El próximo jueves 25 de octubre se abre un nuevo capítulo en la batalla entre taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC). El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, llevará al Congreso el mediático real decreto ley que traspasa la regulación de las VTC a las comunidades y ayuntamientos. Un visto bueno para el que necesita una mayoría simple en la Cámara baja. Pero las cuentas no salen.
El apoyo de Unidos Podemos se descuenta. Y el rechazo de Partido Popular y Ciudadanos también se da por hecho. Es decir, Ábalos cuenta con 151 diputados que dan el visto bueno a su decreto, 4 más con Compromís, pero necesita encontrar 21 más. Por ello, las miradas, como viene sucediendo en esta legislatura, están puestas sobre los partidos nacionalistas.
Los 9 escaños de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y los 8 del PdeCat son dos de las fuentes del ministro para que le salgan las cuentas. Y su postura no está todavía clara. Fuentes cercanas a la Generalitat, la cual gobiernan entre estas dos formaciones, señalan a este medio que sus expertos siguen revisando la conveniencia de respaldar este decreto y siguen manteniendo sus dudas a pocos días de la votación.
"Estamos de acuerdo en hacer cumplir el ratio un VTC por cada 30 taxi, pero hemos mostrado nuestra preocupación por tener que asumir las indemenizaciones que supondría este proceso", aseguran desde la Generalitat. Porque Cataluña es, junto a Madrid, el mayor foco de esta problemática.
La decisión es tan compleja que hasta el mismo miércoles puede que no se conozca le decisión del partido"
Según un estudio de Ernst & Young solicitado por Unauto, asociación que agrupa al 90% del sector de vehículos de transporte con conductor (VTC) en España, la factura de Cataluña en indemnizaciones por la retirada de licencias se elevaría hasta los 1.000 millones de euros.
Esta decisión es más que compleja para los partidos nacionalistas catalanes. Los costes de este proceso pueden son muy elevados, pero cuentan con una intensa presión interna por parte del sector del taxi en Cataluña. Por ello, como aseguran fuentes cercanas al PdeCat, "la decisión es tan compleja que hasta el mismo miércoles puede que no se conozca le decisión del partido".
Porque allí la actividad de las VTC es muy elevada. Cataluña cuenta con 1.938 licencias VTC, cuatro veces más que la cuota legal, dado que existen 12.303 taxis. En el caso concreto de Barcelona, hay cinco veces más VTC respecto al máximo legal, dado que contabiliza 1.813 vehículos de este tipo por 10.772 taxis, lo que supone un VTC por cada seis taxis.
PNV no tiene problema
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) reúne este lunes a sus representantes del Congreso para decidir su posición. "Es importante la decisión y hay que negociar, pero en Euskadi el problema de las VTC no alcanza un nivel preocupante", señalan fuentes del partido. El País Vasco tiene un ratio aproximado de 1 VTC por cada 26 taxis.
Por lo tanto, el respaldo de esta medida por parte de los 5 representantes del PNV tendrá un argumento de negociación política, más allá que solventar un problema interno. No obstante, desde el Gobierno vasco del PNV han mostrado varias dudas con este decreto y han criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por querer quitarse el 'marrón' de encima.
Es importante la decisión y hay que negociar, pero en Euskadi el problema de las VTC no alcanza un nivel preocupante"
Esta semana volverá 'la VTC' a la mesa de negociación y el decreto puede reforzarse o frenarse en el Congreso. Otra alternativa es que "durante este plazo también se podrá tramitar un Proyecto de Ley por vía de urgencia, pudiendo modificar la norma", señalaba Ignacio Palomar, letrado experto en transporte de Servilegal Abogados.
El real decreto ley también podría ser impugnado mediante recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. "Sólo están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas", matiza el abogado. Es decir, PP y Ciudadanos puede que no hayan dicho su última palabra con su negativa.
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