Los representantes y asesores en materia económica de Alberto Núñez Feijóo han mantenido diferentes contactos durante las últimas semanas con directivos del Ibex-35, para trasladarles los proyectos que pondrán en marcha en caso de ganar las elecciones del 23-J. Una de sus iniciativas energéticas más relevantes es la que contempla la extensión de la vida útil de las centrales nucleares en España, de ahí que se hayan celebrado reuniones con empresas como Iberdrola y Endesa -las grandes dueñas de estas instalaciones-, con el fin de abordar este tema y conocer sus necesidades, así como el estado de las infraestructuras.
Según explican fuentes del sector a Vozpópuli, los asesores que rodean al presidente del Partido Popular se han visto las caras con las energéticas y les han trasladado diferentes documentos, donde se detalla su intención de extender la vida de las centrales nucleares. Oficialmente, desde el PP prefieren no identificar a los “asesores económicos” que han realizado esta labor de lobby para Nuñez Feijóo en los últimos tiempos, pero no esconden que esta idea es uno de los puntos claves de la estrategia energética que implantarán si lideran el próximo Gobierno.
“La prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas valorando también la posibilidad de su repotenciación cuando las condiciones lo hagan posible”, detallaba el plan energético que presentaba en septiembre Juan Bravo, uno de los principales gurús en la materia de Nuñez Feijóo. Además del político andaluz -explican fuentes de las empresas- también está involucrada en esta tarea Fátima Báñez, exministra de Empleo y actual presidenta de la Fundación CEOE.
La política sobre la energía nuclear que quiere implantar Génova 13 en España contrasta con la del Gobierno actual, que era la de 'apagar' estas instalaciones durante los próximos años. En este sentido, cabe recordar qeu Pedro Sánchez y Teresa Ribera acordaron en 2019 con las empresas el establecimiento de un “plan de cierre ordenado” de los siete reactores nucleares antes de 2035, como quedó reflejado en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC).
Desde el equipo de Ribera argumentaron entonces -para defenderse de las críticas que generó su plan- que eran las propias empresas las que no querían invertir para extender la vida útil de las centrales ni para construir nuevos reactores. Ahora, los propietarios de las centrales le han trasladado al equipo de Feijóo que con una mejor fiscalidad y una mayor estabilidad sí estarían por la labor.
Un marco fiscal más adecuado
En concreto, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, que son las cuatro propietarias de las centrales, quieren que el candidato a la presidencia del Gobierno les ofrezca una fiscalidad más justa, retirando impuestos duplicados o evitando que comunidades como Cataluña y Extremadura les castiguen de forma particular por su actividad.
El segundo punto que es clave para su negocio es el de la estabilidad en la siempre polémica materia de regulación. Las compras de combustible nuclear o las inversiones de mantenimiento manejan tiempos de cinco años vista para poder tener un funcionamiento óptimo, por lo tanto, cualquier cambio de normativo o de retribución puede perjudicar su modelo de negocio.
El Partido Popular ya adelantó en septiembre que ofrecería a estos propietarios una retribución estable. “Se debe acordar, dentro de este replanteamiento de la política nuclear, un precio fijo para la generación nuclear que permita reducir la factura de la luz”, puntualiza el plan energético del equipo de Nuñez Feijóo.
Se puede, pero cuanto antes
Los siete reactores que operan en España se encuentran preparados para ampliar su vida útil. De hecho, este año el Consejo de Seguridad Nuclear ha tardado más de lo previsto en realizar las revisiones en centrales como Ascó -durante su recarga- para asegurar que puede entrar en “operación a largo plazo”.
Las compañías energéticas valoran la voluntad de Núñez Feijóo y están dispuestas a negociar la extensión de la vida de las centrales, pero reclaman cierta celeridad en la toma de decisiones. Almaraz I, uno de los reactores de la central de Cáceres que comparte Iberdrola con Endesa y Naturgy, tiene previsto su cierre para noviembre de 2027 y necesita una decisión inminente para poder prepararse con aspectos como el combustible. De no hacerlo, la central debería proceder a su parada y posterior reactivación, con el coste económico y para el sistema energético que ello implicaría.
El resto de reactores irían cerrando en cascada si esta nueva política no entrara en vigor. Almaraz II lo haría en 2028 y, en 2030, Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). El siguiente cierre se produciría en septiembre de 2032 con Ascó II y culminará en 2035 cuando se apaguen en febrero Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara) en mayo.
Las nucleares tienden la mano
Los propietarios de estas centrales han preferido no hacer declaraciones ante la consulta de Vozpópuli. No obstante, hace tres meses, el Foro Nuclear, donde están representadas las cuatro energéticas, tendió la mano para esta opción.
“Si el Gobierno de España, responsable de la política energética, reconsiderase ese calendario, la industria nuclear española se pondría a su disposición para analizar las condiciones que se propusiesen, teniendo en cuenta que es esencial garantizar la viabilidad del parque nuclear español durante todo el tiempo que esté operativo”, explicaban desde el Foro.
Es decir, que si ambas partes acercan sus posiciones, esta extensión parece más que posible si Núñez Feijóo llega a la Moncloa.
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