Los pagos con tarjeta ya casi duplican al uso en efectivo en España. La pandemia ha acelerado el cambio de hábito de los consumidores y ha marcado una nueva tendencia imparable. Según los últimos datos del Banco de España, en 2021 el gasto con tarjera superó los 195.246 millones de euros frente a los 111.131 millones que se hicieron con efectivo.
Las operaciones de compras en puntos de ventas con TPV se incrementaron un 21,61% frente a 2020 y el uso en efectivo sólo creció un 8%, frente a la caída 18,36% en 2019 debido al confinamiento provocado por la covid-19. Estos datos hacen constatar que existe una tendencia clara hacia el uso del dinero digital frente al físico, que ya se venía dando en la última década pero que se ha acelerado por las restricciones sanitarias.
No en vano, el número de tarjetas de crédito y debito en circulación en nuestro país ya superan la cifra récord de los 88 millones, cinco millones más que antes de la pandemia.
Este cambio de rumbo es tan importante, que incluso ha llegado al Congreso de los Diputados. En una comparecencia, el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, puso los pagos con tarjeta como ejemplo para explicar el fenómeno que supone que "en los últimos seis años, el cumplimiento voluntario de los contribuyentes se haya incrementado y las bases imponibles crecen más que las magnitudes económicas, fenómeno que se observó incluso en 2020".
El director de la Agencia Tributaria ha admitido que los pagos en efectivo no son todos sinónimo de fraude pero sí que ha destacado que hay una relación constatable, con lo que ha celebrado esta evolución hacia las tarjetas.
Pagos con tarjeta para reducir el efectivo
Los gobiernos españoles lideran una ofensiva contra los pagos en efectivo desde hace una década. La inició la Hacienda de Cristóbal Montoro, que en 2012 limitó estos pagos a 2.500 euros si interviene un profesional. Desde 2016, anunciaba que endurecería la norma y rebajaría el límite a 1.000 euros, cambio que no llegó a producirse y que muy pronto incorporó como propio el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Finalmente, la Ley de Lucha contra el Fraude en vigor desde el pasado 10 de julio ha reducido el límite a 1.000 euros. "No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera", establece la norma.
Este endurecimiento del tope mantuvo, para disgusto del comercio, la limitación a los pagos de particulares a empresas (compras) o profesionales, ya que buscaban que sólo operara para empresarios. Sin embargo, la intención inicial del Gobierno eran endurecerlo aún más y que afectara a todos los pagos, también entre particulares. El PSOE ha llegado a presentar proposiciones no de ley para vetar el uso de efectivo.
España puede estar por debajo de los niveles de implantación del pago con tarjeta de países como Noruega y otros nórdicos, pero los objetivos del Gobierno son muy ambiciosos. Esta política puede bordear la ilegalidad, según un informe del Banco Central Europeo (BCE), que advierte de que "dificulta notablemente" la liquidación de operaciones legítimas realizadas a través del uso de efectivo como medio de pago, "con lo que compromete el concepto de curso legal consagrado" en los Tratados de la UE.
El BCE añade que además se corre el riesgo de favorecer la exclusión financiera de determinados colectivos. Un asunto sobre el que el Gobierno ha puesto ahora el foco en los relativo a la exclusión de la atención bancaria a los mayores. Además, acaba de aprobar el anteproyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente.
Esta preocupación el Ejecutivo no se ha extendido de momento al ámbito de la Agencia Tributaria, que ha digitalizado ya por completo la Campaña de la Renta desde 2018, con los volúmenes que mueve. La última Campaña ha empezado este miércoles y se extienda hasta el 30 de junio.
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