La reforma de las pensiones que el Ministerio de Seguridad Social está negociando con los agentes sociales pondrá fin a la famosa "paguilla" que el Gobierno se veía obligado a abonar a los pensionistas a final de año, cuando se comprobaba que la inflación del ejercicio había sido superior a la que se había utilizado para revalorizar las pensiones.
Ahora, si los cambios salen adelante, las pensiones se revalorizarán anualmente teniendo en cuenta el IPC del último ejercicio (por ejemplo, en diciembre de 2021 se decidiría revalorizar las pensiones de cara a 2020 con el IPC medio registrado a lo largo de 2021), en vez de utilizar la previsión de inflación que maneja el Gobierno en su cuadro macroeconómico, que es el sistema que se ha utilizado en los dos últimos años.
Esta fórmula -calcular el IPC del año siguiente y subir las pensiones en consonancia- ha provocado en los años 2019 y 2020 un aumento del gasto público innecesario, por valor de 3.300 millones de euros, ya que en ambos ejercicios finalmente la inflación fue muy inferior a lo que había previsto el Ejecutivo, así que la subida de las pensiones debería haber sido también más reducida o incluso nula.
Esto sucedía porque no existía una manera de compensar esa ganancia de poder adquisitivo que habían tenido los pensionistas, mientras que sí había un mecanismo para compensarles cuando se les subía la pensión menos de lo que aumentaba la inflación: la famosa "paguilla".
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social han confirmado a Vozpópuli que con el nuevo mecanismo no existiría esa compensación: "con la fórmula que tiene más consenso en el diálogo social (utilizar el IPC del año anterior) no se podría dar esa desviación. Nunca habría desviación, así que no habría paguilla".
Si el IPC de 2021 fuera por ejemplo del 1%, las pensiones subirían un 1% a partir del 1 de enero de 2022. Si finalmente la inflación media del año 2022 fuera del 2%, las pensiones de 2023 subirían un 2%, con lo que no habría que hacer una compensación y la equiparación del poder adquisitivo se produciría con decalaje.
El primer paquete de la reforma de pensiones
El cambio de la fórmula para revalorizar las pensiones saldrá adelante en el primer paquete de reformas, en el que se incluirán los cambios que el ministro José Luis Escrivá ha conseguido sacar adelante en el diálogo social.
También se cambiará la cláusula de la jubilación forzosa, que se moverá a los 68 años en vez de a los 65, incentivos para que las empresas mantengan a trabajadores de más edad, y un rediseño de los coeficientes que penalizan las jubilaciones anticipadas. Esto último es el elemento central de la reforma y el que generará un mayor ahorro para la Seguridad Social.
El Ministerio también está preparando la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para conseguir que los autónomos coticen por ingresos reales -lo que en la práctica supondría aumentar las cuotas que pagan mensualmente y que en el futuro reciban prestaciones más altas-, y a la vez incrementar la recaudación de la Seguridad Social.
Para más adelante quedará la definición del nuevo factor de sostenibilidad, que pretende que se tenga en cuenta la esperanza de vida al calcular las pensiones y que suscita más polémica entre los agentes sociales.
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