El Gobierno pretende llevar a cabo una negociación con Abertis a fin de poder llegar a un acuerdo por el conflicto que mantiene la concesionaria con el Estado, al que reclama una cantidad próxima a los 1.800 millones de euros por la caída de los tráficos en diversos tramos de la AP-7, al margen del proceso que se sigue en los tribunales. Moncloa pretende así aprovechar el escenario que ha dejado el Tribunal Supremo, cuyo fallo ha consistido en dilatar su decisión hasta el vencimiento de la concesión, a finales de agosto de 2021.
Algo más de dos años de margen que el Ejecutivo tiene la intención de aprovechar para explorar la posibilidad de sentarse con Abertis y encontrar una solución a un pleito que podría derivar en un serio problema financiero en el caso de que los jueces terminen dando la razón a la concesionaria. Y el precedente no invita precisamente al optimismo, ya que Abertis ya cuenta con una sentencia favorable a sus intereses por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La decisión del Alto Tribunal era esperada desde hacía varias semanas, ya que la sala de lo contencioso-administrativo que entiende del recurso de casación presentado por el Ejecutivo a la sentencia dictada por el TSJM se había reunido ya a finales de febrero para tomar una decisión al respecto. Para sorpresa de casi todos, su fallo no fue sino una patada hacia adelante hasta 2021, una decisión que da aire al Gobierno que no parece dispuesto a desaprovechar esta oportunidad.
Ambas partes cuentan con piezas en el tablero para procurar un entendimiento que ponga fin al pleito sin que ninguna salga especialmente perjudicada
La posible negociación se planteará en un escenario más que propicio para sentarse en una mesa e intercambiar posturas. Por un lado, el Gobierno, actualmente en funciones pero con serias aspiraciones de renovar su mandato tras las elecciones generales del pasado 28 de abril, puso en marcha una política de poner fin a las concesiones de autopistas que llegaban a su fin en el corto plazo, sin posibilidad de extender plazos. Mientras, también impulsó un debate sobre la necesidad de implantar sistemas de pago por uso de las vías de alta capacidad ante la manifiesta insuficiencia de los Presupuestos Generales del Estado para atender el mantenimiento de la red de carreteras, cuyo déficit ha sido creciente en los últimos años.
El papel de Abertis en el nuevo escenario
Por otro lado, Abertis cuenta desde finales del pasado año con Atlantia y ACS como nuevos accionistas desde finales del pasado año, cuando ambos grupos culminaron la compra de la mayoría del capital social de la concesionaria. De hecho, poco antes de las elecciones se produjo una reunión entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el consejero delegado de Atlantia, Giovanni Castellucci (también consejero de Abertis) en la que el ejecutivo italiano presentó formalmente la operación al Ejecutivo.
En una entrevista concedida a la prensa italiana, Castellucci admitió que en el encuentro con Ábalos se abordó el futuro de las autopistas en España y que Abertis tendría un papel relevante en él pese a la firme decisión del Gobierno español de no prolongar en el tiempo las concesiones.
Posteriormente, Castellucci reiteró el mensaje a los analistas durante la presentación de resultados de Atlantia correspondientes al año 2018. "España no prolongará las concesiones pero eso no quiere decir que Abertis no siga allí. El actual modelo para mantener las carreteras no es sostenible por lo que habrá uno diferente y nosotros estaremos en él", aseguró.
Es decir, ambas partes cuentan con piezas en el tablero para procurar un entendimiento que ponga fin al pleito sin que ninguna salga especialmente perjudicada. Tanto el Ejecutivo como la concesionaria cuentan con elementos de intercambio que pueden propiciar un fin amistoso de la historia. El fallo del Supremo parece poner en bandeja la negociación.
El intento previo de ACS
Cabe tener en cuenta que ACS mantuvo conversaciones con el Gobierno, por entonces en manos del Partido Popular, cuando competía con Atlantia por el control de Abertis, antes de que decidieran unir fuerzas para afrontar la operación. Por entonces surgió también la necesidad de sentarse a negociar por el pleito de la AP-7, aunque el contexto era notablemente distinto, ya que había sido el propio Ejecutivo el que había apadrinado la candidatura del grupo de construcción y servicios que preside Florentino Pérez a hacerse con Abertis para evitar que se repitiera el caso de Endesa y una gran compañía española quedara en manos italianas.
La situación deriva del Real Decreto aprobado en 2006 por el que se modificaban determinados aspectos de la concesión de diversos tramos de la AP-7 a Abertis, a fin de que la compañía abordara determinadas mejoras y construcciones de carriles adicionales en la vía. Dicho convenio incluía una cláusula de compensación por la que el Estado se comprometía a indemnizar a la concesionaria en el que caso de que ésta se viera perjudicada por un descenso en el tráfico de la vía y la consiguiente caída de ingresos.
Debido a la extensa crisis económica iniciada a comienzos de 2008, los tráficos sufrieron, en efecto, una fuerte contracción, lo que llevó a Abertis a mediados de 2015 a solicitar al Ministerio de Fomento el reconocimiento de una compensación que, por aquel entonces, ascendía a casi 1.500 millones de euros.
Con la sentencia del TSJM, Abertis decidió acudir al Consejo de Estado con el fin de que revisara la interpretación que había realizado anteriormente de la modificación del convenio, cuyas conclusiones iban precisamente en contra de lo que los tribunales habían dictaminado recientemente.
Frente a lo que establece la sentencia del TSJM, el Consejo de Estado considera que será en 2021 cuando deba liquidarse el sistema de compensación previsto. Una interpretación que, curiosamente, ha hecho suya ahora el Tribunal Supremo.
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