En estos momentos debería bajarse el IVA de los carburantes, un coste fijo, con el que el Estado recauda “tela marinera”. Así lo ha planteado Guillén López Casasnovas, catedrático de Economía de la UPF y experto del comité que ha asesora al Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal, en lo que ha trasladado como actualización de su propuesta a la crisis inflacionaria y por la invasión de Ucrania. Así lo ha planteado en una sesión de análisis del Libro Blanco elaborado por la Comisión de Personas Expertas para la Reforma Fiscal organizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas (CGAE).
El informe de los expertos propone una subida masiva de Impuestos medioambientales para recaudar 15.000 millones de euros más, entre las que destaca una subida de gasóleo y gasolina, a la para que una equiparación. Una vez que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desautorizó el infirme justo antes de su presentación y dijo que no prevé subir impuestos en el corto y medio plazo, los expertos asumieron este mensaje.
En este sentido, López Casasnovas ha planteado que son conscientes de que ahora mismo no sólo no toca subir, sino que hay que bajar, pero ha alertado de las distorsiones que puede suponer una rebaja de Impuestos Especiales cuando precisamente el camino no sólo debería ser no sólo subir sino también equiparar. Y cuando ya se está bonificando la electricidad.
El Gobierno se mostraba hace una semana partidario de bajar impuestos a los carburantes y apuntó al gasóleo profesional y agrario y al IVA, pero ahora parece decantarse por dar ayudas.
“Estamos en una situación compleja”, ha advertido López Casasnovas, en la que “no debemos hipotecar el futuro”. En este sentido es además partidario de dar bonos o ayudas directas, una de las vías por las que se viene inclinando el Gobierno en los últimos días, y por un posible subida de impuestos a las eléctricas que plantea Podemos pero no el PSOE.
Partidarios de suprimir Patrimonio
López Casasnovas se ha mostrado partidario de suprimir el Impuesto de Patrimonio, una posibilidad que ha asegurado que no pudo discutirse porque no era parte del cometido que les marcó el Gobierno. “Bastantes miembros de la Comisión éramos partidarios de suprimir Patrimonio”, ha alertado, y ha augurado que “hay una tendencia por la que ha futuro será abolido”. Eso sí, ha alertado de que “no todos los impuestos se pueden abolir, no se puede hacer un vaciado ni tirar el Estado de bienestar por la ventana”.
Sobre la armonización, ha planteado que el comité no estaba de entrada instalado en lo que ha denominado la “dimensión territorial” sin en la eficiencia y en el análisis de las bonificaciones de activos financieros y que el debate más “coyuntural y político” y la expectativa de un ataque frontal a determinadas comunidades con Patrimonio bajo “se lo comió todo”. Preguntado por a qué se refería y si el debate territorial les vino impuestos por el Gobierno en un segundo momento a pesar de que la ministra sí lo marcó en público desde el primer momento, López Casasnovas no ha aclarado este punto.
En la necesidad de abolir Patrimonio han conocido el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, y Agustín Fernández, presidente del Registro de Asesores Fiscales (Reaf), además de Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. Izquierdo ha valorado positivamente las propuestas del comité sobre el Impuesto sobre Sociedades, en especial la que plantea eliminar los pagos fraccionados incrementados sobre cuota o la que constata que un tipo mínimo del 15% afecta a la inversión en I+D.
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