Es la guerra. 65 patronales preparan una campaña de recursos masivos contra la reforma de la formación similar a la que se orquestó contra el céntimo sanitario. La idea es aprovechar la base de las 500.000 empresas que las respaldan para intentar inundar los tribunales de reclamaciones exigiendo los 4.000 millones de euros que, según sus cálculos, se han destinado en los últimos años a la formación de parados en lugar de a la formación de ocupados.
El recién bautizado como ‘céntimo de la formación’ es la principal arma que las organizaciones empresariales están afilando de cara a la batalla que les enfrenta con el Ministerio de Empleo a cuenta de la reforma de la formación.
El sistema de formación de ocupados se financia con 0,6 puntos de cotizaciones que aportan las empresas y 0,1 que ponen los trabajadores. En total, la partida asciende al entorno de los 1.800 millones de euros al año. Sin embargo, urgidos por la crisis y privados de fondos, el antiguo Inem y las Comunidades Autónomas se han ido apoderando de esos dineros para dedicarlos a los parados. De acuerdo con los cálculos de las organizaciones empresariales, de este modo la formación de ocupados ha perdido hasta 1.000 millones de euros anuales.
Los representantes empresariales comparten que se puedan brindar algunos fondos por solidaridad con los parados. Pero no quieren que se evaporen unos recursos que contribuyen a reforzar la productividad de las empresas y que también sirven para mantener parte de la arquitectura institucional y burocrática de las patronales. Es más, los miembros de la CEOE se sienten respaldados por varias sentencias del Constitucional que establecen que la cantidad aportada para la formación profesional es finalista, está vinculada a la gente ocupada y, por lo tanto, no puede ser destinada a otros menesteres distintos del de formar a trabajadores en activo.
El Real Decreto-ley de la Formación aprobado por el Ministerio de Fátima Báñez ha levantado en pie de guerra a la patronal. Aprovechando el ruido sobre la corrupción, la nueva legislación aparta a los agentes sociales de la gestión y el control del sistema. O lo que es lo mismo, el Estado podrá disponer de esos fondos a su conveniencia.
Sin embargo, en un documento al que ha tenido acceso Vozpópuli, estas organizaciones empresariales subrayan que la reforma dirigirá los recursos a las políticas activas de empleo, “justo el ámbito donde se han producido la mayoría de los casos de mala utilización de los fondos de formación durante estos últimos años, debido al descontrol y falta de medios de las Administraciones Públicas competentes”.
Para los empresarios, la reforma del sistema dificulta la formación de los trabajadores de las pequeñas empresas, que muchas veces pagan pero se quedan sin recibirla. Además, consideran que el nuevo esquema es muy burocrático y escolar, completamente desconectado de las realidades de las empresas. “Las necesidades de la formación han de ser definidas por las empresas y no por las AAPP”, sostienen.
Entre las organizaciones sectoriales de ámbito nacional que respaldan esta iniciativa se encuentran Comercio, Hostelería, Dependencia, Metal, Hoteles, Farmacéuticos, Panaderías, Floristas, Clínicas, Navieras, Cárnicas, Hierros o Papel. Respecto a las territoriales, el documento lo suscriben Ceuta, Cáceres, Barcelona, Canarias, Castilla y León, Baleares, Madrid o Galicia.
Todas exigen que se retire el RDL y han iniciado una campaña en el Congreso para que se enmiende la totalidad del proyecto. Alegan que hay hasta 50 dudas técnicas que en la actualidad están paralizando el funcionamiento de la formación para ocupados en toda España. Por ejemplo, ¿pueden contratar ellos mismos a los formadores?, ¿cómo funcionará la cofinanciación?, ¿qué ocurre si necesitan un curso que no está incluido en el catálogo?, ¿qué sucede cuando es uno de los trabajadores el que forma al resto?, ¿o qué ocurre cuando necesitas formar a un trabajador para una función que no es la que ocupa en la actualidad?
Según las fuentes consultadas, Empleo tan sólo se muestra dispuesto a introducir modificaciones técnicas. Las posturas parecen tan inamovibles que algunas patronales incluso defienden la necesidad de crear un sistema propio al margen de las Administraciones.
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