La sostenibilidad del sistema público de pensiones lleva en entredicho desde hace ya muchos años, sin que el Pacto de Toledo acierte con las medidas definitivas para garantizar su futuro. El último intento de mejora ha provenido del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha sobrecargado las cotizaciones de empresas y trabajadores con un porcentaje extraordinario para revitalizar el fondo de reserva de la Seguridad Social (la hucha de las pensiones, como tradicionalmente ha sido conocida) y que sea capaz de asegurar las pensiones futuras de la llamada generación del “baby boom” cuando alcancen la condición de jubilados.
El problema del sistema no es la generación de nacidos en los años finales de los cincuenta y la década de los sesenta que dio lugar a un “boom” demográfico. El aumento de los nacimientos durante un par de décadas puede constituir un obstáculo temporal añadido, pero los problemas del sistema son estructurales.
Cada año se integran en el sistema entre 120.000 y 130.000 nuevas pensiones. Se puede comprobar a lo largo de los últimos quince años, con la excepción del año 2020, en el que apenas el número de pensiones se incrementó en 14.000. En 2009 y 2013, por ejemplo la diferencia entre las altas y las bajas del sistema se acercó a 140.000. En 2018 se elevó en 126.200 y 2019, en 106.550.
Pero el problema no está sólo en el número de personas que se suman al sistema, sino en las condiciones económicas en las que lo hacen: las pensiones medias de las nuevas altas son entre un 27% y un 37% superiores a las que percibían las bajas del sistema a las que “sustituyen”. Y eso, año tras año, va generando un inmenso agujero económico.
Basta con mirar la nómina mensual de las pensiones. La última corresponde al mes de noviembre y ha ascendido a 10.280 millones de euros, sin contar, como es lógico, la paga extraordinaria que se abona en ese mismo mes. Teniendo en cuenta que el Estado tendrá que abonar una “paguilla” a comienzos del año próximo para compensar a los pensionistas su mala previsión sobre el comportamiento de los precios, un mes cuesta alrededor de 12.470 millones de euros.
Las pensiones medias de las nuevas altas son entre un 27% y un 37% superiores a las que percibían las bajas del sistema a las que “sustituyen”. Y eso, año tras año, va generando un inmenso agujero económico
Pero claro, el Gobierno se ha comprometido a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y en 2022 el coste mensual se irá por encima de los 10.700 millones. Teniendo en cuenta la llegada de otros 110.000 (al menos) jubilados al sistema a lo largo de 2022, la nómina del mes de diciembre del próximo año rozará los 11.000 millones de euros. En tan solo dos años, se va a pasar de un coste mensual de 10.000 millones (enero de 2021) a 11.000 millones (enero de 2023). Son 14.000 millones más al año. Baste recordar que en el año 2011 la nómina media mensual era de 7.200 millones de euros.
Cada año se dan de alta en el sistema público más de medio millón de pensiones (solo en dos ocasiones, 2006 y 2007 no se alcanzó ese umbral) en todas sus fórmulas (incapacidad permanente, viudedad, orfandad, jubilación y favor de familiares). Entre enero y octubre de este año la cifra alcanza los 497.671, de las que 268.436, el 54%, son de jubilación. Al mismo tiempo causaron baja 406.898 pensiones, de las que 245.084 eran de jubilación. La diferencia a favor de las altas es de 90.773 para el conjunto de las pensiones y de 23.352 en el caso de las de jubilación. En los últimos diez años la media en el primero de los casos ha sido de 107.000 y de 35.800 en el caso de las pensiones de jubilación.
El ejercicio más extraordinario corresponde a 2020, como consecuencia de la irrupción de la pandemia del coronavirus. Por primera vez en el pasado reciente hubo más bajas en el sistema por el lado de las jubilaciones y apenas 13.900 altas más en el conjunto de las pensiones del sistema.
Brecha entre los pensionistas
La brecha entre lo que cobra de media un jubilado en el momento de entrar en el sistema y lo que percibía otro que ha causado baja en el mismo se ha mantenido prácticamente constante, por encima del 35%. En el año 2005 alcanzaba lo 191 euros, cantidad que se ha ido elevando paulatinamente hasta los 325 euros mensuales en el año 2010 o los 448 euros del año 2015.
Con datos de noviembre, la diferencia a favor de los que se incorporan al sistema es de más 400 euros, lo que plantea una grave problema económico, teniendo en cuenta que cada mes se pagan 6,2 millones de pensiones de jubilación y más de 2,35 millones de pensiones de viudedad, muy vinculadas a las primeras.
En el caso de la media de las pensiones del sistema, las diferencias a favor de las nuevas altas se han movido en el entorno del 27%. En los últimos diez años la brecha estaba por encima de los 210 euros mensuales, aunque en los diez primeros meses de este año ha bajado a alrededor de 190 euros.
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