El jueves se aprueba definitivamente la ‘Operación Canalejas’ en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, merced a la mayoría absoluta que maneja el PP en el consistorio. La oposición intervendrá en bloque denunciando un proyecto de ‘urbanismo a la carta’ y con toda seguridad se escucharán quejas que contengan la sospecha de que las obras han empezado antes de tiempo.
Una vez aprobado el proyecto, después del debate, en el que se espera conocer qué alegaciones han sido tenidas en cuenta, se trasladará a la Comunidad de Madrid para que lo convalide y, según palabras del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, las máquinas podrán entrar en el emblemático inmueble en enero.
Se guardaron el turno
Tal como anunció Vozpópuli, la semana pasada hubo Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, foro en el que las fuerzas de la oposición renunciaron a su turno de réplica, guardándolo para el Pleno del jueves. Ese día intervendrán por parte de la oposición Ángel Pérez, de IU, Marcos Sanz, del PSOE y Mariano Palacios, de UPyD.
Estos dos últimos serán los más beligerantes, no en vano los socialistas han recurrido ante el Tribunal Constitucional el proyecto y UPyD ha denunciado continuamente este proyecto, tildándolo de “urbanismo a la carta”, fruto de una confluencia de poderes fácticos: el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, ahora en sintonía (en los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre había un reconocido enfrentamiento), Emilio Botín (Santander) y Juan Miguel Villar Mir (OHL).
El proyecto prevé la reconversión de los siete edificios que forman la manzana entre la Plaza de Canalejas, las calles Sevilla, Alcalá y Carrera de San Jerónimo, en un hotel de lujo de la cadena Four Seasons, (todavía sin presencia en España) y un centro comercial de alto standing.
Más barato, pero más facilidades
Esto se aprobó a finales del pasado año, en una operación valorada en 215 millones de euros, cifra que supone una importante rebaja frente a los más de 350 que ofrecía R&P Palace, grupo que se intentó comprar el inmueble, presentando un proyecto realizado por el despacho del arquitecto Rafael de la Hoz, que debió modificarlo varias veces debido a las imposiciones de las autoridades para respetar el patrimonio artístico.
Finalmente, R&P no logró cerrar la financiación para el proyecto, perdiendo incluso los avales entregados a Santander, motivo por el cual el grupo inversor está en pelea judicial con la entidad financiera, reclamando la devolución de varias decenas de millones de euros. Esa es, sin embargo, otra historia ya.
Ahora, tanto fuentes expertas relacionadas con el mundo de la arquitectura como grupos políticos denuncian que la operación se aprobará rebajando la protección al inmueble que, evidentemente, es Bien de Interés Cultural (BIC), merced a una reforma legal realizada con posterioridad a la presentación del proyecto.
La oposición podrá levantar su voz y protestar dentro del cauce democrático este jueves. Entre otras cosas, dejarán caer que las obras han comenzado antes de tiempo, dado el enorme despliegue que hay ya, facilitando incluso accesos para camiones, en lo que parece “una demolición más que tareas de mantenimiento”, señalan desde un grupo opositor.
Entonces, ya solo quedará la apelación legal. Habrá que ver por dónde derivan esos derroteros.
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