El Gobierno eleva el golpe en cotizaciones sociales a 60.000 millones de euros para contentar a la Comisión Europea, el doble de lo que estaba previsto y en vigor desde enero. Propone que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), el que debe garantizar que la subida de las pensiones con el IPC sea sostenible y que Bruselas cuestionaba, se eleve de una subida de 0,6 puntos a 1,2 puntos, según trasladan fuentes de la negociación.
La subida operará desde 2024 a razón de una décima al año para que alcance los 0,6 puntos en 2029. El MEI consistía en una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2032, que será una cotización adicional finalista para alimentar al fondo de reserva. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego el ministro José Luis Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre de 2021, cuando la cerró, teniendo en cuenta la rentabilidad histórica del Fondo de Reserva. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó en enero de 2022 el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas.
De los 1,2 puntos que ahora plantea el Gobierno, a las empresas les recae 1 punto y a los trabajadores 0,2, lo que supone un montante de cerca de 50.000 millones que deberán cubrir las primeras.
Esta subida ha sido ya duramente contestada por la patronal, pero no ha estado en el foco de sindicatos ni socios del Gobierno, que en principio la ven con buenos ojos.
Frontal oposición" a la reforma de CEOE: "El sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas"
La CEOE ha mostrado su "frontal oposición" a la reforma de pensiones: "El sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo", alerta en un comunicado.
El Gobierno ha cerrado con Bruselas y Unidas Podemos un acuerdo sobre la reforma de las pensiones que este viernes presenta a los agentes sociales en una reunión convocada a las 12.30 horas en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En uno de los momentos de más tensión en el seno del Ejecutivo de coalición por la ley del sí es sí, PSOE y Podemos consiguieron cerrar a última hora de este jueves un acuerdo para esta segunda fase de la reforma comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación tras revalorizar las pensiones con el IPC, modificar el Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA) para que coticen por sus ingresos reales e impulsar los planes de pensiones de empleo.
Los morados han aceptado la propuesta de Escrivá sobre el principal escollo de la negociación, el aumento del cómputo, que la pensión se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años.
En lo que respecta a los ingresos del sistema, Inclusión propone aumentar lo que cotizan los salarios más elevados, ahora exentos desde los 4.500 euros mensuales brutos y gravar con un recargo temporal el tramo superior de los salarios más elevados que ahora no cotizan. Esto se acompaña de un aumento de la pensión máxima, de una subida de las pensiones mínimas y con contributivas, además de medidas para compensar la brecha de género.
El acuerdo ha sido celebrado a primera hora de este viernes por la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en Twitter.
También ha confirmado su apoyo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que en otro tuit poco después ha asegurado que la nueva fórmula protege a las pensiones más bajas. Díaz fue crítica con las propuestas anteriores de Escrivá.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este viernes que la reforma es fruto de una "intensa negociación con la Comisión Europea".
Esta segunda pata, centrada en el aumento de los ingresos de la Seguridad Social y en la suficiencia de pensiones para los trabajadores con carreras laborales más volátiles, es uno de los hitos vinculados al cuarto desembolso de los fondos europeos y debía haberse aprobado el 31 de diciembre. De él penden 10.000 millones del cuarto pago del fondo anticrisis que España aún no ha solicitado.
El Ministerio de Inclusión asegura haber estado negociando a tres bandas (con Bruselas, con las fuerzas políticas y con los agentes sociales) para ultimar una reforma que el propio ministro José Luis Escrivá calificó hace unos días de "inminente". Fuentes de la negociación trasladan que ésta se reactivó hace una semana después de estar parada desde principios de diciembre con agentes sociales y grupos parlamentarios, mientras se negociaba con Bruselas.
Puede aprobarse el 22 de marzo
Este jueves, Escrivá desvelaba que el acuerdo con Bruselas estaba prácticamente hecho. Ni socios del Gobierno ni agentes sociales sabían nada de la reforma hasta hace pocos días, con Escrivá centrado en la Comisión Europea desde febrero.
Tras el sí de Bruselas y Podemos, la reforma de las pensiones se va a analizar con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. Los sindicatos habían pedido a Escrivá que antes de presentarles su propuesta de reforma se asegurara de que ésta iba a tener suficiente apoyo parlamentario para su aprobación.
Los sindicatos han planteado esta mañana que lo que han leído les sonaba bien, a la espera de lo que opinen sus bases. La reforma podría aprobarse el martes 22 de marzo como Real Decreto-ley.
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