La consecución de un préstamo estatal por Norwegian este miércoles para sobrevivir a la crisis provocada por la covid-19, que asciende a 283 millones de euros y por el que llevaba 'peleando' semanas a través de la conversión de deuda en capital, no es motivo de celebración entre los trabajadores de la compañía noruega en España pues, según dicen, ésta "se quiere desentender" de sus obligaciones sociales y "no les reconoce como suyos".
El mismo día en que Norwegian ha conseguido su balón de oxígeno, los sindicatos Sepla y USO se han reunido con el abogado de la compañía -representada por Garrigues- en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) antes de presentar una demanda por "cesión ilegal de trabajadores" de la matriz Norwegian Air Shuttle (NAS) a la filial Norwegian Air Resources Spain (NAR), de la que sólo es dueña a través de una sociedad intermedia al 51%. El 49% restante está en manos de OSM Aviation, que aporta trabajadores a la matriz.
Desde la compañía aclaran que "las tripulaciones del grupo con base en España estaban contratadas por una compañía propiedad conjunta (pero no exclusiva) de Norwegian" pero "el grupo ha cancelado su contrato de provisión de tripulantes con dicha empresa" desde el pasado 20 de abril. Las filiales en propiedad conjunta con OSM Aviation con las que ha cancelado acuerdos de provisión de trabajadores tienen bases en España, Reino Unido, Finlandia, Suecia y Estados Unidos, con lo que afectará a 1.571 pilotos y 3.134 tripulantes de cabina en el mundo.
No asumir los costes de los despidos
La reunión de mediación, que ha finalizado sin éxito ni acuerdo, según informan fuentes sindicales, ha sido un paso previo a la celebración de un juicio ordinario. Sepla y USO acusan a Norwegian de haber "externalizado la contratación de su plantilla a terceras empresas para no asumir los costes de la Seguridad Social, indemnizaciones por despido o trámites de desempleo" que podría acarrear, en este caso, la crisis sanitaria de la covid-19.
Según detallan, "el pasado 4 de mayo, un día después de superar el trámite para su recapitalización -que ha culminado este miércoles tras aprobarse la garantía crediticia estatal por 283 millones- "Norwegian obligó a sus trabajadores españoles -alrededor de 400 pilotos y 900 tripulantes de cabina- a despojarse de sus uniformes y credenciales", lo que consideran "un paso más en el intento de la aerolínea de desvincularse de sus trabajadores en España".
Estos empleados están actualmente incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor por la pandemia y, según informan los sindicatos, "Norwegian dejó de asistir a las reuniones del ERTE que abrió en abril, dejando en manos de una subcontrata externa la negociación".
En este sentido, "cuando preguntamos si Norwegian se hará cargo de las compensaciones por despido, en caso de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), así como el pago a la Seguridad Social, en caso de mantener el ERTE de fuerza mayor actual o un ERTE posterior al estado de alarma, la respuesta es que no se pueden comprometer", añaden.
Esperan un despido "de facto"
Este comportamiento lleva a pensar a los trabajadores "en un despido de facto" y con la demanda "pretenden que Norwegian asuma las obligaciones sociales que le corresponden como empleador real de los pilotos de Norwegian en España". Ernesto Iglesias, responsable de vuelo de USO sector aéreo, explica que el mínimo legal al que debe hacer frente la empresa en caso de un despido colectivo es el pago de una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, lo que le acarrearía un coste a la empresa de 21 millones de euros, según sus cálculos.
Sin embargo, al no acceder Norwegian a hacerse cargo de los costes de cualquier medida laboral adoptada por la empresa contratante "y no desdecirse del modelo de externalización y riesgos limitados que ha vendido a los accionistas, el siguiente paso será llevar a la empresa ante el juez y que éste determine si los 1.300 empleados somos trabajadores de Norwegian, con todas las responsabilidades que eso conlleva, o si no lo somos", indica Iglesias.
Desde USO advierten que ante posibles despidos y en caso de que la Audiencia Nacional falle a su favor -con el reciente precedente de Ryanair, que se ha visto obligada a reincorporar a los empleados despedidos antes de la crisis- el coste para Norwegian puede aumentar. "Si no los pudiera reincorporar porque no hubiera operativa en España, podría despedir con una indemnización de 33 días por año trabajado y pagar los salarios desde la tramitación de la denuncia hasta la sentencia. Hablamos como mínimo de 45 millones de euros, sin contar las multas", sentencian.
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