Si la Comisión Europea cuestiona que se destinen préstamos de la adenda del Plan de Recuperación al rescate de Plus Ultra, el Gobierno retirará esta polémica ayuda del Fondo de la SEPI que quiere sufragar con esta vía, según confirman fuentes de Moncloa a Vozpópuli preguntadas por la decisión del Gobierno de destinar la adenda a sufragar el rescate de 53 millones de la aerolínea. Se trata de un caso judicializado, con el consejo gestor de la SEPI que aprobó la ayuda, investigado, entre ellos, la exsecretaria de Estado de Economía y ex número dos de Nadia Calviño y presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, hasta ahora en el punto de mira por el polémico fichaje del marido de Calviño con un contrato de alta dirección.
El proyecto de adenda que ha publicado este miércoles el Ministerio de Asuntos Económicos muestra que "para movilizar los préstamos, está prevista la utilización de doce fondos, que permitirán ir gestionando la deuda correspondiente: ocho nuevos fondos y cuatro creados desde 2020, para cubrir los desembolsos de los Fondos SEPI y Cofides para ayudas a la solvencia de las empresas afectadas por la covid desde febrero de 2020 y la financiación de los Fondos Next-Tech y RED".
En este sentido, fuentes gubernamentales ven "mucho sentido a que las empresas estratégicas y fundamentales que, más que rescate, recibieron el apoyo del fondo de la SEPI, puedan recibir préstamos de la adenda".
Las mismas fuentes explican que "el marco temporal de ayudas de estado que daba cobertura a estos fondos acabó el pasado 30 de junio, lo que aquí se hace es proporcionar financiación a largo plazo a fondos ya utilizados".
Pues bien, las fuentes de Moncloa citadas tienen previsto que Bruselas pueda cuestionar esta fórmula. De entrada apuntan que creen que el caso judicial decaerá. Pero en todo caso, si la Comisión plantea dudas, procederán a excluir a Plus Ultra del mecanismo.
Los fondos de rescate de empresas afectadas por la pandemia de la SEPI y Cofides han financiado a 119 compañías empresas con 4.000 millones de euros, precisamente la cuantía que la adenda asigna a estos fondos. El Fondo de la SEPI, dotado con 10.000 millones, ha concedido préstamos por valor de 3.250 millones a 30 empresas. De este montante contempla el Gobierno excluir a Plus Ultra si así se lo plantea Bruselas, con lo que habría que financiar 3.197 millones para 29 empresas.
Además de De la Cueva, están investigados por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública por fraude de subvenciones Bartolomé Lora (entonces presidente en funciones de la SEPI); Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda; Raül Blanco, exsecretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa a partir del próximo martes en que se prevé que se apruebe su cese en el Consejo de Ministros, y Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía.
84.000 millones en préstamos UE sin contar con CCAA ni empresas
España movilizará en la adenda el total de préstamos a los que puede acceder, hasta 84.000 millones de euros, que se canalizarán a través de préstamos mediante 12 fondos, entre ellos, el de la SEPI y Cofides, el Fondo para Comunidades Autónomas, con una dotación de hasta 20.000 millones, y hasta 15.000 millones de euros en préstamos, canalizados a través del ICO para inversiones en energías renovables.
Todo esto se va a pedir, casi un año más tarde de lo que se anunció, en el último año de legislatura, con plazos de adjudicación en agosto, cercanos ya al periodo electoral y a caballo de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Los próximos gobiernos, central y autonómicos, recibirán en herencia un alud de proyectos y préstamos comprometidos.
Pues bien, comunidades y empresas han mostrado su malestar por haberse enterado por los medios de comunicación de estos detalles. Ha habido encuentros de las autonomías con Calviño, en los que le han trasladado qué proyectos plantean para la adenda, pero no han recibido información alguna al respecto.
Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia y Ceuta han exigido una reunión del Gobierno con las CCAA para trabajar sobre la nueva adenda de los fondos europeos. Los consejeros de Economía de estas regiones han denunciado que el Gobierno incurre en los mismos errores de "falta de diálogo y trasparencia" en la solicitud de la parte de préstamos de los fondos europeos. "Lo mínimo que se puede pedir es hablarlo con las comunidades. Los fondos europeos no son patrimonio del Gobierno, sino que pertenecen a todos los españoles", han señalado.
Asimismo, han lamentado que el Gobierno vuelva a incurrir en "los mismos errores" que con el diseño del plan de ejecución de los Fondos europeos y no haya negociado con las autonomías las líneas de inversión, los objetivos o los hitos.
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