Un traje a medida. Los méritos que exige la convocatoria de la plaza de alta dirección que Patrimonio Nacional ha otorgado al marido de Nadia Calviño calcan su currículum. Las bases que exige la empresa pública que preside Ana de la Cueva, ex número dos de Calviño, replican las habilidades que Ignacio Manrique de Lara se atribuye.
El puesto para el que se le ha designado, coordinador de estrategia comercial y de márketing, es lo suficientemente amplio para que las aptitudes que Manrique de Lara pudieran acercarse a los requisitos que pide Patrimonio Nacional, pero llama la atención cómo la convocatoria de este puesto de nueva creación sigue los puntos de su currículum con frases y conceptos similares o idénticos.
La convocatoria se colgó en el portal de empleo público de Patrimonio Nacional el 21 de septiembre, pero, a diferencia del resto de procesos de contratación que pueden consultarse en el mismo periodo, no se ha proporcionado ningún detalle sobre los candidatos, los pasos que se seguían ni sobre sus calificaciones. No ha habido más información hasta que el lunes 5 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, se ha publicado la resolución por la que la presidenta de la empresa pública designa a Manrique de Lara para el puesto.
Sin embargo, los abogados del Estado a los que ha consultado Vozpópuli se inclinan por que se ha seguido un proceso que en principio no plantea ilegalidad, aunque pueda cuestionarse desde el punto de vista ético que se prepare un puesto de alta dirección con un sueldo bruto desde 84.000 euros a un año de las elecciones generales para el marido de la vicepresidenta primera del Gobierno en una empresa pública que dirige su ex número dos. Pero apuntan precisamente al traje a medida como el asunto a alegar en un recurso.
Y es que donde Patrimonio Nacional exige "poseer habilidades de liderazgo, así como dotes para la comunicación y negociación, planificación, determinación de prioridades, toma de decisiones, solución de conflictos y evaluación de la eficiencia y eficacia organizativas", el CV de Manrique de Lara que detalla en su perfil de Linkedin alega "habilidades organizativas", "liderazgo", "toma de decisiones" y "solución de conflictos".
En concreto, en su CV en inglés, Manrique de Lara esgrime "strong management skills: Delivery oriented, strong leadership, able to develop a vision and strategic plan. Very effective, hands-on and problem-solving person [...] successful and conflict-minimizing implementation of intensive reorganization projects"
Cuando se pide "haber tenido una trayectoria y experiencia significativas en el desempeño de puestos de responsabilidad en el ámbito de la dirección Comercial y del Márketing digital y en el desarrollo de acuerdos de colaboración entre empresas para el desarrollo de proyectos", el marido de Calviño alega "experiencia comercial y de Márketing digital en multinacionales líderes", con "acuerdos de colaboración".
A su vez, la convocatoria requiere "haber gestionado y puesto en marcha equipos comerciales y organizado estructuras de venta con resultados probados", y Manrique de Lara ofrece "experiencia comercial y en ventas" y se define como "organizador de ventas con resultados probados".
A lo que sigue en el formulario el mérito de "disponer de experiencia en la definición de estrategia de Márketing, especialmente de Márketing Digital, y haber trabajado con agencias para la realización de campañas incluyendo medios audiovisuales y reposicionamiento de marca", en lo que el perfil del marido de la vicepresidenta promete experiencia en "estrategias de márketing y márketing digital y proyectos", "lanzamiento de productos" y "reposicionamiento de multinacionales".
Y ante el requisito de "disponer de experiencia en la definición de estrategias que permitan la transformación digital de la actividad comercial", el marido de Calviño promete "implementación y definición exitosa de estrategias para la transformación digital".
Quienes hayan concurrido no conocen cuántos candidatos ha habido ni que calificaciones se les han otorgado. Pueden impugnar el proceso hasta el 5 de enero, todavía en periodo navideño, ante el Ministerio de Presidencia, de quien depende Patrimonio Nacional, momento en el que sí deberán tener acceso a todos los detalles, según explican las fuentes jurídicas consultadas, o ante los TSJ, con abogado, para lo que el plazo se extiende al 5 de febrero.
Recursos
En el orden contencioso cabe alegar que De la Cueva o la gerente, Mª Dolores Menéndez Company, ex alto cargo de Calviño que firma la convocatoria, han podido infringir la Ley de Altos Cargos, que les exige en su artículo 3 sometimiento al "interés general: servirán con objetividad a los intereses generales; integridad: actuarán con la debida diligencia y sin incurrir en riesgo de conflictos de intereses; objetividad: adoptarán sus decisiones al margen de cualquier factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares, o cualesquiera otras que puedan estar en colisión con este principio", y "transparencia y responsabilidad: adoptarán sus decisiones de forma transparente y serán responsables de las consecuencias derivadas de su adopción".
A esto se añade el artículo 11, sobre conflictos de intereses, que estipula que "los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades". Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar "pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional".
Se consideran intereses personales los familiares, incluyendo los de su cónyuge, los de las personas con quien tengan amistad íntima o los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional en los dos años anteriores al nombramiento, entre otros.
El proceso puede ser impugnado por una acción popular formada por personas que no hayan concurrido, pero las fuentes citadas le auguran poco recorrido salvo que lo promuevan los afectados. Y ven difícil que un recurso en lo contencioso prospere. Prevén mayor éxito por la vía penal, a una querella por prevaricación, por haber hecho un traje a medida a sabiendas, en la que los altos cargos deberían declarar ante el juez.
Los consejeros piden explicaciones
Dentro de la empresa pública, los consejeros de Patrimonio Nacional exigirán a la presidenta explicaciones. Según ha podido saber Vozpópuli, en el próximo consejo en enero pedirán que justifique una contratación que se les ha ocultado y que estaba prácticamente cerrada en el anterior cónclave del Consejo de Administración, en noviembre.
Se trata de un nombramiento de un puesto que depende del Consejo de Administración que se ha ocultado al propio órgano, como avanzaba este lunes El Mundo, y que ha causado especial malestar y alarma en el Consejo.
La aprobación de la selección ha correspondido a De la Cueva y se ha encargado el proceso a una comisión presidida por José Antonio Sánchez Quintanilla, director de Administración y Medios del Consejo y alto cargo del Ministerio de Presidencia, y formada por dos altos cargos del Ministerio de Cultura, Mercedes Roldán Sánchez, subdirectora General de Museos Estatales, y Paloma Flórez Plaza, jefa de desarrollo Estratégico, Comercial y Públicos del Museo Reina Sofía, y un tercero del Ministerio de Trabajo, María Concepción Romero Quintana, subdirectora Adjunta de Oficialía Mayor. Ha actuado como secretaria Leticia Ruiz Gómez, directora de Colecciones Reales.
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