La guerra por el despliegue de la fibra óptica ha librado una más de sus batallas. Orange denunció en su día ante la CNMC dificultades para el despliegue del último tramo de fibra, el que lleva el cable hasta el hogar del abonado, un tramo en el que los clásicos postes telefónicos de madera -los de toda la vida- son parte de la clave para trasladar la red, sobre todo en zonas rurales.
El operador francés reflejaba en su escrito a la CNMC "dificultades asociadas al despliegue de su red FTTH en zonas de baja densidad poblacional". Estas "dificultades", según el operador, suponían el retraso en el despliegue de la fibra óptica. A esta reclamación se unieron Vodafone, MásMóvil, Euskaltel, R Cable y AOTEC (Asociación Nacional de Operadores y Servicios de Telecomunicaciones.
Tras un largo cruce de alegaciones entre Telefónica y el resto de los operadores, la CNMC ha decidido modificar la llamada oferta MARCo, que no es más que el pliego de condiciones que estipula "la obligación de transparencia y de no discriminación en las condiciones de acceso a las infraestructuras de obra civil de Telefónica. Esta oferta recoge un conjunto de servicios que Telefónica debe prestar para facilitar dicho acceso, sus condiciones técnicas, económicas y procedimientos asociados", explica el organismo público.
Postes de madera
Parte de los despliegues de fibra se realizan a través de los tradicionales postes de madera que, como el toro de Osborne, son un clásico del horizonte español.
Estos postes, construidos para soportar el peso de las conexiones de fibra de antaño, no son capaces de soportar el peso de los gruesos cables de fibra actual.
Cuando un operador solicita el acceso a uno de estos postes para tender su red, si se da el caso de que existe la necesidad de reforzarlo con hormigón o cambiarlo por uno más robusto, ese mismo operador debe abonar el coste del cambio completo de dicho poste. Es algo con lo que los operadores competencia de Telefónica no están de acuerdo, y que pusieron, como hemos dicho, en conocimiento de la CNMC, a quien exigieron que, al menos, Telefónica pagara la mitad de las obras de reforma, dado que su red pasa también por estos postes.
Tras un cruce de alegaciones y más alegaciones entre Telefónica y el resto de los operadores, la CNMC ha decidido modificar la llamada oferta MARCo
"Vodafone coincide con Orange en que Telefónica debería asumir al menos el 50% de los costes de sustitución de los postes, o bien que el coste de los nuevos postes de hormigón sea compartido por los sucesivos operadores y por la propia Telefónica en proporción al número de cables/fibras que tengan instalados cada uno de ellos. También propone que cuando la suma de las tensiones máximas de los cables de Telefónica exceda la tensión nominal del poste, la sustitución íntegra del mismo sea asumida por Telefónica", explica Competencia en un documento público.
Además, alegaban que no se tenía conocimiento en ningún caso de lo que supone en cada caso el precio del refuerzo o instalación de un nuevo poste.
Estudio de viabilidad
La CNMC ha decidido, para contentar a los operadores que reclaman los cambios, que Telefónica realice un estudio previo de viabilidad y coste de la modificación para que los operadores decidan si acometer o no la obra.
"La sustitución de los postes queda supeditada exclusivamente a lo que determine el estudio de cargas. Cuando la sobrecarga ocasionada por el nuevo tendido del operador exceda la tolerancia del poste, pero, sin embargo, pueda solventarse mediante la ubicación de elementos de refuerzo, Telefónica no requerirá al operador su sustitución. El estudio de cargas que Telefónica remite a los operadores especificará esta solución cuando, según lo indicado, sea de aplicación. Es decir, el resultado del estudio de cargas para cada poste solicitado por el operador podrá concluir con los estados: viable, viable condicionado (requiere refuerzo o bien sustitución) o inviable", concluye la CNMC.
Una decisión que convence a Orange. Desde la compañía francesa aseguran que se atiende a su demanda de "adecuación de las condiciones para el uso de postes en general en condiciones no discriminatorias".
Acceso a las infraestructuras
Tal y como explica la CNMC, "el Servicio de Información de Conductos y otros elementos de obra civil permite a los operadores conocer la infraestructura de obra civil de Telefónica. En particular se facilita a los operadores acceso remoto a un sistema de información que muestra la ubicación de los conductos, elementos de registro y postes de Telefónica sobre una representación cartográfica de calles y edificios. Los distintos elementos de registro se identifican con un código para facilitar su referenciación".
Los operadores competencia de Telefónica tienen derecho a utilizar esas infraestructuras para llevar la fibra a sus clientes. Para ello, se debe realizar lo que se denomina una "actividad de replanteo" a través de la cual se concretan los elementos sobre los que se puede realizar el uso compartido.
La CNMC ha aceptado las peticiones y ha aprobado un máximo de 4.000 peticiones de uso de infraestructuras
De esta manera, la oferta MARCo establece unos cupos que determinan el número máximo de elementos de registro (cámaras, postes o arquetas) cuyo uso puede solicitar cada operador con carácter semanal.
En concreto, se establecen los siguientes límites máximos: 4.000 registros semanales en zonas urbanas y 2.000 en las zonas en las zonas rurales. Estos límites no son acumulables: el valor agregado en ambas zonas no puede superar los 4.000 registros.
Es ahí donde viene la queja por parte de los operadores, que consideran que en las zonas de baja densidad poblacional el número de viviendas pasadas por cada elemento de registro es menor que en zonas urbanas, por lo que el criterio, consideran, no es adecuado. Losa demandantes proponían aplicar un cupo más amplio, de 4.000 registros semanales por operador, sin diferencia entre zonas. El objetivo es, según las compañías que s enfrentaron a Telefónica, que el despliegue de fibra sea más rápido, posibilidad que les otorga una ventaja competitiva.
La CNMC ha aceptado las peticiones y ha aprobado un máximo de 4.000 peticiones de uso de infraestructuras independientemente de la zona -rural o urbana-.
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