La subida de los tipos de interés y también el aumento de la deuda de las comunidades autónomas empieza a causar estragos en sus cuentas. A la espera del 20% de la condonación a Cataluña anunciada por Pedro Sánchez para obtener el apoyo de los partidos independentistas, que podría extenderse a las demás regiones, las CCAA han tenido que dedicar en el último año 6.480 millones de euros (2.752 millones más que en el ejercicio anterior) para pagar los intereses de la financiación del agujero, de los cuales casi una cuarta parte corresponden a Cataluña.
La cifra se acerca a los 1.100 millones en sólo los dos primeros meses de 2024 con un alza del 30%, es decir, 244 millones más que hace un año, de los que 174 millones corresponden a mayores intereses devengados por los préstamos de los fondos estatales sin que se atisbe una fecha cierta de reducción de la escalada de tipos mientras crece imparablemente el principal de la deuda.
Y que las autonomías están teniendo problemas con la gestión de su pasivo, lo demuestra el dato de que las 17 regiones han registrado un repunte del pago de intereses del 74% (la previsión presupuestaria inicial era del 18%) frente al 6% de la Administración Central. Esta cifra, que representa, por ejemplo, un tercio del dinero que emplean las regiones a inversión pública y que equivale a la mitad de su déficit registrado en 2023, se ha duplicado (104%) en tan sólo dos años, es decir, desde que comenzó la escalada del precio del dinero por parte del BCE para combatir la inflación.
Esos 6.500 millones de gasto se aproximan a los que se registraban en los años de la segunda recesión económica (2013 y 2014) cuando el PP creó un ‘paraguas’ para garantizar la financiación autonómica, que ha ampliado el PSOE mediante fondos estatales extraordinarios e incluso adelantando recursos.
En aquellos años, el coste financiero anual superó los 7.000 millones con una deuda sensiblemente inferio,r pero el gasto era más elevado, también por lo tipos, porque los mercados exigían el pago de extratipos que se han ahorrado con las subvenciones y la protección de ‘papá Estado’. Sólo tres regiones (Madrid, País Vasco y Navarra), con el propósito de no depender del control y de la vigilancia del Gobierno, no se han adscrito al catálogo de fondos del Estado para hacerse cargo del aseguramiento del pasivo.
Los 17 gobiernos autonómicos han registrado un repunte del pago de intereses del 74%, frente al 6% de la Administración Central
Todo esto sucede en plena finalización de los programas de asunción de deuda por parte del BCE y con el regreso de las reglas fiscales para España. Lo que aventura que va a continuar la tensión. El Estado ‘sostiene’ con tipos subvencionados el 61% (198.000 millones) de esa deuda autonómica total (325.234 millones), mediante esos fondos que se han ido incrementando en los últimos años. Todo ello pone en evidencia que, sin el apoyo de ‘papá Estado’, muchas autonomías, que siguen pendientes de la reforma del sistema de financiación, no podrían haber sobrevivido. Estarían en quiebra porque tendrían que haber acudido a los mercados en busca de dinero con unos costes y primas de riesgo prohibitivos.
Impacto en Cataluña
En esta terna de afectados por el alza de tipos está, por ejemplo, Cataluña, la región más endeudada (casi 86.000 millones) en términos absolutos y con un mayor saldo acreedor con el Estado (supera los 74.000 millones). Es decir, el 86% de la deuda de esta región es con la Administración Central, con tipos subvencionados por debajo del mercado. Su gestión no es el mejor ejemplo de buena praxis financiera, ya que el agujero no ha dejado de crecer pese al alza de tipos y el movimiento ‘indepe’. Así, desde que comenzó el ‘procés’ en 2017, la deuda ha aumentado un 11% (8.500 millones más) y el alza llega al 450% desde el inicio de la crisis financiera en 2007 (71.000 millones más).
La comunidad es particularmente sensible a la evolución de los costes. En 2021, un año antes de que se iniciara la escalada con el repunte inflacionista, Cataluña dedicaba 703 millones a pagar los gastos financieros y en 2023 llega a 1.434 millones, es decir, al doble. Los datos son importantes ya que la deuda catalana, la segunda economía regional, llega a casi un tercio de su PIB frente al 13% de Madrid (casi 20 puntos menos), la primera economía autonómica. Y, en términos absolutos, se ha situado en el primer lugar del ranking y además lidera (junto a la Comunidad Valenciana) la deuda per capita regional con casi 10.800 euros frente a, por ejemplo, los 5.125 euros de Madrid.
Desde que comenzó el ‘procés’ en 2017, la deuda catalana ha aumentado un 11%. El alza llega al 450% desde el inicio de la crisis financiera en 2007 (71.000 millones más)
La velocidad del aumento de los costes financieros de las CCAA está siendo vertiginosa y empieza a generar una enorme dependencia presupuestaria ya que para satisfacer estos pagos se retarda o se suprimen otros más necesarios para el crecimiento económico, como la inversión pública o la reducción del déficit. Es la partida presupuestaria que más crece con diferencia. Su aumento es tres veces superior al de la inversión y siete veces más que la evolución de las prestaciones sociales de las regiones. Para tener una idea de la evolución de este gasto sólo hay que ver que, por ejemplo, la deuda catalana ha crecido un 2% en 2023, pero sus costes de financiación han aumentando un 38% y entre enero y febrero de 2024 el alza es ya del 33%.
Nueve regiones superan con creces el 100% de aumento de los costes de los intereses en el último año. Lo que está generando ya un principio de asfixia (se acerca al 5% de los gastos corrientes). En términos de PIB, el abono se ha duplicado en la mayoría de las regiones respecto al ejercicio anterior. Canarias (con una deuda de 6.518 millones de la que un 20% son fondos estatales) lidera el ranking de las regiones en que más han crecido los intereses. El aumento es del 191% (ha pasado de 67 a 195 millones en 2023). Le sigue Galicia, con una deuda de 12.170 millones (el 21% figura como acreedor el Estado) con un aumento del gasto financiero del 164% (ha pasado de 108 a 285 millones en el año).
Nueve regiones superan con creces el 100% de aumento de los costes de los intereses en el último año
La Rioja por su parte, con una deuda de 1.625 millones de la que el 57% depende de la gestión del Estado, ha aumentado un 160% sus intereses (ha pasado de 5 a 13 millones). Asturias, con un agujero de 4.243 millones de los que ‘papá Estado’ gestiona el 17%, ha subido el abono de intereses casi un 150% hasta los 132 millones. Extremadura, por su parte, con una deuda de 5.322 millones con un 60% de dependencia de los fondos estatales, ha sufrido un alza del coste financiero del 142% hasta los 133 millones.
Mientras, Castilla La Mancha, con una deuda de 16.156 millones (el 78% está en manos del Estado), ha incrementado este gasto un 138% hasta los 257 millones; Baleares, con 8.579 millones de deuda y una dependencia estatal del 60%, ha visto crecer sus costes un 123% hasta los 185 millones; la Comunidad Valenciana, con un agujero de casi 58.000 millones (42% de su PIB), de los que el Estado mantiene el 86%, ha elevado el pago de intereses un 122% hasta los 826 millones); y Castilla y León, con una deuda de 13.865 millones (el 14% depende del Estado), ha subido estos pagos un 107% hasta los 377 millones.
Muy cercano se queda el aumento de los costes financieros de Aragón (94% hasta los 221 millones) con una deuda total a fin de año de 9.186 millones (el Estado tutela el 62%); de Murcia, crece un 80% hasta los 175 millones, con una deuda de 12.139 millones (un 93% es con el Estado); del País Vasco, con un alza de sus costes financieros del 70% hasta los 283 millones mientras su deuda alcanza los 10.661 millones; de Andalucía, con un alza del 64% de este gasto hasta los 626 millones frente a los 381 del año anterior mientras que su deuda total se instala en los 38.649 millones (el 66% es con el Estado).
Le sigue Madrid, que no ha acudido a la subsidiación estatal, que ha aumentado un 50% sus costes financieros hasta los 1.196 millones en 2023 y que acumula una deuda de 35.875 millones. Mientras, en Navarra han crecido un 46% los costes de financiación de la deuda; un 38% en Cataluña y sólo un 11% en Cantabria.
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