El Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España (BdE) son, sin duda, las dos instituciones de análisis económico más serias y rigurosas del país. Su pulcritud metodológica y la calidad de sus investigadores y analistas son garantía de independencia y credibilidad. Sin embargo, desde hace algún tiempo estas dos instituciones asisten a un acoso de intensidad variable, pero regular, con la pretendida intención de desprestigiarlas. Lo sorprendente es que estos ataques proceden en buena parte del Gobierno y su entorno.
El primero y más evidente lo protagonizó hace ya meses el BdE en relación a los efectos del salario mínimo interprofesional (SMI) sobre en el empleo. Utilizando diferentes aproximaciones, estimó una elasticidad del empleo al incremento del SMI que indicaba que, por cada punto porcentual de subida del SMI se produciría un menor crecimiento del empleo de entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales. También evidenció que tras la subida del SMI los trabajadores involucrados perdieran el trabajo con mayor probabilidad y que los principales perjudicados serían el empleo juvenil y poco cualificado.
Estas aseveraciones, derivadas del trabajo de meses de seis analistas de su Servicio de Estudios, fueron rebatidas con desaire y tono desafiante por la ministra de trabajo Yolanda Díaz, los sindicatos y aledaños.
Desde hace meses parece que el objetivo ha virado hacia el INE, al no hacerse eco de la pretendida recuperación económica anticipada con anhelo por el Gobierno
Desde hace meses parece que el objetivo ha virado hacia el INE, al no hacerse eco de la pretendida recuperación económica anticipada con anhelo por el Gobierno. Ayer tocó una vuelta de tuerca adicional en la batalla con el INE. El motivo: la omisión de los precios de mercado libre de la electricidad en el cómputo del IPC, cuya evolución ha sido más favorable que las tarifas del mercado regulado.
El sustrato en esta ocasión procede de un pretendido estudio utilizando “estimaciones propias a partir de datos internos” de CaixaBank en donde se sugiere que el INE ha hinchado la inflación de 2021. Por datos internos se infiere los recibos domiciliados por los clientes de la entidad financiera.
Sin embargo, debe aclararse que el importe de los recibos de una sola entidad financiera puede conllevar ausencia de representatividad poblacional y de aleatoriedad que comprometerían la veracidad de estimaciones, sesgándolas.
Disponer de instituciones independientes que aseguren un análisis imparcial y técnicamente robusto de la realidad económica del país es un bien público que debe salvaguardarse con firmeza
Por otro lado, aun siendo cierto que el cómputo del IPC requerirá, como es lógico, ajustes en su proceso de cálculo, estos no pueden hacerse sin cumplir unos mínimos protocolos de validación. Por el momento, lo cierto es que el IPC calculado por el INE sigue una metodología precisa, que goza del beneplácito de las normas internacionales y que respaldan tanto la oficina de estadística de la UE (EUROSTAT) como el Consejo Superior de Estadística Español.
Disponer de instituciones independientes que aseguren un análisis imparcial y técnicamente robusto de la realidad económica del país es un bien público que debe salvaguardarse con firmeza. Podemos considerarnos afortunados: El BdE y el INE son dos de esas preciadas instituciones. Preservémoslas.
José Félix Sanz es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid
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