La economía sumergida aflora en silencio bajo el conflicto que los agricultores mantienen con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. El sector agropecuario, que en 2019 recibió casi 4.200 millones de euros en ayudas directas de la PAC y exige más apoyos al Estado, lidera el fraude a la Seguridad Social por el empleo de trabajadores en negro y tributa muy por debajo de sus ingresos reales, según los técnicos de Hacienda.
Las 47.149 sociedades agrarias registradas en nuestro país acumulan 55.314 millones de euros en activos, según los datos de 2017 de la Agencia Tributaria. Sin embargo, en promedio, las empresas del sector declararon haber obtenido un beneficio de apenas 3.234 euros anuales y el 87,6% de los empresarios agropecuarios no cuentan con empleados asalariados en plantilla.
"La práctica nos dice que reiteradamente hay fraude a la Seguridad Social en la contratación de trabajadores en el sector agropecuario, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Es el sector con mayor fraude en el ámbito laboral", afirma José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).
La economía sumergida en el sector agrícola alcanza hasta el 90% en algunas provincias, según un informe elaborado por la Federación Agroalimentaria de CC.OO. cruzando datos oficiales entre los años 2003 y 2013. Sólo durante el primer semestre del último año analizado por el sindicato en ese estudio, se dejaron de declarar 13,66 millones de jornadas laborales en el sector.
Pagar a sus empleados en negro, recurrir empresas de trabajo temporal de ámbito rural y crear sociedades interpuestas son, según los técnicos de Hacienda, algunos de los métodos usados con frecuencia por los agricultores para evitar dar de alta a sus trabajadores.
"Otro método habitual es el de dar de alta a un empleado solo por media jornada, por si llega una inspección, y pagarle el resto en negro", indica Mollinedo.
Los productores se defienden
Sin embargo, los agricultores rechazan las acusaciones. Eduardo López, representante de Relaciones Laborales de COAG, asegura que la contratación de mano de obra en negro "ya no se da" en el campo español. "Ocurría hace 15 o 20 años, pero ahora hay unas sanciones muy duras y no merece la pena jugártela", afirma.
No obstante, López destaca el "sinsentido" de que ante la escasez de mano de obra autóctona que sufre el sector, el Gobierno y la Unión Europea no se planteen la posibilidad de facilitar la contratación de inmigrantes de forma legal.
"Si tú quieres dar trabajo a un inmigrante sin papeles, te exigen que él demuestre al menos tres años de arraigo en España. Es una hipocresía tremenda que se les permita permanecer en el país pero no trabajar legalmente", añade.
Baja tributación
Además del fraude en la contratación de empleados, los técnicos de Hacienda destacan que el sector agropecuario tributa muy por debajo de sus ingresos reales y ponen como ejemplo que el 44,1% de las sociedades agropecuarias declara pérdidas.
"Claramente no se están declarando los ingresos reales. Sólo el 55,9% de las empresas agrícolas declara beneficios. No podemos aceptar como cierto que casi la mitad esté en pérdidas y que la inmensa mayoría tenga beneficios ínfimos. Sería un sector ruinoso, las cantidades que se declaran son ridículas", asegura José María Mollinedo.
Para el secretario general de Gestha el principal problema es que la ley permite desde los años noventa que las explotaciones agropecuarias puedan tributar por el régimen de módulos, como autónomos y no como sociedades, siempre que no su facturación no supere los 250.000 euros anuales.
"Esto hace que muchas veces dividan la propiedad de una explotación agraria entre varios integrantes de la familia, para que ninguno de ellos sobrepase los 250.000 euros, y además en muchos casos recurren a sociedades para deducir gastos de producción", afirma Mollinero, quien recomienda al Gobierno eliminar el régimen de módulos en el sector en un plazo de cuatro años.
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