El equipo de Pedro Sánchez aún no ha cumplido un mes en el poder, pero ya se ha comprometido a elevar el gasto en unas magnitudes que parecen poco sostenibles, si tenemos en cuenta que España aún no ha salido del procedimiento de déficit excesivo y que tiene por delante una larga tarea para sanear sus cuentas. Sanidad para todos, supresión de copagos farmacéuticos, menos peajes, pensiones ligadas al IPC.. una serie de medidas que pueden costar más de 4.000 millones solo en 2019 y que pueden ser difíciles de asumir en un momento como el actual.
Sobre todo porque la regla de gasto impedirá que el límite de gasto no financiero suba por encima del 2,7%, así que si el Gobierno quiere hacer todo esto tendrá que ajustar por otra vía. El techo de gasto, la base que sirve para elaborar las cuentas del año siguiente, se tiene que enviar a Bruselas antes del 30 de junio, así que el Ejecutivo no puede tardar mucho en aprobarlo en Consejo de Ministros.
Una de las primeras medidas que ha anunciado el equipo de Sánchez ha sido el restablecimiento de la sanidad universal para todos los residentes en España. Y es que el PSOE quiere romper radicalmente con la reforma sanitaria que hizo el PP en 2012, centrada en la implantación del copago farmacéutico a los pensionistas y en limitar el turismo sanitario en España.
Copago farmacéutico
La eliminación del copago, según la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, supondrá un gasto extra para las comunidades autónomas de 400 millones de euros. Y perjudicaría a las farmacias, que se verían afectadas por mayores descuentos sin aumentar sus ingresos, ya que ese 4% procede ahora del bolsillo de los pacientes que, por su renta deben copagar. Además, cambiaría las reglas del Pacto firmado con Farmaindustria debido a que ese mayor gasto no se corresponde con un aumento de mercado.
La sanidad gratuita para todos los extranjeros, incluidos los inmigrantes sin papeles, puede costar al Gobierno cerca de 1.100 millones al año. Según publica El Economista, la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares costará 500 millones al año, si se toma el coste que tenía la atención sanitaria a los ciudadanos sin papeles en 2012. Y si extiende la tarjeta a todos los europeos residentes en España el este gasto subiría otros 600 millones al año.
En total, la derogación de la reforma sanitaria que hizo Ana Mato puede elevar el gasto en 1.500 millones solo en 2019. A esta cantidad habría que añadir los 450 millones que costará levantar los peajes a las autopistas cuya concesión finaliza este año y el que viene. Eso sí, el coste puede aumentar a 1.000 millones si se contempla toda la red española de pago de 2.550 kilómetros. Al menos así lo calcula la patronal de constructoras y concesionarias Seopan.
La derogación de la reforma de pensiones de 2013 y la vuelta al IPC, una de las medidas más caras
La factura total ya asciende a 2.000 millones, a pesar de que el Gobierno no lleva ni un mes en La Moncloa. Y, casi con toda seguridad, a esta cantidad habría que añadir el coste de volver a vincular las pensiones al IPC. Esta medida aún no se ha anunciado oficialmente, pero se da casi por hecho, tal y como van las negociaciones del Pacto de Toledo.
Lo cierto es que la Comisión se ha estancado de nuevo porque el PP ha pedido tiempo para afrontar su cambio de liderazgo, pero solo queda por acordar si el IPC se mantendrá también en épocas de crisis. La vuelta a la inflación como índice de referencia va a salir muy cara al Gobierno y a los que le sucedan. Al año, por lo menos, costará 2.000 millones, coste además que se irá consolidando en el sistema cada ejercicio y que crecerá como una bola de nieve.
Además, la factura anual será cada vez más alta porque el número de jubilados no parará de aumentar y porque los nuevos retirados tendrán derecho a pensiones más altas al haber tenido carreras de cotización más largas y con sueldos más elevados. Así que en 2019 el coste podría rondar los 2.000 millones, pero con toda probabilidad la cifra irá aumentando con el paso de los años.
Un informe de Fedea sostiene que derogar la reforma de 2013 por completo podría tener un coste medio anual durante las próximas cuatro décadas de tres puntos de PIB. Esto eso, 30.000 millones de euros de media cada ejercicio. En realidad el coste sería más bajo los primeros años e iría aumentando considerablemente con el paso del tiempo, lo que arroja una media de 30.000 millones al año durante décadas.
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