Semana clave en el Pacto de Toledo. La Comisión parlamentaria se reúne de nuevo el miércoles con la idea clara de intentar cerrar un acuerdo sobre la revalorización de las pensiones, el punto que ha mantenido encalladas las negociaciones durante meses. Justo ahora que se cumplen dos años del inicio de los trabajos, los grupos se han puesto de acuerdo en la necesidad de cerrar cuanto antes este punto y poder seguir avanzando para enviar las recomendaciones al Gobierno en octubre.
La revalorización de las pensiones ha sido sin duda el punto más conflictivo de las negociaciones durante estos dos años. Cuando los partidos se sentaron a negociar en septiembre de 2016 aún estaba plenamente vigente la reforma del sistema que hizo el PP en 2013, que incluía un nuevo índice de revalorización en sustitución del IPC, que pretendía ajustar el gasto del sistema y que condenaba a las prestaciones a la cuasi congelación durante años.
Las posiciones empezaron enfrentadas porque varios grupos llevaban tiempo reclamando la derogación de la reforma de 2013 y la vuelta al IPC, pero lo cierto es que esa idea tenía poca fuerza cuando se sentaron por primera vez los grupos. Fue cogiendo cada vez más fuerza cuando los pensionistas empezaron a perder poder adquisitivo en el año 2016 y cuando lo volvieron a hacer en 2017. Hasta entonces el índice que había diseñado el PP no había impactado en el bolsillo de los jubilados.
Los jubilados salieron a la calle para reclamar pensiones dignas y consiguieron que el propio PP sentenciara a muerte su propia reforma
Y es que los pensionistas empezaron a notar el impacto de la reforma y decidieron salir a la calle para reclamar prestaciones dignas a principios de 2018, justo cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy negociaba con los partidos la aprobación de las cuentas. Las manifestaciones elevaron la presión sobre el Gobierno y sobre los grupos políticos y acabaron provocando que el propio PP sentenciara prácticamente a muerte a su propia reforma.
Rajoy aceptó la propuesta del PNV de subir las pensiones un 1,6% en 2018 y 2019 para asegurar el poder adquisitivo y posponer la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, la segunda pata de la reforma de 2013 con la que se pretendía ligar las pensiones a la evolución de la esperanza de vida a partir de 2019. Este factor iba a ser otro gran elemento corrector sobre las nuevas pensiones. Las subida de los PGE han hecho que la pensión media supere los 1.100 euros por primera vez.
Y ese cambio de actitud del Partido Popular, que tan duramente había criticado el IPC como método de revalorización, supuso un antes y un después en las negociaciones del Pacto de Toledo. Tanto es así que, en el mes de abril, la Comisión estuvo realmente cerca de cerrar un nuevo índice que iba a pivotar sobre el IPC, pero que iba a tener también en cuenta otros elementos, como la evolución del PIB o los salarios, para minorar las subidas.
La moción de censura
¿Por qué no se llegó a un acuerdo? La moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa generó un cambio de fuerzas en la Comisión que puso de nuevo al contador a cero. Los partidos de la izquierda, que son los que reclamaban la vuelta al IPC, se hicieron fuertes y se negaron a moderar las subidas de precios. La necesidad de asegurar totalmente el poder adquisitivo de los pensionistas iba ganando adeptos.
El cambio en la dirección del PP paró de nuevo las negociaciones, como ya había pasado antes con las primarias del PSOE y con la crisis catalana. Y es que, curiosamente, aunque la Comisión del Pacto de Toledo se creó precisamente para desligar el debate de las pensiones de los asuntos políticos, las crisis que se han producido a lo largo de estos dos años han afectado y mucho a las negociaciones.
Las dos redacciones que estaban sobre la mesa, están un poco viciadas, se buscará una redacción nueva que guste a todas las formaciones
Y ahora que se han casi superado estos obstáculos, los partidos creen que ha llegado el momento de cerrar un acuerdo y dar ejemplo. Hoy todas las formaciones intentan dejar atrás sus diferencias y pactar una recomendación que asegure el poder adquisitivo de los pensionistas. Y el IPC es el camino. La fórmula definitiva podría incluir algún elemento más, pero siempre para mejorar el IPC, no para empeorarlo. No habrá diferencias en épocas de crisis y en épocas de bonanzas y no se distinguirá a los pensionistas por ingresos.
Las dos redacciones que hasta ahora estaban sobre la mesa, una redactada por la izquierda y otra por la derecha, están ya muy viciadas. Todo apunta a que se firmará una redacción nueva en la que se puedan reconocer todos los grupos, que no incomode a ninguno y que envíe un mensaje claro al Gobierno: hay que asegurar sí o sí el poder adquisitivo de los jubilados y hay que hacerlo desde el consenso.
Lo que está claro es que el Pacto de Toledo está decidido a zanjar el debate cuanto antes y conseguir unas recomendaciones consensuadas. Si, tal y como pretenden, cierran esta conflictiva recomendación esta misma semana, podrán avanzar rápidamente en lo que queda para enviar el texto al Gobierno en el mes de octubre. Y el Ejecutivo tendrá que coger el testigo y ponerse a trabajar cuanto antes con los grupos y los agentes sociales en la reforma que quiere plantear antes de que acabe la legislatura. No será una tarea fácil, eso seguro.
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