Las casi diez millones de pensiones contributivas subirán el próximo año cerca de un 8%, en base a la inflación media con la que finalizará este año (desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022). Esta revalorización tendrá un coste 'extra' para las arcas públicas de unos 12.000 millones, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que parte de la base de que cada punto adicional de IPC supone un sobrecoste de 1.500 millones de euros.
Al subir todas en el mismo porcentaje (8%), serán las pensiones más altas las que más gasto adicional supongan. En concreto, la mitad del coste extraordinario que supondrá revalorizar todas las pensiones contributivas un 8% se irá en el 25% que representan las más altas, aquellas de más de 18.900 euros al año.
Unos cálculos realizados por el economista Juan F. Jimeno, quien concluye que de los 12.000 millones de coste total; 5.900 millones se destinarán al cuartil de pensiones más elevadas (es decir, la mitad del coste). Además, si se tienen en cuenta todas las pensiones que están por encima de la mediana (más de 11.550 euros al año), éstas se llevarán tres cuartas partes del coste.
De esta forma, sólo un 25% será para las pensiones más bajas, de menos de 11.550 euros al año, que suponen la mitad de la totalidad de las pensiones. En concreto, subir un 8% las pensiones de menos de 9.500 euros anuales, que representan una tercera parte del total, tendrá un coste aproximado de 1.600 millones (un 13% del total). A estas se suman aquellas de entre 9.500 y 11.550 euros (que representan un 18% del total), también con un coste de 1.550 millones (apenas otro 13% de los 12.000 millones).
La revalorización conforme al IPC medio del año previo, aprobada el pasado diciembre en la primera parte de la reforma ideada por el ministro José Luis Escrivá, afectará previsiblemente a las 9,94 millones de pensiones contributivas que había en vigor a 1 de julio, de las que 6,25 millones son de jubilación, 2,35 millones de viudedad, 952.000 de incapacidad permanente, 343.000 de orfandad, y casi 44.500 en favor de familiares.
La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social asciende, según el último mes de julio, a 10.846 millones de euros. Para el conjunto del año hay presupuestado un gasto en estas pensiones de 149.996 millones (más los 17.911 millones de las clases pasivas y 2.587 millones de las no contributivas) a los que habría que sumar la revalorización que aplicará el Ejecutivo el próximo año para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo.
Las pensiones subirán el triple que los salarios
Esta revalorización está recogida, por ley, en la reforma laboral y el Gobierno se niega a dar marcha atrás, pese a ser una de las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) para seguir comprando deuda española. "Es absolutamente irrevocable que las pensiones subirán con el IPC en cualquier escenario", aseguraba recientemente en una entrevista el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Sin embargo, esta situación contrasta con la de los trabajadores, que están actualizando los convenios colectivos que marcan la evolución de sus salarios y las variaciones en las remuneraciones están siendo muy moderadas. Mientras el Gobierno subirá las pensiones cerca de un 8% en 2023, el millón de trabajadores que ha firmado un convenio este año han pactado, de media, una subida del 2,8%.
Es decir, que salvo que cuenten con cláusulas de garantía salarial que les permitan revisar sus sueldos conforme a la inflación, sus salarios se revalorizarán por debajo del 3% durante el próximo trienio. En este contexto, los sindicatos exigen subidas salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y amenazan con intensificar las movilizaciones el próximo otoño, para el que las expectativas económicas tampoco son halagüeñas.
El Banco de España (BdE) lleva meses reclamando un esfuerzo conjunto de empresas, trabajadores y también pensionistas para evitar grandes subidas que provoquen una espiral inflacionista. En este sentido, ya en el mes de mayo propuso que solo las pensiones más bajas se actualicen en base al IPC, mientras que el resto asume unas pérdidas junto a trabajadores privados y públicos en el pacto de rentas que todavía no se ha alcanzado.
Por su parte, la Comisión Europea (CE) asume de momento que el Gobierno no va a hacer ajustes en su reforma de las pensiones y sigue desembolsando fondos europeos. Bruselas ha advertido de que la reforma no es sostenible pero acepta la maniobra de hechos consumados de Escrivá: a pasar de estar ya en vigor, no la analizará hasta dentro de un año, a las puertas de las elecciones generales.
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