El Gobierno en funciones enviará el martes a la Comisión Europea el plan presupuestario del año 2020, en plazo, junto al nuevo cuadro macroeconómico que previsiblemente recogerá una rebaja de las previsiones de crecimiento.
De esta forma, el Ejecutivo remitirá el martes el plan presupuestario y las ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de Economía, Nadia Calviño, detallarán ese día las principales cifras del documento y el nuevo cuadro macroeconómico, que estará marcado por la "prudencia", y será remitido a Bruselas en plazo, puesto que la fecha límite está fijada para el 15 de octubre.
Aunque el Gobierno anunció en verano su intención de revisar al alza sus previsiones, esta misma semana Calviño ha admitido la "posibilidad" de rebajarlas a tenor de los últimos indicadores económicos y de la revisión de la Contabilidad Nacional realizada por el INE sobre los últimos 23 años.
Las previsiones del Gobierno hasta ahora auguraban un alza del 2,2% este año, del 1,9% en 2020 y del 1,8% en 2021, al tiempo que estimaba que el empleo a tiempo completo crecerá un 2,1% este año, y se moderara al 1,8%, al 1,7% y al 1,6% los tres siguientes ejercicios, de forma que la tasa de paro cerraría este año en el 13,8%, para disminuir progresivamente al 12,3%, al 11% y al 9,9% en los tres ejercicios siguientes.
En las últimas semanas distintos organismos han rebajado sus previsiones macroeconómicas para España, como el Banco de España, que ha rebajado en cuatro décimas su estimación de crecimiento del PIB en 2019, hasta el 2%, en dos décimas la de 2020, hasta el 1,7%, y en una la de 2021, hasta el 1,6%.
La rebaja de la previsión de crecimiento del Banco de España se debe en buena medida a la revisión realizada por el INE, que redujo el crecimiento del PIB de 2018, desde el 2,6% al 2,4%, así como el del primer trimestre de este año, del 0,7% al 0,5%, en tanto que mantuvo el 0,5% calculado para el segundo trimestre.
Además, Funcas se ha sumado a la revisión a la baja al estimar que el PIB crecerá un 1,9%, tres décimas menos de lo previsto anteriormente, y en 2020 un 1,5%, cinco décimas menos.
Principales directrices
Respecto a la estrategia fiscal, el Gobierno pronosticó una progresiva reducción del déficit desde el 2,5% registrado en 2018 hasta el 2% en 2019, el 1,1% en 2020, el 0,4% en 2021 y una situación de equilibrio en 2022, y auguraba que la ratio de deuda pública sobre PIB bajaría al 95,8% este ejercicio, y los tres siguientes ejercicios al 94%, el 91,4% y el 88,7%.
No obstante, tanto la ministra de Economía como de Hacienda han asegurado en los últimos días que la meta de déficit (2%) y de ratio de deuda pública (95,8%) fijadas para este año se mantendrán.
Según recoge Plan de Estabilidad de abril, el Ejecutivo planea un aumento de la presión fiscal, de forma que se elevará del 35,7% de este año al 36,5% en 2020, para continuar subiendo al 36,9% en 2021 y cerrar el periodo en el 37,3% en el año 2022. Esto supone un alza de alrededor de 26.000 millones en el periodo. Las proyecciones del Ejecutivo apuntan a que los ingresos públicos aumentarán y el gasto público se reducirá ligeramente hasta el 39%, y el 41% del PIB, respectivamente.
Dada la escasa actividad legislativa de los últimos meses, la imposibilidad de aprobar el techo de gasto y los Presupuestos de 2019 (y por ahora de 2020), es previsible que el plan presupuestario siga las principales directrices recogidas ya en el Plan de Estabilidad del mes de abril.
En materia fiscal, desde el Gobierno han avanzado en las últimas semanas su intención de revalorizar en diciembre las pensiones con arreglo al IPC, así como de volver a subir el Salario Mínimo, hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% del salario medio (unos 1.200 euros anuales), y aprobar medidas de ingresos ya previstas como la 'tasa Google', la 'tasa Tobin', el alza del IRPF a las rentas más altas o el tipo efectivo mínimo del 15% en Sociedades.
Otras medidas adelantadas por el PSOE pasan por derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, mejorar las prestaciones por hijo a cargo para los hogares en situación de pobreza y el desarrollo de un mecanismo de garantía de ingresos para hogares altamente vulnerables, así como la equiparación de derechos de los autónomos con los trabajadores por cuenta ajena, con una cotización acorde con sus ingreso reales y mejorando la protección social.
Igualmente, los socialistas se comprometen a impulsar una oferta de alquiler a "precios asequibles" y a frenar las subidas abusivas de precios, a crear la Autoridad de Protección del Cliente Financiero, a liderar la implantación de la tecnología móvil 5G o a impulsar el vehículo eléctrico, entre otras medidas.
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