Tras la tempestad de los últimos días, llegó algo de calma en el sector energético. Álvaro Nadal, ministro del ramo, aprovechó su comparecencia en el Congreso para dar forma a las cifras de ajuste de retribuciones de la actividad gasista, asunto que había generado alarma en los mercados debido al volumen de las magnitudes de las que se había hablado. Nadal aclaró que los ajustes que propondrá el Gobierno afectarán al conjunto del sistema y que su cuantía estará en el entorno de los 250 millones de euros, de los que 50 corresponderán al sector gasista.
En los últimos días, las acciones de Gas Natural y Endesa (principales operadores de este mercado) y de Enagás (gestor de la red) han sufrido un fuerte castigo debido a la publicación de informaciones que apuntaban a un considerable recorte de las retribuciones (llegó a hablarse de casi 400 millones de euro) que afectarían exclusivamente a la actividad gasista.
Durante su intervención en la Comisión de Energía del Congreso, Nadal explicó que los recortes se deben a ajustes para evitar retribuciones excesivas que se estaban dando en el sistema, cuyos casos han sido estudiados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No obstante, la mayor parte de estos ajustes se producirá en el sistema eléctrico y están relacionados con cuestiones como el factor de retardo (los pagos realizados por la demora a la hora de poner en funcionamiento una central) y diversas reclamaciones realizadas por pequeños distribuidores, que ha llevado al Ejecutivo a concluir que los grandes estaban percibiendo cantidades demasiado elevadas por algunos de sus activos.
Para el sector gasista, los ajustes aún no están demasiado claros puesto que el Ministerio aún trabaja con la CNMC en la valoración los activos pero Nadal aseguró que la cuantía máxima sería de 50 millones de euros y que, incluso, podría darse la posibilidad de que no hubiera ajuste alguno si se considera que no se dan casos de retribución excesiva.
Batalla judicial por el Castor
El asunto de los recortes dejó casi en un segundo plano unas de las cuestiones principales de la comparecencia de Nadal: el polémico almacén de gas Castor, precisamente el día en el que la CNMC había oficial su decisión de bloquear los pagos por la recuperación de la concesión a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que considera nula la indemnización a Escal, la concesionaria participada por ACS que decidió renunciar al almacén tras detener su actividad por los movimientos sísmicos que causaba su operación.
Nadal se limitó a pronosticar una notable litigiosidad en torno a esta cuestión, toda vez que la decisión de la CNMC, en cumplimiento del fallo del Constitucional, hace que las entidades financieras propietarias de los derechos de cobro (Santander, Bankia y Caixabank) dejen de percibir la cantidad que en su día adelantaron, a cambio de los derechos, para hacer frente a la indemnización a Escal (que ascendió a 1.350 millones de euros).
A preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, Nadal explicó que la urgencia a la hora de tramitar el pago de la indemnización a Escal se debió a la situación financiera en la que se encontraba la concesionaria debido a la deuda que soportaba. "De no haber hecho efectivo el pago de la compensación de forme inmediata, la compañía hubiera incurrido en un fallido, no hubiera podido devolver la deuda y su mayor acreedor era el Banco Europeo de Inversiones (BEI), lo que hubiera supuesto un descrédito para España", señaló Nadal, quien añadió que el momento era especialmente sensible porque la economía estaba empezando a dar síntomas de recuperación.
El fallo del Constitucional deja sin efecto que el sistema gasista, esto es, los consumidores se ocupen de sufragar la indeminización a Escal por renunciar a la concesión, con lo que la satisfacción de los derechos de cobro de la banca queda en el aire.
Nadal recordó que el Decreto Ley que articulaba la concesión del Castor contemplaba el pago de la compensación incluso en el caso de que hubiera dolo o negligencia y que el Gobierno de Mariano Rajoy trató de dejar sin efecto esta condición con un recurso ante el Tribunal Supremo, posibilidad que quedó abortada por el fallo en contra de esta instancia.
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