La OCDE echa en cara al Gobierno la amnistía fiscal. La organización asegura que la norma aprobada por el ministerio de Hacienda impide la detección efectiva de delitos como el soborno o el blanqueo de capitales y sostiene que la medida ha causado “preocupación significativa” entre los inspectores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo.
Según el informe de 94 páginas que la OCDE ha elaborado sobre España y que remitido al Gobierno, el organismo cuestiona la promesa del Ejecutivo que planteó a los técnicos con los que se reunió. Entre los días 3 y 5 de julio de 2012, los inspectores de la OCDE se reunieron con representantes de los ministerios de Justicia, Exteriores y Economía. En esos encuentros, según revela el organismo, el Ejecutivo prometió que "si detectaba potenciales casos de blanqueo de dinero o de sobornos internacionales, lo reportaría de manera ordinaria a las autoridades judiciales”.
A fecha de hoy, según los datos de la OCDE, únicamente se ha producido una denuncia por lo que el organismo cuestiona la “detección efectiva” de ese tipo de fraude en sus conclusiones (lea aquí las conclusiones sobre la amnistía fiscal).
La amnistía fiscal ha causado “preocupación significativa” entre los inspectores de la organización
Según denunciaron los propios inspectores de Hacienda, el actual sistema informático de la Agencia Tributaria no permite a la inspección remitir al Sepblac (Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales, adscrito al ministerio de Economía y dependiente del Banco de España) los indicios de presuntos delitos de blanqueo de capitales, una figura penal que no quedaba protegida por la amnistía del ministro Cristóbal Montoro. Esa opacidad es fruto de la reforma que la Dirección General de Tributos introdujo en la amnistía fiscal para dar garantías a los bufetes de abogados de que sus clientes no serían perseguidos penalmente en el caso de que regularizaran sus delitos fiscales.
Algunas compañías pueden desgravarse sus gastos en sobornos
El organismo reprocha, además, que las legislaciones de Euskadi y Navarra presenten un vacío legal que permite que algunas de sus compañías se desgraven ante Hacienda el pago de sobornos en el extranjero e incluso que algunos de esos cohechos ni siquiera sean reportados porque no alcanzan los 120.000 euros, la cantidad que constituye el delito fiscal en España. La OCDE muestra su suspicacia ante las posibles deducciones e insta a Hacienda a inspeccionar “todos los gastos sospechosos, independientemente de su cuantía”.
La OCDE insta a Hacienda a inspeccionar “todos los gastos sospechosos, independientemente de su cuantía”
Entre los casos de actuaciones empresariales vascas cuestionadas, la OCDE menciona sin nombrar expresamente a la compañía el caso de Iberinco – Iberdrola en Letonia. La justicia letona acusó a la filial de la española de ingeniería y construcción de Iberdrola, de pagar 7,1 millones de euros en sobornos a cambio de la concesión de plantas energéticas. Iberdrola cesó a los cinco directivos responsables y la justicia de Raga mantiene todavía abierta su investigación. Sin embargo, los tribunales españoles archivaron la causa en junio de 2012 por “prescripción” del presunto delito.
En el lado positivo, la OCDE aplaude las medidas de Hacienda que obligan a los contribuyentes a informar de las cuentas que mantienen en el extranjero, medidas que describe como "encaminadas a mitigar el impacto de la amnistía fiscal".
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