Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en el año 2010, el notariado se ha convertido en un instrumento clave para la detección de estos ilícitos. Solo en el pasado 2017, los notarios notificaron 544 indicios de blanqueo de capitales y respondieron a más de 19.800 solicitudes de información de las autoridades.
El Consejo General del Notariado creó en diciembre de 2005 el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios en esta materia. Desde entonces, los notarios han remitido al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y máxima autoridad española en la lucha contra el lavado del dinero negro) más de 5.000 operaciones al apreciar indicios de delito de blanqueo. Durante el mismo periodo, el OCP ha atendido a más de 160.000 solicitudes de información de autoridades.
Los técnicos del OCP desarrollan su trabajo analizando y cruzando datos, gracias a que las operaciones realizadas por los 2.800 notarios están parametrizadas y volcadas en el Índice Único Informatizado Notarial. También reciben, e investigan, alertas y avisos de los propios notarios sobre operaciones que les resultan sospechosas. El Índice Único Informatizado Notarial contiene más de 116 millones de documentos notariales, lo que le convierte en la segunda mayor base de datos del sector público, tras la de la Agencia Tributaria.
El director del OCP, Pedro Galindo, destaca que "el sistema diseñado por el Notariado español garantiza que la información permanece siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla". Galindo añade que "esta labor se realiza siempre con respeto a la normativa de Protección de Datos, garantizando el derecho del ciudadano a su privacidad".
Herramientas contra el blanqueo
El OCP comunica en nombre de los notarios las operaciones que considera de riesgo no solo al SEPBLAC, también responde a todas las peticiones de información de los órganos judiciales, administrativos y
policiales que persiguen estos delitos.
Del Índice Único Informatizado Notarial se derivan dos herramientas: La Base de Datos de Titular Real y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública.
La misión de la primera es identificar quién se encuentra detrás de una sociedad, un dato decisivo en la lucha contra este tipo de delitos en los que es habitual el uso de testaferros y sociedades pantalla. En la Base de Datos del Titular Real del Notariado están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 2 millones de sociedades limitadas, 117.000 sociedades anónimas y 195.000 personas jurídicas no mercantiles; como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.
En el último lustro jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley -es el caso de entidades financieras, auditoras o aseguradoras-, han solicitado cerca de 3,5 millones de informaciones sobre los titulares reales de cientos de miles de sociedades y organizaciones identificados en esta base.
La Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública tiene identificadas a más de 25.000 personas con responsabilidad pública y sus allegados. De entre las identificadas, cerca de 15.000 son personas de responsabilidad pública por elección o por designación -altas instituciones del Estado, Gobierno y Administración Central, Comunidades Autónomas, Administración local y directivos de empresas públicas- y los 10.000 restantes son allegados a estas personas por relaciones o negocios.
Lucha contra el fraude fiscal en operaciones inmobiliarias
En la lucha contra el fraude, destaca también la creación del Órgano de Colaboración Tributaria (OCT) para la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Con su puesta en marcha se incrementó la colaboración con Hacienda, facilitando información sobre los movimientos de mayor trascendencia tributaria. El OCT está integrado por información procedente de las escrituras públicas autorizadas por los notarios españoles
El OCT traslada mensualmente a la Agencia Tributaria información sobre las operaciones en las que alguno de los implicados no hubiera comunicado al notario el NIF o se hubiera negado a identificar o aportar información sobre los medios de pago empleados en la compraventa de inmuebles.
Como consecuencia de esta colaboración, el OCT comunica a la Agencia Tributaria aquellas operaciones en las que se aprecie riesgo de fraude o posible incumplimiento del sistema tributario estatal o aduanero; así como las operaciones de importe superior a 200.000 euros que considera que pueden tener trascendencia tributaria, al existir un riesgo de delito fiscal.
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