Cabify y sus vehículos de transporte con conductor (VTC) vuelven al ojo del huracán a causa de su nuevo negocio de envío de paquetería entre particulares o empresas durante el estado de alarma. Este servicio, sólo disponible en la Comunidad de Madrid y lanzado para suplir la falta de pasajeros que soliciten sus coches para trasladarse durante el confinamiento, ya acumula varias denuncias por posible "competencia desleal" al sector del transporte de mercancías.
Primero, la patronal del taxi Fedetaxi y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (Fenadismer) presentaron sus quejas por este presunto intrusismo ante los Servicios de Inspección de Transporte Terrestre tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A estas se ha sumado ahora otra denuncia de Comisiones Obreras (CCOO) para "su confirmación, seguimiento y actuación".
El sindicato está a la espera de la respuesta del Ministerio para confirmar la "ilegalidad de que una empresa de transporte de viajeros pueda operar en lo relativo a mercancías" y ha avanzado que "si es así, actuarán en consecuencia". "No se pueden repartir mercancías en un vehículo particular si no tienen la identificación y títulos habilitantes para desarrollar la actividad, es un fraude, un trasvase de una actividad a otra que no procede, además de un peligro", asegura Mario Martín, secretario general del sector de carretera y logística de FSC-CCOO.
Por su parte, Cabify asegura que "en ningún caso" quiso perjudicar "a un sector determinante, como es el caso del sector del transporte de mercancías". "Los envíos en los que intermediaba fueron siempre pequeña paquetería", explica la empresa que, además, asegura que pretendió aportar "mejoras acordes a las necesidades de las ciudades y de sus ciudadanos".
Opera a través de una filial
La Comunidad de Madrid ha sido la primera en manifestarse. Pocos días después del lanzamiento del servicio, el Gobierno regional ordenó que la empresa de alquiler de vehículos con conductor dejase de prestar su nuevo servicio de paquetería, puesto que no cuenta con la autorización requerida, lo que conlleva una "falta muy grave sancionable con hasta 6.000 euros". Acto seguido, Cabify informó que dejaría de ser "intermediaria", pero no abandonaría ese nuevo negocio de envío de paquetes sin viajero en la capital.
Desde este fin de semana, el servicio lo realiza Prestige and Limousine, una filial que junto a la plataforma Cabify pertenece al grupo Maxi Mobility y que dispone de numerosas licencias VTC, sin que la plataforma digital actúe de intermediaria en el contrato. De esta forma, el servicio ha pasado a denominarse "Envíos by PyL", aunque el servicio se sigue solicitando a través de la aplicación de Cabify. Sobre esta última empresa esperan presentar una nueva denuncia CCOO, según informan a este medio.
La compañía, que sopesaba incluso ampliar este negocio mediante pactos con empresas para eventualmente también transportar compras 'online', asegura estar "plenamente segura" de la legalidad del negocio y asegura que ha adaptado su negocio a lo que le ha "exigido" la Comunidad de Madrid con el fin de "evitar entrar en conflicto alguno con las administraciones públicas en el actual contexto de emergencia sanitaria, social y económica".
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