Tras la euforia, llega la resaca. El decreto ley de la Generalitat que obliga a contratar los servicios de Uber y Caby con 15 minutos de antelación agradó a los taxistas barceloneses, que dieron por finalizada su huelga, e hizo que Cataluña sentará precedente. Pero también ha tenido sus daños colaterales. Uber y Cabify abandonan a sus consumidores catalanes, las empresas de VTC realizarán un ERE de miles de trabajadores y el Gobierno catalán se ha fracturado por la decisión.
Según explican a Vozpópuli fuentes del Gobierno de Cataluña, desde la Consejería de Economía, en manos de Pere Aragonès (ERC), no se ve claro 'el decretazo' de Damiá Calvet (PDeCat), consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat. “Pero en el Govern se respetan los compartimentos de cada mitad del gobierno de coalición”, matizan estas fuentes.
Un conflicto que quedó patente cuando la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) se posicionó en contra de la decisión que lideraba Calvet. El organismo de competencia catalán pertenece a la Consejería de Economía. "Hay un 'runrun' sobre este rifirrafe en la Generalitat", apuntan fuentes parlamentarias a Vozpópuli.
Desde el parlamento catalán abren la puerta a que sea la propia ACCO quien impugne el decreto. "No se entiende que un organismo que depende de la Generalitat vaya en contra de los intereses del propio Ejecutivo catalán", han apuntado.
Blindaje del Govern
La versión oficial que se da desde el Govern a este medio es que la decisión ha sido de mutuo acuerdo entre el PDeCAT y ERC. "Hay una sola posición del Gobierno y se ha aprobado de forma unánime", detallan desde el equipo de Damiá Calvet.
Las discrepancias, según detallan de manera interna, llegan porque las medallas recaen sobre Territori y las consecuencias sobre Economía. Es decir, los taxistas ven a Calvet como un héroe y Aragonès debe ahora hacer cuentas para poder afrontar las consecuencias, como por ejemplo, las indemnizaciones a las empresas involucradas.
Hay una sola posición del Gobierno y se ha aprobado de forma unánime"
En este sentido, destacan que de ninguna forma han cambiado de opinión con la salida de Uber y Cabify, junto con el anuncio del ERE de las empresas de VTC. "Si el Gobierno aprueba este decreto es porque se han tenido en cuenta estos factores", explican desde Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.
Por su parte, de manera oficial, ERC ha asegurado que no hay discrepancias por el decreto, señalando que se ha aprobado por unanimidad. "No nos constan" tales extremos, ha indicado la formación republicana a este diario. A otras formaciones tampoco les consta que haya una pelea interna, pero tampoco les "sorprendería".
Un asunto muy sensible
Los representantes políticos del Parlament detallan que el colectivo de taxistas en Barcelona es muy numeroso. Estas fuentes recuerdan que para la política catalana, no sólo están los 10.000 trabajadores que viven del taxi, sino que también "votan" sus familiares y amigos.
En este sentido, los partidos de la oposición prefieren trasladar la responsabilidad directamente a la Generalitat, que ha demostrado "una falta de gestión" al ceder al "chantaje" de estos autónomos y asalariados.
Estas fuentes han indicado que Uber y Cabify son muy necesarios para el Mobile World Congress de Barcelona, la feria tecnológica más importante de Europa y un reclamo para posicionar y promocionar a la Ciudad Condal como punta de lanza del sector. La imagen dada con la salida de Uber y Cabify a escala internacional es "muy negativa".
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