Días después de que el Gobierno haya presentado su Plan de Recuperación para acceder a los fondos europeos, que incluye pinceladas de la futura reforma de las pensiones, el Banco de España ha advertido de que si no se toman medidas adicionales más contundentes, la Seguridad Social se instalará en una situación de déficit crónico.
Así lo ha advertido el director de Economía y Estadística del supervisor, Óscar Arce, quien ha explicado este lunes que para no incurrir en déficit crónico habría que recortar las pensiones considerablemente en los próximos 30 años -en los que se irá jubilando la numerosa generación del babyboom- o bien habría que pedir una contribución mayor a trabajadores y empresas.
"Si quisiéramos mantener en el año 2050 la misma tasa de beneficio o generosidad que tenemos ahora, tendríamos que aumentar en 8 puntos porcentuales el tipo efectivo de las cotizaciones sociales", lo que significa que el pago mensual que hacen los trabajadores y sobre todo las empresas a la Seguridad Social tendría que pasar del 28,3% actual (23,6% lo paga la empresa y 4,7% el trabajador) al 36,3%.
En caso de que el Gobierno no quisiera aumentar estas cuotas, que ya están en niveles superiores a la media de la Unión Europea (UE), "para no incurrir en déficit crónico tendríamos que reducir de forma significativa la tasa de generosidad de las pensiones", advierte Arce, en alusión a un recorte de la tasa de sustitución (el porcentaje del último sueldo que representa la pensión pública).
Incluso si la tasa de empleo pasa del 48% al 80%, harían falta medidas adicionales para mantener la generosidad de las pensiones"
Además de aumentar ocho puntos las cotizaciones sociales, que son la principal fuente de financiación de la Seguridad Social, el Banco de España asume en esta previsión que se conseguiría en el futuro una tasa de empleo del 80%, muy superior a la actual, del 48,52% según la última Encuesta de Población Activa (EPA) relativa a cierre de 2020.
Si España tuviera una tasa de empleo del 80%, ésta sería una de las más altas del mundo, pero incluso en ese caso en el que tantos trabajadores contribuyeran con sus cotizaciones a las arcas del sistema, sería necesario incrementar los tipos efectivos para poder mantener la generosidad actual del sistema.
Trabas a la reforma de pensiones del ministro Escrivá
En el Plan que van a enviar a Bruselas, el Gobierno no incluye medidas ni de recorte directo de las pensiones ni de aumento de la recaudación, sino que se centra en medidas para intentar alargar las vidas laborales, modificar las cotizaciones de los autónomos (esto aumentará los ingresos pero también la pensión pública que cobrarán estos trabajadores), eximir a la Seguridad Social de algunos gastos que asume actualmente y fomentar sistemas de ahorro complementarios a la pensión pública.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tenía intención de modificar el sistema de revalorización de las pensiones, para indexarlas al IPC pero que se descontarán las ganancias de poder adquisitivo en los años siguientes a los ejercicios en los que la inflación fuera negativa. La propuesta, sin embargo, ha sido tumbada por los agentes sociales, que están poniendo pegas a cualquier avance en la reforma.
Su poca disposición a que se apliquen medidas que en la práctica supongan recortes de pensiones, así como la presión que ejercen los propios socios de Gobierno de Podemos, ha llevado al ministro a posponer la negociación de algunos de los asuntos más polémicos, como la introducción de un factor generacional que tenga en cuenta la longevidad en el cálculo de la pensión y que en la práctica supondría una bajada de la pensión pública.
"Escrivá lleva años estudiando los cambios que necesitaría el sistema de pensiones", admitía este lunes la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, en alusión a todos los estudios que preparó cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Ya entonces conocía todos los cambios y avances que había que hacer en las reformas paramétricas del año 2011 para avanzar en la sostenibilidad y suficiencia del sistema (como por ejemplo ampliar el periodo de cómputo de la vida laboral para calcular la pensión), el problema es que tiene las manos atadas por las críticas que suscita cualquier movimiento: por parte de otros partidos, de los agentes sociales, de la opinión pública y de una masa de pensionistas que cada vez suponen un porcentaje mayor de votantes.
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