Móstoles, donde se inició el levantamiento popular en 1808 contra la invasión de las tropas napoleónicas, se va a convertir en escenario de una nueva batalla, en este caso judicial.
Los juzgados de la localidad madrileña se preparan para recibir "una carretilla" de demandas civiles contra Banco Popular, comentan abogados que representan a afectados o accionistas de la entidad financiera que presentarán demandas civiles contra las cuentas del banco o la ampliación de capital que acometió en 2016.
Los afectados tienen la posibilidad de presentar sus demandas en la localidad donde se sitúa, o situaba, la oficina de Popular en la que firmaron el contrato o compra de acciones de la entidad. O pueden presentarlas en el centro principal de administración de la sociedad demandada.
Las decisiones de los jueces civiles han sido mayoritariamente favorables a los accionistas y bonistas de Popular en sus demandas
Tras la resolución de Popular y su adquisición por parte de Banco Santander, los demandantes tienen la opción de acudir a los juzgados donde está situado el domicilio social del primer banco español. Santander tiene su sede en Boadilla del Monte, y el partido judicial de esta localidad se encuentra en Móstoles.
Por el momento, dos despachos, B. Cremades & Asociados y IUS + Aequitas Abogados, ya han anunciado que comenzarán a interponer sus demandas civiles contra Popular en Móstoles.
Los bufetes sostienen que las cuentas de la entidad no reflejaban su realidad contable desde, al menos, el año 2012. Por tanto reclamarán las pérdidas de sus clientes desde entonces, hubieran o no acudido a las ampliaciones de capital del banco.
Demandas colectivas
Los abogados consultados por este diario consideran que los juzgados de Móstoles recibirán principalmente las demandas colectivas, las que representen a varios afectados (cientos, miles).
De esta manera, precisan, los despachos que van a éxito, los que cobrarán un porcentaje de la cantidad reclamada si ganan el caso, se ahorran los costes que supondría presentar demandas en localidades dispersas por España. Además agrupan así la documentación que puedan requerir o publicar los distintos juzgados.
Varios de los abogados consultados apuntan que, no obstante, también habrá despachos que prefieran evitar los juzgados de Móstoles por la influencia que pudiera tener sobre los mismos la entidad presidida por Ana Botín.
Por ahora, las decisiones de los jueces civiles han sido mayoritariamente favorables a los antiguos accionistas y bonistas de Banco Popular en sus demandas.
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