Los caminos del Ministerio de Energía y de la CNMC se han vuelto a cruzar, pocas semanas después de que se deteriorara ostensiblemente la relación entre Álvaro Nadal y José María Marín-Quemada como consecuencia de la asunción de nuevas competencias sobre energía por parte del Gobierno. El organismo deberá pronunciarse próximamente sobre el borrador del polémico Real Decreto que regulará el cierre de las centrales de generación energética, que dentro del sector ha sido interpretado como una medida excesivamente proteccionista. La CNMC recibirá las alegaciones al proyecto legal hasta el próximo 18 de diciembre y, a partir de ahí, elaborará un informe que se prevé que esté listo para principios de enero y que ayudará al Ejecutivo a no sobrepasar ninguna línea roja.
Las compañías eléctricas están preparando una batería de alegaciones a este texto para tratar de enmendar los puntos que consideran que perjudicarán a sus negocios. Consideran que atenta contra sus intereses el hecho de que el Gobierno pueda prohibir el cierre de las centrales en caso de que esta decisión ponga en peligro el suministro, altere la factura de la luz o comprometa el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones.
El borrador contempla que, en el caso de que una compañía quiera deshacerse de una instalación de generación de electricidad y el Ejecutivo conceda luz verde, se convocará una subasta en la que los potenciales interesados partirían en una situación de ventaja con respecto a la compañía vendedora.
El regulador emitirá este informe después de recibir las alegaciones. No será vinculante, pero sí preceptivo, lo que marcará el camino a seguir al Ejecutivo para la elaboración del texto definitivo. Fuentes de la CNMC añaden que, en el caso de que Iberdrola oficialice su intención de cerrar sus centrales de carbón de Asturias y León, el regulador podría pronunciarse “desfavorablemente si observa que afectara al suministro o a la competencia”.
Fuerte polémica
Esta polémica entre las eléctricas y el Ejecutivo se inició el pasado 10 de noviembre, cuando Iberdrola anunció que cerraría las centrales de carbón de Lada y Velilla, las dos últimas que quedan en España, de forma que dejaba su cartera sin una sola planta de este tipo, en línea con su compromiso de incrementar su porcentaje de generación eléctrica libre de emisiones.
La respuesta del ministro Nadal apenas se hizo esperar. Tres días después (aunque bien podría decirse que fue al día siguiente puesto que la decisión de Iberdrola se hizo pública un viernes) remitió el Real Decreto a la CNMC para su consulta, pese a que pocos días antes había manifestado que no tenía prisa por tramitar la normativa.
El anuncio de Nadal coincidió con la intervención del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en la Cumbre del Clima, celebrada en Bonn, en la que señaló categóricamente que había llegado la hora de dejar las palabras y pasar a los hechos en lo que se refiere a lo relacionado con el cambio climático.
También se supo que la norma sería aplicada con carácter retroactivo, lo que afectaba a la petición de Iberdrola y de otras compañías que también se habían puesto en contacto con Energía para realizar peticiones similares respecto a diversas instalaciones energéticas.
Por su parte, José Bogas, consejero delegado de Endesa, también se pronunció sobre la polémica al asegurar en una conferencia con analistas que si el Gobierno obligaba a la compañía a mantener abiertas centrales que no son rentables tendría que ofrecerles una compensación. En su día, Nadal tuvo muy duras palabras en sede parlamentaria contra Enel, el accionista mayoritario de Endesa, cuando la eléctrica pública italiana manifestó su intención de no invertir en dos centrales térmicas de su participada española.
Conflicto de competencias
Este asunto llega a la CNMC en un momento en el que mantiene un conflicto abierto con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital como consecuencia del Real Decreto que desarrolla la estructura de este departamento gubernamental, que arrebata al regulador varias competencias sobre energía y telecomunicaciones.
El origen de este asunto se encuentra en 2013, cuando la CNMC asumió temporalmente una serie de competencias sobre energía que, por ley, le correspondían al Ejecutivo. El pasado 13 de octubre, Moncloa dio el visto bueno a un decreto que devolvía al Ministerio de Nadal varias funciones. En respuesta, la CNMC envió un requerimiento al Gobierno en el que solicitaba la nulidad del Real Decreto. Dentro del organismo, se considera que es el paso previo a la interposición de un contencioso ante el Tribunal Supremo, en el caso de que el Ejecutivo no dé marcha atrás.
Fuentes gubernamentales precisaron a Vozpópuli hace unos días que la norma aprobada el pasado 13 de octubre cumple con la legislación vigente de consumo energético interno y que, por tanto, cualquier recurso ante la justicia estaría injustificado. En la CNMC opinan lo contrario y recuerdan que dichas leyes vulneran supuestamente dos directivas europeas (Directiva 2009/72/CE y Directiva 2009/73/CE), lo que motivó que, en 2016, la Comisión Europea abriera un procedimiento de infracción contra España por no ceder al regulador determinadas competencias sobre la electricidad y el gas.
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