El Gobierno intenta quedarse con una parte de los fondos de formación que pertenecen a los ocupados para poderlos destinar a las políticas activas de empleo, es decir, la formación de parados.
Hasta siete sentencias de los tribunales establecen que los 0,7 puntos de cotización que aportan trabajadores y empresas se ha de utilizar exclusivamente en el reciclaje de ocupados y por lo tanto, han de ser gestionados por sus representantes, esto es, sindicatos y patronal.
Sin embargo, se calcula que aproximadamente la mitad de estos 1.900 millones se entregan sobre todo a las Comunidades Autónomas para que ellas impartan formación entre los desempleados.
A su vez, el Ejecutivo plantea que más de la mitad de los empleados nunca reciben formación en el trabajo y que el sistema no sirve tal y como está planteado. O dicho de otro modo, el Ministerio de Empleo va a aprovecharse de los escándalos relacionados con la formación para pasarle la factura a los agentes sociales, apropiándose de una parte de estos recursos. Se trata así de amortiguar el coste de las políticas activas de empleo en un momento de elevada constricción presupuestaria.
Sin embargo, esta idea no gusta a los agentes sociales. "Por iniciativa propia, los empresarios acordamos con los trabajadores que se elevasen las cotizaciones con el fin de destinar ese dinero a la instrucción de nuestros empleados e incrementar así la competitividad de las plantillas. Pero ahora nos los arrebatan. Si lo van a hacer a las bravas, mejor que supriman ese recargo de las cotizaciones después de haberlas subido tanto últimamente", afirman fuentes empresariales.
La secretaria de Estado de Empleo tiene el grifo del dinero de la formación congelado y no parece que vaya a dar su brazo a torcer en esta materia
¿Y cómo lo va a hacer Empleo para poder disponer de esos dineros? Según fuentes empresariales, el Ministerio que dirige Fátima Báñez trata de recoger los excedentes de los fondos de formación que las empresas no han gastado en el ejercicio y dedicar una parte de éstos a las políticas activas de empleo. La intención del Ministerio, según explican estas fuentes, consistiría en recolocar dichos remanentes en un fondo nuevo gestionado por el propio Gobierno a través de una nueva fundación que tiene prevista organizar.
Este giro del Ejecutivo no ha gustado demasiado a algunos miembros de la CEOE, que recriminan que la Secretaría de Estado de Empleo pretende pactar con ellos "una reforma de la formación con grietas por las que se puedan desviar fondos de la formación continua a los parados".
Sin embargo, varios miembros de la patronal consultados consideran que es necesario negociarlo abiertamente: "El Gobierno tendría que decir de forma clara cuál es el porcentaje que quiere que pongamos para pagar la formación de los parados y plasmarlo en su propuesta. Incluso estamos abiertos a pactar temporalmente una cifra", explican.
Más críticas a Empleo
Una de las grandes críticas que ha originado la gestión del Ministerio de Empleo durante la crisis reside en que a pesar del fuerte crecimiento del paro no se han incrementado de igual modo los fondos destinados a la reinserción de los parados en el mercado laboral. De hecho, la cantidad actual es mucho más baja que la que se destinaba en 2011, cuando la cifra de todas las políticas de empleo en su conjunto era superior a los 7.500 millones de euros frente a los 4.000 millones de este año. No en vano, España asigna unos 634 euros por parado frente a los 3.192 de la media europea. Una diferencia que el Ministerio podría limar añadiendo fondos de la formación continua a sus políticas activas de empleo.
"Si lo van a hacer a las bravas, mejor que supriman ese recargo de las cotizaciones tras haberlas subido tanto", afirman fuentes empresariales
Por supuesto, esta maniobra choca frontalmente con las aspiraciones de los agentes sociales, que de hecho ya han pactado un acuerdo bipartito y se lo han enviado al Gobierno la pasada semana. En este documento, sostienen que con dichos excedentes "se deberá constituir un fondo global de formación que deberá ser gestionado por entidades bipartitas constituidas por los interlocutores sociales".
Incluso existe una corriente en la CEOE que va más allá y estima que debería ser gestionado por "las organizaciones empresariales y sindicales más representativas cuando no se constituyan dichos entes o en los sectores sin convenio", según reza el documento de conclusiones que un grupo de patronales sectoriales hizo llegar hace dos semanas a la Comisión de Formación de la Confederación sita en la calle Diego de León.
Por su parte, CCOO incluso ha defendido que si le quitan la formación sean indemnizados pecuniariamente por todo lo invertido en esas estructuras, según sostienen fuentes conocedoras de las conversaciones con el Ministerio.
Sin embargo, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, tiene el grifo del dinero de la formación congelado y no parece que vaya a dar su brazo a torcer en esta materia a pesar del acuerdo que han alcanzado los agentes sociales. "Los sindicatos y patronal cederán lo que sea con tal de lograr los fondos de formación de este año, que el Ejecutivo todavía no ha librado y que los sindicatos y patronal necesitan desesperadamente para poder pagar sus facturas", comenta una fuente vinculada a la formación.
"Al final, se va a alcanzar un acuerdo en el que se respetará todo lo invertido por sindicatos y patronales en edificios, estructuras y plantillas. En el caso contrario, habría que echar a mucha gente. Sí que habrá más control, más exigencias de calidad y un cierto grado de competencia, pero los agentes sociales retendrán el grueso de la formación. A cambio, se firmará el pacto salarial que exigen en Europa y se comprará la paz social de cara a las elecciones", concluyen varias fuentes conocedoras de las relaciones Gobierno-agentes sociales.
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