El alto nivel de endeudamiento de la economía española y el desequilibrio anual entre los gastos y los ingresos públicos, se ha convertido en congénito desde el regreso de la democracia en 1977, con las únicas excepciones de los años 2005, 2006 y 2007. Y las sempiternas dudas sobre la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones y la generosidad de las prestaciones por desempleo se han convertido en el epicentro de las advertencias de los organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, a la hora diagnosticar el estado de nuestra economía.
El último informe anual del Banco de España, referido a 2022, no iba a ser una excepción. En su presentación, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señala, al referirse a un hipotético programa de reformas estructurales que permitan la convergencia sostenible con Europa, cita todos los puntos anteriores, y manifiesta la necesidad de “hacer compatible la protección de los colectivos más vulnerables con unos incentivos adecuados a la oferta de trabajo, lo que, en su opinión, exigiría una mayor coordinación de las políticas activas y pasivas de empleo”.
Una forma muy sutil de identificar la “generosidad” del sistema de protección del desempleo como una de las causas del elevado componente estructural de la tasa de paro de España en relación con el resto de las economías de la Eurozona. Las principales instituciones nacionales y organismos independientes han criticado el sistema actual por el tiempo de duración de las percepciones (muy superior a las de economía comparables); y por su cuantía, en muchos casos, superior a la del salario que el trabajador cobraba cuando estaba ocupado.
España es uno de los países de la Unión Europea en los que las prestaciones por desempleo suponen un mayor porcentaje del Producto Interior Bruto, concretamente el 3,6%, el mismo que Austria, de acuerdo con los últimos datos comparativos que ha hecho públicos Eurostat, correspondientes a 2020.
El ranking está encabezado por Chipre, con el 3,7% de su PIB. La media de la UE es del 2,2% y economías muy desarrolladas como Alemania, Holanda, Dinamarca o Suecia, gastan entre el 1,7% de la primera y el 1% de la última. Italia se queda en el 3% y Francia en el 3,2%. El conjunto de la UE gasta en desempleo cada año cerca de 175.000 millones de euros.
El 58% de quienes cobran el subsidio por desempleo lo hace por ser mayor de 52 años y el 20% por haber agotado la prestación contributiva
En los últimos cinco años, España ha destinado a cubrir las prestaciones por desempleo un total de 107.379 millones de euros, de acuerdo con las cifras que figuran en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Para el ejercicio en curso, la dotación presupuestaria es de 21.278 millones, ligeramente inferior a la del año anterior.
La mejoría de la actividad económica en los últimos trimestres ha posibilitado un descenso de esta partida, a pesar de que se aumentó del 50 al 60% de la base reguladora la prestación contributiva y se elevó el multiplicador del IPREM para calcular e incrementar el subsidio.
Según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondientes al mes de marzo, en España había un total de 1.787.538 beneficiarios de algún tipo de prestación por desempleo, de los que 780.281 (el 43,65%) tenían derecho a una prestación contributiva por haber cotizado a la Seguridad Social el mínimo de años correspondientes; 750.538, el 41,98% del total, cobraban un subsidio; 73.144 (el 4,09%), la renta agraria; 82.996, el 4,64%, el subsidio agrario; y 100.579, la renta activa de inserción.
La renta y el subsidio agrarios están circunscritos a los trabajadores de Andalucía y Extremadura, exclusivamente, y la RAI, otra prestación no contributiva, a desempleados que no perciben otras ayudas y acreditan especiales dificultades de reinserción en el mercado laboral. En definitiva, el 52,25% de los beneficiarios percibe un subsidio.
Máximo legal
Uno de los datos que más llama la atención al analizar las estadísticas del SEPE es que uno de cada cuatro perceptores de la prestación contributiva (la que se cobra tras haber adquirido los derechos correspondientes a través de las cotizaciones sociales) puede hacerlo durante 24 meses, el tiempo máximo que marca la ley. Sin embargo, el número de personas que puede percibir la ayuda durante 12 meses apenas llega al 5,8%.
Casi la tercera parte de los perceptores de la prestación contributiva tiene más de 50 años, por lo que al acabar el plazo cobrará directamente un subsidio hasta que cumpla la edad reglamentaria de jubilación. Según el SEPE, el periodo medio de derechos adquiridos permite el cobro durante catorce meses y medio.
El subsidio por desempleo es el segundo escalón dentro de las percepciones cuando se pierde el puesto de trabajo. A 31 de marzo había en España un total de 750.538 personas cobrándolo. De esa cifra total, 515.184 personas (el 68,60%) tenían más de 50 años y 235.882 (31,4%) superaban los 60.
Andalucía es la CCAA que más se beneficia de las prestaciones por desempleo. En total, 488.737 trabajadores, el 27,34% del total nacional, perciben algún tipo de compensación
Hay muchas formas de percibir este subsidio: la más numerosa, haber cumplido más de 52 años: bajo esa modalidad se aglutinan 437.890 personas, casi seis de cada diez perceptores. La siguiente causa más utilizada es el agotamiento del periodo de prestación contributiva, a la que se habían acogido 149.787 personas, el 19,95% del total. La tercera, no haber cotizado el tiempo suficiente para poder percibir una prestación contributiva: 124.567 personas, el 16,59%. Pero hay más posibilidades de cobrarlo: ser emigrante retornado, haber salido de prisión, fijos discontinuos…
Andalucía es la comunidad autónoma que más se beneficia de las prestaciones por desempleo. En total, 488.737 trabajadores de esa región, el 27,34% del total nacional, percibían algún tipo de compensación económica: el 42,05%, en forma de prestación, y el 57,95%, como subsidio. La siguiente comunidad más beneficiada es Cataluña, aunque tiene menos de la mitad de perceptores: 233.813.
En el presente ejercicio, el subsidio por desempleo y la renta activa de inserción se han fijado en 480 euros mensuales. En el caso de las prestaciones contributivas y dependiendo del tiempo cotizado a la Seguridad Social, la horquilla va desde los 560-749 euros (en función de si el perceptor tiene hijos o no) hasta entre 1.225-1.575 euros para las máximas en función del numero de descendientes.
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