España tiene un reto con los peajes en las autovías. Pese al ruido político en la campaña, el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea ya es conocido entre las grandes concesionarias internacionales y empiezan a hacer sus números para competir por entrar en este negocio. Una de ellas es el Grupo Brisa, el principal operador de autopistas de Portugal.
Según explican fuentes del sector a Vozpópuli, representantes del Grupo Brisa visitaron recientemente Madrid para reunirse con representantes de la Administración y conocer de primera mano la actividad concesionaria del país. Un movimiento que se enmarcar dentro del plan de internacionalización de Brisa, como confiesan las mismas fuentes, y que tiene a España como primer objetivo.
El negocio que pretenden explotar es Vía Verde, su filial de cobro electrónico que controla cerca del 80% de las transacciones en las autopistas portuguesas. Los representantes de Vía Verde explicaron a la Administración las soluciones que pueden aportar al nuevo proceso de España en términos de pago de peajes, estacionamiento en la calle y fuera de la calle o abastecimiento de combustible.
El Grupo Brisa ha trasladado a este medio que prefiere “no hacer comentarios” sobre estos encuentros ni sobre la posibilidad de que entre en la batalla de las nuevas concesiones en España.
Brisa gestiona 1.628 kilómetros en Portugal repartidos en 17 autopistas, 6 carreteras nacionales y 6 rutas adicionales. Tiene seis concesiones (Brisa Concessão Rodoviária -BCR-, Atlantico, Litoral Oeste, Baixo Tejo, Brisal y Douro Litoral), con alrededor de 7,5 millones de usuarios al año.
España es un país estratégico tanto por cercanía como por las nuevas oportunidades que surgen con la posibles entrada de los peajes en sus autovías, aunque también explora otros mercados donde ya tiene una pequeña presencia como Estados Unidos.
Los dueños de Brisa son el gigante holandés de pensiones APG, el fondo coreano de pensiones NPS y la suiza Swiss Life Asset Managers. Tres firmas de inversión que hace tres años, a cambio de cerca de 3.000 millones de euros, compraron el 81% del mayor gestor de autopistas de Portugal.
Unos dueños que conocen el mercado de las autovías y autopistas en España. APG es el accionista mayoritario de Itínere, la operadora de siete autopistas en el norte de España. Una posición que reafirmó en 2022 y, si logra la entrada de Brisa en España, abriría un proceso de consolidación en el mercado.
¿Qué pasará con los peajes?
Como adelantaba este medio este jueves, el plan de los peajes en autovías está avanzado y los números están hechos por parte del Gobierno. No obstante, el Ministerio de Transportes explicaba a Vozpópuli que descartaron el pago por uso. “Hace meses, el Gobierno descartó aplicar el pago por uso en las autopistas que recoge el Plan de Recuperación puesto que no se dan las condiciones. De hecho, se eliminó del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible”, explican desde el organismo que lidera Raquel Sánchez, en respuesta a este medio. “Por otra parte, se están estudiando alternativas a la financiación que no pasen por el pago por uso y que cuenten con el necesario consenso”, añaden.
Es decir, el trabajo y los números están avanzados pero, al no darse las condiciones, el Gobierno busca una alternativa para contentar a Bruselas. El tema ha sido uno de los puntos calientes de la campaña de las recientes elecciones generales y promete serlo en la próxima legislatura. La oposición presionó a Pedro Sánchez para conocer los avances de esta reforma estructural comprometida con la Comisión Europea, para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Una medida ‘impopular’ sobre la que el presidente no quiso profundizar en el debate electoral.
Como informaba este medio, no sólo el Ejecutivo tiene claro el plan, también las propias empresas concesionarias. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), asociación que integra a firmas como ACS, Sacyr o Ferrovial, asegura que en función de las tarifas a implementar en la movilidad interurbana, la reforma proporcionará un superávit fiscal anual medio de entre 3.054 y 5.082 millones de euros al año con estos peajes.
Una cifra que surge de la reducción del gasto público de conservación de carreteras e incremento de los ingresos públicos asociados a la tarificación. Las empresas, tanto nacionales como internacionales, conocen estas cuentes y preparan todas sus armas para poder hacer negocio con este compromiso del Gobierno con Bruselas.
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