Uno de los asuntos energéticos que más debate genera de cara al 23 de julio es si extender, o no, la vida útil de las centrales nucleares. En la semana electoral, el equipo de Teresa Ribera anuncia el desarme de una de ellas. Aunque, en su caso, ya se contaba con ello. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha autorizado el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña mediante una orden ministerial.
El proyecto, informado favorablemente en mayo por el Consejo de Seguridad Nuclear, consta de dos fases, abarca hasta 2033, está presupuestado en 475 millones de euros y prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea. El equipo de Ribera, mediante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), colabora desde 2020 con los 27 municipios afectados por el cierre de la instalación y ya ha destinado 7,7 millones a financiar 12 proyectos municipales.
Garoña se desconectó en 2012
Situada en el Valle de Tobalina (Burgos), Garoña tenía una potencia instalada de 466 MW, se inauguró en 1971 y se desconectó de la red eléctrica en diciembre de 2012, cuando Nuclenor, empresa que se reparten Endesa e Iberdrola, comunicó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo su decisión de no seguir explotándola.
En julio de 2013 se declaró el cese definitivo de explotación, pero éste no se debía a razones de seguridad nuclear o protección radiológica, de modo que Nuclenor presentó una solicitud de renovación de la autorización en mayo de 2014. Finalmente, en agosto de 2017, esta solicitud fue denegada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Hasta 2033
En ese momento, Enresa comenzó los trabajos preparatorios del desmantelamiento y a diseñar un proyecto que consta de dos fases y cuenta con un presupuesto, sin contar con la gestión del combustible gastado, de 475 millones. Está previsto que las labores abarquen hasta 2033 y que empleen hasta 350 personas de forma simultánea.
La autorización del Ministerio para iniciar los trabajos de desmantelamiento llega después de que el proyecto se sometiera a información pública entre marzo y abril de 2021, de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear emitiese el preceptivo informe favorable el pasado mes de mayo y tras haber obtenido la Declaración de Impacto Ambiental que establece las condiciones a las que ha de ajustarse el proyecto.
Sólo falta que se transfiera la titularidad de la central de Nuclenor a Enresa, algo que sucederá en los próximos días, para que puedan dar comienzo las obras sobre el terreno.
¿Qué hacer con la energía nuclear?
Pedro Sánchez y Teresa Ribera acordaron en 2019 con las empresas el establecimiento de un “plan de cierre ordenado” de los siete reactores nucleares antes de 2035, como quedó reflejado en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). No obstante, los siete reactores restantes que operan en España se encuentran preparados para ampliar su vida útil. Y el Partido Popular y Vox han hecho campaña a favor de esta opción.
Como informaba Vozpópuli, las compañías energéticas valoran la voluntad de Núñez Feijóo y están dispuestas a negociar la extensión de la vida de las centrales, pero reclaman cierta celeridad en la toma de decisiones. Almaraz I, uno de los reactores de la central de Cáceres que comparte Iberdrola con Endesa y Naturgy, tiene previsto su cierre para noviembre de 2027 y necesita una decisión inminente para poder prepararse con aspectos como el combustible. De no hacerlo, la central debería proceder a su parada y posterior reactivación, con el coste económico y para el sistema energético que ello implicaría.
El resto de reactores irían cerrando en cascada si esta nueva política no entrara en vigor. Almaraz II lo haría en 2028 y, en 2030, Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). El siguiente cierre se produciría en septiembre de 2032 con Ascó II y culminará en 2035 cuando se apaguen en febrero Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) en mayo.
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