El Partido Popular y Ciudadanos empezaron el viernes por la tarde a negociar la investidura. Tras muchas idas y venidas, Mariano Rajoy aceptó finalmente las seis condiciones que fijó el partido naranja y puso fecha al debate: el 30 de agosto. Una vez firmado el pacto anticorrupción empieza a la negociación sobre otros temas y uno de los más importantes será, sin duda, el económico. Fátima Báñez y Álvaro Nadal lideran el área económica del equipo negociador del PP y Luis Garicano y Toni Roldán, el de Ciudadanos.
El techo de gasto y las líneas generales de los Presupuestos coparán sin duda gran parte de las negociaciones. El tiempo pasa y cada vez está más cerca el día límite para llevar las cuentas al Congreso: el 30 de septiembre. Lo primero será aprobar el límite de gasto no financiero y tramitarlo en las Cortes. Una vez aprobado, el Gobierno podrá dar luz verde al anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado y llevarlo a la Cámara Baja antes del 1 de octubre, como exige la Ley. Eso sí, siempre que la investidura salga adelante. Si Rajoy fracasa, habrá que prorrogar las cuentas de 2016.
Pero PP y Ciudadanos no hablarán solo de Presupuestos, el mercado laboral será sin duda uno de los grandes protagonistas del debate. Una de las medidas que puede acabar viendo la luz es la creación de un fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la conocida ‘mochila austríaca’. Los dos partidos incluyeron esta propuesta en sus programas para las últimas elecciones y el PP volvió a insistir en ella hace unas semanas cuando envió un documento al resto de partidos para buscar apoyos para la investidura.
Rebajar las cotizaciones y reducir la jornada laboral, dos cosas en las que están de acuerdo los dos partidos
En ese mismo documento, el partido de Rajoy se comprometía también a mejorar las políticas activas de empleo, a seguir impulsando rebajas en las cotizaciones para generar más puestos de trabajo y a mejorar la conciliación laboral. Ciudadanos comulga con todas estas medidas, así que también es posible que haya aproximaciones en este sentido. Por ejemplo, los dos partidos parecen coincidir en modificar la jornada laboral. La formación naranja es partidaria de igualar los horarios españoles con los del resto del mundo desarrollado y el PP ya dijo que estudiaría reducirla hasta las 18.00 horas.
En cuanto a las cotizaciones, el PP apostaba en su programa para el 26J por poner en marcha una exención para los primeros 500 euros de cotización durante cuatro años para nuevos contratos indefinidos y temporales que se conviertan en fijos. Ciudadanos, por su parte, es partidario de premiar a las empresas que despidan menos y penalizar a las que abusen del despido. Así, bonificaría las cotizaciones de las empresas que favorezcan el empleo estable.
El PP parece dispuesto a aceptar alguna de las premisas de Ciudadanos, pero en ningún caso derogará la reforma laboral. Tampoco parece probable que acepte una de las propuestas más características de la formación naranja: el contrato único. El partido de Mariano Rajoy nunca ha estado dispuesto a aceptar esta propuesta y no parece que ahora vaya a ceder tanto como para incluirla en el pacto de las dos formaciones.
Los impuestos, una negociación difícil
La negociación se puede complicar un poco cuando toque hablar de impuestos. Lo cierto es que los programas de PP y Ciudadanos coinciden en bastantes puntos en este aspecto, pero aquí manda Bruselas. El Gobierno tiene que presentar a la Comisión antes del día 15 de octubre el detalle del Presupuesto y las medidas que piensa adoptar en los próximos dos años para cumplir los objetivos de déficit. La situación de la recaudación complica la bajada de IRPF que defendían los dos en sus programas. Aunque puede que adopten la premisa del partido naranja, que se comprometía a hacer el cambio fiscal cuando España consiga dejar el déficit por debajo del 3%.
De hecho, lo más probable en este campo es que el Gobierno tenga que hacer alguna subida e impuestos, puesto que Bruselas le exige un ajuste estructural del déficit del 0,5% en 2017 y de la misma magnitud en 2018. Es decir, 10.000 millones en dos años. En sus recomendaciones, la Comisión ya sugería al Gobierno la posibilidad de hacer cambios en el IVA para elevar la recaudación. Bruselas siempre ha sido partidaria de pasar algunos productos que actualmente se gravan al tipo reducido o superreducido al tipo general.
El PP llevará una propuesta muy concreta: la fijación de un mínimo en el pago fraccionado de Sociedades que prometió a Bruselas
Y es aquí donde PP y Ciudadanos pueden tener más desencuentros. Ciudadanos no solo no es partidario de una subida de IVA, sino que lleva tiempo reclamando una rebaja del IVA cultural. Además, en su programa se comprometía a no crear nuevos impuestos. En el caso de Sociedades, Ciudadanos porponía hacer cambios para recaudar más sin subir los tipos, lo que le sitúa cerca de la recuperación del tipo mínimo y permanente en el pago de este impuesto que Luis de Guindos prometió a Bruselas para evitar la multa por el déficit.
También puede haber problemas con los impuestos menores. El partido naranja también es partidario de eliminar el Impuesto Matriculación y sustituirlo por un Impuesto a las emisiones potenciales de los vehículos para proteger la calidad del aire y combatir el cambio climático. Y también prometió cambios en Sucesiones y Donaciones para para que grave solo las herencias millonarias y se fijen los mismos mínimos y máximos para toda España, y en Patrimonio para que pase a ser de normativa y gestión estatal y que incluya los bienes en el exterior. No está claro que el PP quiera aceptar todas estas premisas.
Además, Ciudadanos quiere incluir algunas de las medidas incluidas en el pacto con el PSOE tras las elecciones de diciembre para hacer un guiño al partido de Pedro Sánchez. En cualquier caso, estos son algunos de los temas más urgentes y que posiblemente se tratarán esta semana, pero si Rajoy finalmente consigue gobernar tendrá que abordar otros cambios de gran envergadura que no pueden esperar, como la aplazada reforma de la financiación autonómica o un cambio en profundidad del sistema de pensiones. Éste último, probablemente, será el gran reto de la próxima legislatura.
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