El mantenimiento de la cada vez más amplia red de carreteras del Estado se convertirá en uno de los debates de la próxima legislatura. El actual Gobierno ya trató de poner encima de la mesa la posibilidad de implantar el pago por uso de las autopistas cuando llegó al poder a mediados de 2018 pero la imposibilidad de extender su mandato más allá de unos pocos meses dejó en el aire la decisión final. El Ejecutivo que resulte de la próxima consulta electoral deberá tomar una decisión al respecto.
Eso sí, será complicado que alguno de los partidos que concurre en las urnas adelante sus intenciones en este terreno por tratarse de una medida notablemente impopular. El significativo silencio que mantienen en este capítulo es notablemente esclarecedor, hasta el punto de que ni siquiera José Luis Ábalos, actual ministro de Fomento en funciones y quien decidió crear una subcomisión en el Congreso para iniciar el debate sobre la cuestión, se quiso pronunciar la última vez que fue preguntado. "No voy a decir lo que pienso porque se arma una de las buenas", apuntó de forma gráfica.
No obstante, la postura del Gobierno en este asunto es bien conocida: las partidas presupuestarias son incapaces de cubrir la inversión necesaria para el correcto mantenimiento de la red de carreteras de alta ocupación, que acumula un significativo déficit. A esto cabe sumar la decisión de no renovar las concesiones de peajes que van llegando a su vencimiento, lo que incrementa el número de kilómetros a mantener.
En su día, el Gobierno del Partido Popular también se posicionó en contra de prorrogar las concesiones que llegaran a su fin. Por el contrario, era partidario de volver a sacar al mercado las concesiones de última generación que entraron en quiebra y que hubieron de ser rescatadas por el Estado. Una idea revertida por el Ejecutivo socialista, que decidió que fuera la propia Administración Pública quien gestionara los activos durante los próximos cuatro años. Una nueva carga para el ajustado presupuesto para mantenimiento.
Agravio en el transporte
Desde la empresa privada hace tiempo que se insiste en la necesidad de implantar un sistema de pago por uso. Los sectores de la construcción y las concesiones recalcan que en España apenas el 20% de la red de alta ocupación es de pago mientras que la proporción en la mayoría del resto de socios de la Unión Europea es justamente la contraria.
Mientras, el sector del transporte de mercancías denuncia sistemáticamente que la carretera goza de una situación de privilegio frente al ferrocarril y al avión, ámbitos en los que sí está establecido el pago por uso.
Independientemente del resultado electoral del próximo 10 de noviembre, el consejo de ministros tendrá que pronunciarse al respecto y todo apunta al cambio de modelo. La prudencia de Ábalos a la hora de desvelar la propuesta socialista está relacionada con la información publicada por El País durante el pasado mes de agosto (aun con las negociaciones abiertas para formar Gobierno tras los comicios de finales de abril) que aseguraba que Fomento estudiaba seriamente la posibilidad de establecer el pago generalizado por el uso de las autopistas y autovías.
El tono de la reacción fue tan negativo que el Gobierno, ya en funciones, tuvo que reaccionar y calificar la noticia poco menos que como serpiente de verano. No es probable que el mensaje aparezca en plena campaña electoral. Pero la idea está en la mayoría de las agendas de los partidos. Una historia diferente será la manera de hacerla efectiva.
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