La factura de las pensiones ha acelerado su expansión en los últimos años. Sin contar las dos pagas extraordinarias, entre enero y junio se han gastado casi 72.000 millones de euros, una cuantía muy similar a la que resulta de sumar todas las nóminas del año 2008.
A lo largo de aquel año se pagaron 8,39 millones de pensiones a 7,64 millones de pensionistas, lo que tuvo un coste de 72.464 millones de euros (84.533 millones si se cuentan las 'extras' de junio y diciembre), según los datos de Seguridad Social.
El número de pensiones y de pensionistas ha crecido alrededor de un 20% desde entonces, hasta los 10,04 millones y 9,09 millones, respectivamente. Sin embargo, el gasto se ha elevado un 100% respecto a aquel momento, con una factura de 71.703 millones hasta junio (83.399 millones contando la 'extra' abonada en junio).
Es decir, que el presupuesto de todo un año antes de la crisis financiera sólo vale hoy para pagar seis meses. O dicho de otra forma, la Seguridad Social gasta ahora en pensiones contributivas el doble que hace 15 años.
Además del incremento constante del número de pensionistas, en esto ha tenido mucho que ver la revalorización constante de las pensiones (especialmente la última, al vincular las pensiones con el IPC del 2022, año de inflación récord del 8,4%) y el efecto sustitución (los nuevos pensionistas que entran al sistema tienen derecho a pensiones más elevadas que los que salen).
Ahora la pensión media del sistema asciende a 1.195 euros mensuales, mientras que en 2008 estaba en los 720 euros. Es decir, que ha crecido un 66%, según los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad Social. Con la última revalorización, la pensión máxima ha superado ya los 3.000 euros mensuales.
El 'tsunami' que viene
El problema es que la factura amenaza con elevarse aún más en las próximas décadas, aquí sí, por el importante incremento en el número de pensionistas que se espera con la jubilación de los baby boomers. Se prevé que la cifra alcance los 15 millones de pensionistas en 2047.
A esto se suma que la tasa de reemplazo de España (en qué grado el sistema de pensiones sustituye el salario que tenía la persona cuando aún era trabajador) es elevada, próxima al 80%, respecto a la media de la OCDE (62%). Todos estos factores aumentan progresivamente la factura y amenazan con desbordar el presupuesto.
Hasta 2017, la Seguridad Social mantuvo durante décadas sus niveles de deuda estables, en torno a los 17.000 millones. En ese año el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy se encontró sin dinero suficiente en el Fondo de Reserva (conocido como 'la hucha de las pensiones') para pagar la paga extra de verano a los pensionistas.
Fue entonces cuando la Seguridad Social recibió el primer préstamo del Estado, que se sucedió de muchos otros para poder afrontar el creciente coste de las pensiones. La deuda de la Seguridad Social superó en noviembre por primera vez los 100.000 millones de euros y va ya por los 106.00 millones. Es decir, que se ha multiplicado por seis respecto a 2017.
La reforma de las pensiones aprobada por el actual Gobierno, ideada por el ministro José Luis Escrivá, pretende aumentar esa hucha hasta los 130.000 millones de euros en 2043 a través de la subida de las cotizaciones a los trabajadores (Mecanismo de Equidad Intergeneracional). Pero, como la AIReF prevé que los gastos sigan superando a los ingresos, para llegar a ese ahorro se seguirá engrosando la deuda.
Hasta este momento el déficit de la Seguridad Social se sitúa en torno al 0,5%, pero la AIReF cree que la reforma lo hará crecer. Además, esta cifra está 'dopada' por las transferencias que realiza el Estado desde 2021 por los denominados "gastos impropios", que suponen alrededor de 20.000 millones. En definitiva, se pasa el déficit de la Seguridad Social a las cuentas del Estado, que también sufren desequilibrios.
Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la OCDE. En términos absolutos, hay un margen de mejora de 60.000 millones de euros, calculan los expertos.
Un 'tsunami' económico y social sobre el que la Comisión Europea ha puesto el foco, reclamando una reforma de pensiones que haga el sistema sostenible, con un equilibrio entre ingresos y gastos. Está pendiente que la evalúe una vez España solicite el próximo pago de 10.000 millones de fondos europeos. El Gobierno planea solicitarlo cuando esté ya en funciones, tras el 23-J.
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