunta a que las víctimas tendrán que seguir aferradas a la vía judicial para que las responsabilidades en torno al siniestro vayan más allá del maquinista que conducía el convoy.
La propuesta, impulsada por el Bloque Nacionalista Galego (la formación que ha apoyado al colectivo de víctimas en Europa para la elaboración y publicación del informe de la ERA), consistía en introducir en el orden del día de la sesión de este martes una propuesta para debatir si se creaba la comisión. Pero ni siquiera se dio tal debate. El Partido Popular aprovechó su mayoría en la cámara para echar abajo la modificación del orden del día.
Eso sí, a cambio defendió realizar una declaración institucional para solicitar la elaboración de un informe sobre el accidente.
De esta forma, los partidos de la oposición buscaban aprovechar que el asunto del accidente ha vuelto a la primera línea informativa tras la publicación la semana pasada del informe de la ERA. A raíz de conocerse su contenido, que además de cuestionar la independencia de la comisión que investigó la tragedia concluye que ésta no respondió las preguntas clave sobre el accidente, tanto el colectivo de víctimas como los partidos de la oposición solicitaron la dimisión de la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, a la que las víctimas también se han dirigido a través de una carta en la que le piden explicaciones al respecto.
Causa reabierta
El bloqueo de la vía política deja a las víctimas el camino de la Justicia como el único que puede ayudarles a lograr su objetivo, es decir, que se depuren todas las responsabilidades en torno al accidente. A finales del pasado mes de mayo, el colectivo recibió la mejor de las noticias en este sentido: la reapertura de la instrucción de la causa que se sigue por orden de la Audiencia Provincial de La Coruña. La anterior instrucción había finalizado con Francisco Garzón, maquinista del Alvia siniestrado, como único imputado.
Precisamente, el hecho de que el concluyente informe de la ERA haya visto la luz cuando se ha reiniciado la instrucción de la causa hace posible que las víctimas lo incorporen a la misma. De esta forma, lo que ha sido bloqueado a través de la vía política puede ver la luz por la judicial.
La ERA, organismo dependiente de la Comisión Europea, no tiene potestad para imponer la apertura de una nueva investigación sobre el accidente pero es la máxima autoridad comunitaria en materia de seguridad ferroviaria. En este sentido, su voz no es una más. Este es el argumento que el colectivo de víctimas podría utilizar para incorporar el informe a la causa, con el fin de que una nueva investigación argumente que el accidente se debió a negligencias en la gestión de los riesgos del trazado. Algo que pondría contra las cuerdas a Adif y Renfe y, por consiguiente, al Ministerio de Fomento.
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