La pensión media de jubilación alcanzó por primera vez los 1.500 euros mensuales en febrero. Antes o después estaba previsto que ocurrira, después de la revalorización del 2,8% en las pensiones contributivas para compensar la inflación del 2024, tal y como marca la ley. Además, en términos anuales la pensión media ha aumentado un 4,4% por otros factores, como la jubilación de personas con derecho a pensiones más elevadas que los que ya están o salen del sistema (la cuantía media de las nuevas altas asciende a los 1.754 euros).
Con todo, la pensión media de jubilación, que en 2024 superó la barrera de los 20.000 euros anuales (1.450 euros mensuales en diciembre), rondará este año los 21.000 euros anuales (en 14 pagas). Este dato sólo tiene en cuenta las pensiones del sistema contributivo: 6,56 millones de pensiones por jubilación. Si se sumaran las nóminas de las Clases Pasivas, casi medio millón de antiguos funcionarios, la pensión media de jubilación sería superior: habría alcanzado los 21.000 euros ya en 2024.
Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de febrero correspondieron a pensiones de jubilación, con una factura total de 9.848 millones de euros, un 6,2% más que en febrero de 2024. Si se suman también las de viudedad, orfandad, incapacidad permanente, y en favor de familiares, la Seguridad Social ha destinado este mes la cifra récord de 13.456 millones de euros al pago de la nómina ordinaria de las pensiones contributivas. La pensión media total también está en máximos históricos: 1.307 euros mensuales.
La sostenibilidad del sistema de pensiones
La revalorización tiene un impacto económico para el bolsillo de los pensionistas, pero también para las arcas del Estado y para los trabajadores, que tienen que aportar más para mantener el sistema público de pensiones. El gasto total ya ha superado los 200.000 millones de euros anuales y se calcula que sólo con la revalorización de este año, sin tener en cuenta otros factores que también alimentan la factura, se añadirán más de 5.000 millones adicionales (unos 400 millones mensuales).
Para compensarlo, en 2025 ha comenzado a aplicarse la denominada 'cuota de solidaridad', una cotización adicional sobre los salarios más altos, aquellos que superen la base máxima (que queda fijada en los 59.000 euros anuales). El destope de las bases máximas de cotización y las cotizaciones por ingresos reales de los autónomos también incrementan la aportación al sistema. Y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una sobrecotización que se aplica a todos los trabajadores desde 2023, sube un 0,1% (hasta el 0,8%).
En cualquier caso, ni con estas medidas (que en el caso de la cuota de solidaridad y el MEI no generan mejoras en las futuras pensiones de los trabajadores) las cuentas salen, algo que tendrá que analizar y confirmar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el próximo mes de marzo, cuando publicará su primera evaluación sobre la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, el Real Decreto aprobado hace una semana, que incluye como ingresos a tener en cuenta las transferencias del Estado, podría alterar el resultado.
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