Hace unos días, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defendió en el Congreso de los Diputados la necesidad de un pacto de rentas, un acuerdo entre empresas y trabajadores, dentro del marco del diálogo social, “para compartir la inevitable merma de renta nacional que implica el aumento de los precios de las importaciones de materias primas, bienes de los que no disponemos, pero que necesitamos para la producción y el consumo nacional”.
Este “pacto de rentas” incluiría no sólo a empresas (para evitar trasladar la inflación al margen de beneficio) y trabajadores (para que moderen sus pretensiones de aumento de los salarios), sino también a pensionistas y funcionarios. La recomendación no ha sido muy bien recibida por el Gobierno y la “guerra” entre ambas partes entra en una dialéctica aún más áspera, donde se cuestiona hasta dónde llegan la competencia y la independencia del banco central.
La realidad, sin necesidad de que los agentes sociales hayan movido ficha para emplazarse a una negociación, es que la prudencia se está imponiendo en la negociación colectiva. Cerca de 5,4 millones de trabajadores han firmado o renovado su convenio colectivo este año con una subida media del 2,4%, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, tres veces por debajo de la inflación media en lo que va de año, el 8,1%, de acuerdo con la cifra del mes de mayo adelantada por el Instituto Nacional de Estadística. en el 1,78%.
Los vinculados al sector servicios, el que más mano de obra emplea y donde se concentra el 70% del desempleo, se han quedado en el 2,07% y los de la agricultura, en el 1,78%. La mayor parte de los trabajadores acogidos a los convenios firmados, 3,42 millones (el 64% del total), se ha tenido que conformar con subidas de entre el 1,16% y el 1,96%.
Cerca de 5,4 millones de trabajadores han firmado o renovado su convenio colectivo este año con una subida media del 2,4%
Los acuerdos alcanzados en los cuatro primeros meses de cada año son una fotografía casi fija de lo que acaba sucediendo en el conjunto del ejercicio. Un repaso a la estadística de los últimos cinco ejercicios lo confirma. En 2017, entre enero y abril se habían firmado acuerdos que afectaban a 4,14 millones de trabajadores (el 59% del total del año), con una subida media del 1,27%, que en diciembre subió al 1,43%.
En 2018 pasó lo mismo (una variación del 1,56% al 1,76%) y en 2019, último año al que se pueden referir las comparaciones para hacerlas lo más homogéneas posibles, en los cuatro primeros meses habían firmado sus condiciones salariales 6,9 millones de trabajadores (el 70% del total), con una subida media del 2,21, que se elevó, finalmente, al 2,33% para todo el año.
En los cinco primeros meses del año y a la espera de que el INE confirme el dato adelantado del IPC del mes de mayo (8,7% de variación interanual), la inflación media está en el 8,1%, mientras la subyacente, la que excluye los alimentos frescos y los productos energéticos, se eleva al 4,9%.
Avisos sobre el pacto de rentas
El principal miedo del Banco de España no parece radicar tanto en los los acuerdos salariales que puedan alcanzar empresarios y trabajadores, como en las revalorizaciones automáticas de las pensiones sobre la base del IPC o las subidas que los Presupuestos Generales del Estado fijen para los funcionarios. Pero eso será ya para el próximo año En ambos casos, son decisiones que emanan del Gobierno y que entrañan mucho riesgo en una economía como la española, que va a sufrir un nuevo retraso en el proceso de recuperación gradual en el que lleva inmerso en los últimos años.
Frente a las dudas que Banco de España tiene sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, en el que las futuras subidas están referidas al IPC, los datos que defiende el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, avalan, al menos temporalmente, sus argumentos, en el sentido de el gasto adicional que supondrá es asumible por el sistema mientras el empleo mantenga su buena racha de los últimos meses.
Las cotizaciones sociales han dejado en la Tesorería de la Seguridad Social 34.255 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone un incremento del 6,39% en relación con el mismo periodo de 2021 (2.058 millones más), un porcentaje por encima de la inflación media de los últimos doce meses móviles.
Ingresos por ocupado
Los ingresos de los ocupados han experimentado un aumento interanual del 7,8% (+2.225 millones), a pesar que el procedente de los desempleados ha caído un 11,2% (-268 millones), por la buena dinámica del mercado laboral en los últimos meses. La previsión de recaudación para el conjunto del año es de 136.345 millones de euros, 11.200 millones más que en 2021 (+8,95%). En el régimen general, el incremento de los tres primeros meses del año es del 8,9%, mientras en el de trabajadores autónomos se queda en el 5,3%
Las pensiones contributivas han subido este año un 2,5%, la inflación media interanual entre lo meses de diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Para este año, el gasto en pensiones ascenderá a 171.165 millones de euros, un tercio del total presupuesto consolidado. Si la inflación se mantuviera en los niveles actuales, algo que no parece descartable, el gasto para 2023 superaría los 185.000 millones de euros, 14.000 millones más. Con la nómina de los funcionarios (+2%) ocurre algo parecido, aunque las cifras totales son algo inferiores.
Ahí residen las diferencias entre lo que prevé el Banco de España y lo que ve factible el ministro Escrivá. Cualquier variación sobre un montante total de más de 300.000 millones es demasiado importante. Cada punto porcentual de aumento equivale a 3.000 millones de euros, que al año siguiente, además, se quedan en la nómina.
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